Un 2015 con esperanza

Dicen que la esperanza debe ser lo último que se pierda. Estoy de acuerdo. Y para los tiempos que corren, por supuesto. Me ha venido a la memoria una canción de Silvio Rodríguez, "Venga la esperanza", que parece que cuadra a la perfección. En un día como hoy, extiendo el deseo para quien lo acepte. 

Venga la esperanza,

pase por aquí.

Venga de cuarenta,

venga de dos mil.

Venga la esperanza

de cualquier color:

verde, roja o negra,

pero con amor.

(Silvio Rodríguez)

(Fotografía: Pintura de René Portocarrero)

Los rescoldos del fascismo en España

Dos meses ha tardado el gobierno en contestar a una pregunta parlamentaria de Sabino Cuadra, diputado de Amaiur, sobre la financiación de la repatriación de restos de miembros de la División Azul. Ese tiempo para decir que, en efecto, el ministerio de Defensa se está haciendo cargo de dichos gastos. Un gobierno, el del PP, que, sin embargo, lleva dos años sin gastarse un euro en financiar a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de víctimas del franquismo. El fascismo fue derrotado en 1945 en Europa, no así en España. Sus herederos, en este país, lo tienen muy claro. Se sienten tan fuertes, que hasta en esto no dudan en seguir humillando a quienes sus ancestros masacraron. Parece evidente que existen muertes de primera y muertes de segunda. Y, lo peor, que el fascismo mantiene rescoldos.

El FMI amenaza a Grecia

El FMI ha reaccionado pronto y con contundencia al anuncio de elecciones por parte de Antonis Samaras: congelar la ayuda a Grecia. El fracaso parlamentario del conservador Nueva Democracia para elegir al nuevo presidente del país ha sido aparentemente el motivo de ese adelanto. En el fondo, la excusa. Porque la convocatoria urgente de comicios no es más que el intento -desesperado, ante el creciente impopularidad- para encontrar los apoyos que necesita para legitimarse en el gobierno. Y el FMI, en primer lugar, ha reaccionado para echarle una mano y como sabe hacerlo: amenazando. Porque es una amenaza contra la posibilidad de que en ese país haya un gobierno de izquierda. Los sondeos han sido claros a la hora de reflejar el deslizamiento de la opinión pública hacia la izquierda y, en especial, hacia Syriza, que, hasta ahora, se sitúa como primera fuerza en intención de voto. Si hace dos años y medio triunfó el miedo, propiciando la victoria de Nueva Democracia y el posterior acuerdo de gobierno con el PASOK, ahora se está repitiendo el mismo esquema: paralizar a la gente para que no proteste y obedezca. Y esto sólo ha sido el primer paso dado desde las alturas de las troika.

La derrota política de la izquierda en la Transición. Buscando una explicaciòn

Actualmente estamos en los albores de un nuevo tiempo político, sin que sepamos cómo va a desenvolverse el futuro. Antaño, con la crisis del franquismo y el inicio de la Transición, supuso una derrota política de la izquierda, aun cuando una  parte de ella acabó integrándose en el marco político que surgió y que ha existido a lo largo unas tres décadas. Sus fundamentos están ahora en crisis y está por ver qué va a ocurrir. Es cierto que los años de la Transición salíamos de la dictadura y había mucho miedo. Ya no servían sus instituciones políticas, impropias en un mundo occidental europeo que las había erradicado. Pero los pilares sobre los que se ha sustentado el modelo político que le siguió se están resquebrajando. Hay, no obstante, una coincidencia entre el ayer y el hoy: el trasfondo de profundas crisis económicas y sociales. En su momento se resolvió en España a través de la integración plena en el mundo occidental, donde se estaba iniciando la construcción del modelo neoliberal. Éste, sin embargo, está en plena crisis, cuya salida, por ahora, se está centrando en un ahondamiento en los resortes que buscan acabar con lo que en su momento se denominó estado del bienestar. 

Hace unos años realicé un trabajo, cuyo título es De la lucha política clandestina a la legalidad. El Partido del Trabajo de España y la Joven Guardia Roja en Salamanca (1974-1980). No ha sido publicado, aunque sí es conocido por varios amigos, antiguos militantes de ambas organizaciones durante los últimos años del franquismo y la Transición. Para dicho trabajo escribí una introducción que ahondara en el contexto más amplio de esos años, aunque finalmente la deseché. Ahora la publico en este cuaderno, tal cual quedó en 2009. Dispone de un amplio apartado bibliográfico, lo que aporta una base documental al contenido que no debe despreciarse. 


