A finales de noviembre dediqué una entrada ("Rector plagiador") al caso de Fernando Suárez, rector de la Universidad Juan Carlos I, denunciado en un primer momento por haber plagiado descaradamente varios trabajos realizados por otras personas. Me he seguido informando y lo que se iba publicando no sólo incidía en las denuncias, apuntando a su propia carrera académica, como la tesis doctoral y la promoción jerárquica, sino a una trama de corrupción que abarcaba a más personas.
Acabo de leer un artículo demoledor en Cuarto Poder titulado "¿Qué hacer con el 'caso rector Suárez'?", y firmado por Sebastián Martín y Bartolomé Clavero. Ambos, profesores universitarios y precisamente de la especialidad del señor Suárez, la Historia del Derecho. Repito: demoledor. Son tan categóricos en los argumentos y tan rotundos en las palabras, que abren en canal un problema gravísimo, que afecta, según mi parecer, a la credibilidad del sistema universitario español, en primer lugar, y al propio sistema político, en segundo lugar. He añadido esto último porque creo que lo expuesto por Martín y Clavero, sin decirlo tan taxativamente, sí lo expresan en la argumentación. Pero vayamos al grano.
Lo evidente
Empiezan diciendo que el caso que nos ocupa "ha puesto de manifiesto insuficiencias y debilidades de los mecanismos necesarios para defenderse frente a malas prácticas características del ámbito de la enseñanza y la investigación superiores, no decimos que imperantes en el mundo universitario". Consideran que para defender a Suárez o evitar que pueda ser investigado, se ha abusado "de principios como el de la presunción de inocencia y el de la autonomía universitaria".
Sobre lo primero, la presunción de inocencia, consideran como "un auténtico despropósito" hacerlo valer, dado que hay "evidencias contrastadas de malas prácticas, puestas de manifiesto por medios periodísticos y difundidas por redes sociales". Tales evidencias son, por tanto, "hechos manifiestos (...) socialmente probados", sin menoscabo de lo que pueda posteriormente decidir la justicia sobre sus consecuencias. Y de una manera sucinta exponen las evidencias/hechos manifiestos/pruebas convincentes que concurren: "no es que [Fernando Suárez] haya cometido algunos plagios; es que ha construido su carrera sobre la base de la falsedad y el fraude. Asistido por un equipo de paniaguados, ha elevado sobre unos cimientos de depredación de obras ajenas, un currículum académico que le ha permitido graduarse como doctor y acceder a cátedra universitaria como camino, además, hacia el rectorado". Tremendo.
La trama de corrupción
A continuación se refieren ya no al caso particular del señor Suárez, sino a una trama de corrupción, perfectamente trazada y puesta en práctica con eficacia, donde están involucradas personas e instituciones, lo que agrava aún más el caso. Aun cuando no sepamos todavía "los nombres de quienes han perpetrado las obras plagiarias suscritas por el rector, sí se conoce la identidad de aquellos que han organizado la operación".
El primero que se menciona, que califican de "principal agente", es Luis Suárez, padre de Fernando, catedrático ya jubilado y presidente en su momento de la Fundación Francisco Franco. El segundo, calificado de "más eficaz, por tener cierto control del escalafón al que pertenece la cátedra del rector", es José Antonio Escudero, también catedrático jubilado y también franquista. Y el tercero, Rogelio Pérez Bustamante, catedrático en trance de jubilación, del que se dice que su posición es la "de coordinación de plagios". Son, por tanto, personas que se merecen también el "entredicho social", por ser quienes han promocionado al señor Suárez en la función pública y pueden haber cometido "actos de prevaricación, al proponerlo sabedores de que no reunía los méritos requeridos". También, añaden, serían quienes incluso "han conspirado para prevaricar intercambiando favores a varias bandas para otras promociones en universidades y en reales academias".
