Marinaleda quieren que sea el próximo objetivo. Y de nuevo, el PSOE andaluz de por medio. Todopoderoso en la comunidad autónoma, ahora le toca a Susana Díaz ejecutar, desde la Junta de Andalucía principalmente, todo lo que le dictan los poderes ocultos. La misma persona que en 2014 puso el primer obstáculo a la política de vivienda que estaba llevando a cabo la consejería que controlaba IU. La misma que, después de conseguir que se aprobaran los presupuestos para 2015, se inventó excusas peregrinas para romper el pacto de gobierno. La misma que ha sido la cabeza en su propio partido para evitar un pacto de gobierno de izquierdas en el ámbito estatal, facilitando el actual del PP. Son sólo unos ejemplos.Ahora ha salido lo de Marinaleda. Un pueblo resistente. Y muy digno. La excusa: la finca El Humoso. Anteriormente había sido un latifundio de casi 1.200 ha. perteneciente al duque del Infantado, pero que desde 1991 fue expropiado por la Junta de Andalucía y cedida al ayuntamiento. No fue un regalo. Fue el fruto de años de luchas colectivas, con ocupaciones sucesivas, que llevaron al gobierno andaluz a ceder para que la cosa no se fuera de las manos.
Desde entonces no se ha dejado de llevar a cabo una explotación comunitaria del suelo y de los recursos generados, dando trabajo seguro y digno a cientos de familias. Como ha explicado Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde del pueblo, "hemos creado mucho empleo y hemos invertido 16 millones de euros en los goteos para el agua, la almazara de aceite, la industria agroalimentaria, en llevar a cabo mejoras en el cortijo…".
Un mal ejemplo para el sistema y sus capataces, que sólo entienden de propiedad y gestión capitalista. Desde la consejería de Agricultura, haciendo uso de la ley de reordenación del sector público de 2011, se pretende que el ayuntamiento compre la finca. Y desde éste se le ha contestado que lo principal no es la titularidad, sino el uso y la forma cómo se hace: "un bien productor de alimentos y no algo para comercializar y con lo que especular". Y buscando enfangar más el caso, se habla de una deuda con la Junta de Andalucía por el uso de la finca y se amenaza con el fin de las ayudas de la UE.
Sánchez Gordillo lo tiene claro: "Si la Junta quiere desalojarnos, antes tendrá que meter en la cárcel a todo el pueblo".