Y aquí viene uno de los grandes problemas, porque, dada naturaleza penal del caso, para poder profundizar en lo ocurrido debe entrar en escena la "acción de la justicia que ha de operar con completa independencia del entredicho social". Y no sólo, también deben entrar en escena "las administraciones públicas, la del Estado, la de la Comunidad Autónoma de Madrid y la propia Universidad Rey Juan Carlos".
Los delitos
Entrando de lleno en las situaciones que pueden conllevar delitos, la primera donde consideran que se puede intervenir es sobre el ingreso y promoción en la función pública "en base a méritos falsos" por parte del señor Suárez. Eso conllevaría que se pudieran revisar "los actos administrativos de sus sucesivas acreditaciones". Basándose en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podría actuar de oficio, sin menoscabo de garantías, hasta que se iniciara la intervención por vía judicial sobre "las presuntas conductas delictivas que se hayan podido apreciar".
La prevaricación sería la segunda situación. Aunque es difícil de probar, dada su naturaleza, pues "requiere la conciencia de actuar injustamente", Martín y Clavero consideran que "se cuenta en todo caso con bastantes indicios". Y aquí salen a colación los nombres de Rogelio Pérez Bustamante, presidente del tribunal que evaluó la tesis del señor Suarez, y José Antonio Escudero, presidente del tribunal que le habilitó como catedrático. El primero, además, el autor más plagiado en la tesis, y el segundo, "el muñidor de los votos que formaron la mayoría necesaria al efecto".
Aun con ello Martín y Clavero son rotundos cuando dicen que "la exclusión de la vía penal puede y debe discutirse, diga lo que diga la interpretación predominante, poco sensible, del Código Penal". ¿Por qué? Así lo razonan: "¿No hay ánimo de beneficio económico cuando Suárez debe al plagio el sueldo de profesor y los suplementos de investigación y del cargo como rector, emolumentos todos devengados del presupuesto público? ¿No ha habido perjuicio de tercero cuando se ha estorbado el acceso a cátedra a personas capacitadas promocionándose la incompetencia en el ámbito de la enseñanza pública? El perjuicio no sólo se produce a plagiados y desplazados, plagiadas y desplazadas. Y en el haber del beneficio propio no se menosprecie la explotación política del capital social logrado desde una posición académica ilícitamente alcanzada".
En cuanto al tráfico de influencias, se dispone de claros indicios en el caso del señor Suárez, dada la connivencia interesada existente con las administraciones, tanto central como regional, existiendo "base para la intervención del fiscal y, por ende, de la justicia".
Por último, se menciona una quinta situación que puede conllevar un nuevo delito: el de omisión del deber de perseguir los delitos, "que también figura en el Código [Penal] entre los que se cometen contra la Administración pública". Y aquí involucran no sólo a agentes académicos, sino también políticos. Por ello consideran un despropósito que "se refugien en la ocurrencia de que carecen de competencias, porque la autonomía constitucional de la Universidad implica que el rector sólo responde ante la comunidad universitaria y sus órganos corporativos".
La pasividad de las instituciones
En un caso tan grave, que afecta no sólo a una persona, Martín y Clavero denuncian "la pasividad o la contención inexplicables de las instituciones, tanto de la política y de la justicia como del propio mundo universitario".
Uno de los problemas deriva de una variable de gran peso: el Partido Popular. Precisamente el partido que tiene la responsabilidad en los niveles administrativos central y autonómico, donde está inscrito el caso del señor Suárez. El que no haya reaccionado, siendo algo que les compete, guarda relación con unas, al menos, malas prácticas donde, al menos, gente del entorno del partido está involucrado. Pero para no dejar la responsabilidad sólo en el PP, Martín y Clavero critican la falta de iniciativa en la Asamblea de Madrid, que sí puede intervenir dada la relación económica existente entre la Comunidad y la Universidad Rey Juan Carlos.
Resulta evidente que implícitamente están apuntando a un mundo donde puede que haya muchas más cosas y más casos turbios. Existen silencios cómplices. ¡Ay, las universidades españolas!