La izquierda durante la Transición.
En busca de una explicación de la derrota política


El resultado final de la lucha de la izquierda y dentro de ella la llamada radical durante la Transición fue una derrota política, aunque se pueden hacer algunas aclaraciones o matizaciones. Una de ellas es no incluir el caso del País Vasco, donde la izquierda radical en su vertiente nacionalista, en lo que se ha acabado denominando como izquierda abertzale, ha llegado y mantenido unos niveles de representación electoral e influencia político-social bastante superiores al resto de los grupos. Pero teniendo en cuenta que la mayor parte de la izquierda radical actuaba en el ámbito del conjunto del estado, que sus resultados electorales fueron escasos y que su influencia social fue bastante limitada, su derrota política fue evidente. Nos preguntamos ahora cuáles fueron las causas, y si éstas lo fueron por sus propios errores, por unas circunstancias políticas y sociales poco propicias o por ambas cosas a la vez.

Los cambios sociales y económicos desde  los años sesenta

Se ha escrito mucho que para comprender la Transición hay tener en cuenta como elemento central los cambios profundos que la sociedad española había conocido desde finales de la década de los cincuenta [1], tras el giro radical dado en la política económica del gobierno con las medidas estabilizadoras, la apertura al exterior y la aplicación de los planes de desarrollo. Lo cierto es que los cambios económicos y sociales de la década de los 60 crearon las condiciones para que la mentalidad de la población también cambiara. El proceso de industrialización y urbanización, el descenso de la población agraria, la aparición de una nueva clase obrera, la extensión en número de las clases medias, el aumento del nivel cultural de la población, la nueva incorporación de  la mujer al trabajo extradoméstico, la menor presencia de la religión y una mayor secularización de la vida cotidiana, el contacto con otras culturas y costumbres a través de los medios de comunicación, de la llegada de turistas o de la salida al extranjero de estudiantes y emigrantes, entre otros factores, fueron creando un clima social más proclive a  la necesidad de la libertad y la tolerancia como base de las relaciones humanas tanto en los ámbitos público como privado. Paralelamente los fundamentos ideológicos y las instituciones del régimen fueron quedando como elementos caducos, especialmente entre los sectores de población más jóvenes, que fueron mostrando una actitud creciente de rebeldía  tanto en lo político como en el modo de vida.

Estos cambios en la estructura social, y más concretamente la ampliación de los estratos sociales intermedios, son aspectos que ya fueron resaltados desde el régimen franquista. Los ideólogos del tardofranquismo asociaron el régimen con  una tarea modernizadora pendiente desde el siglo XVIII [2]  y el propio Franco llegó a decir que su mejor monumento fue la clase media española [3]. Este hecho, concretado en el nacimiento de una sociedad civil en disposición de exigir un nuevo modelo de organización y relaciones entre los diversos agentes sociales, ha servido de base dentro del campo de la sociología y la ciencia política para explicar el comportamiento moderado de la mayor parte de la población española durante los años de la Transición, y con ello  el fracaso de las opciones políticas más extremas. Una moderación que afectó también a buena parte de la clase obrera surgida en el proceso de industrialización de los 60, pese a la existencia de un gran dinamismo movilizador en su seno  y la radicalidad de algunos sectores.

La información que aportaron esas dos nacientes disciplinas académicas en las universidades españolas fue una fuente muy útil para el conocimiento de la sociedad española, algo que fue inteligentemente utilizado durante esos años desde algunos círculos del poder, especialmente los vinculados al entorno de Adolfo Suárez[4]. El diseño y la aplicación de una serie de medidas políticas desde el verano de 1976, tendentes a imprimir un ritmo mayor en el proceso de reforma del régimen,  tuvieron como culminación lo que se ha venido a llamar, indistintamente, como ruptura pactada o reforma pactada.

Tras la primera fase de la reforma, celebradas las elecciones de 1977 y aprobada la Constitución de 1978, fueron saliendo a la luz diversos trabajos en torno a la cultura y las actitudes políticas de la sociedad [5], cuyas conclusiones  sirvieron de base para justificar la estrategia política del PSOE en los años siguientes.

Todas estas explicaciones, que se pueden incluir, con todos los matices que se quieran, dentro de la corriente funcionalista [6], menosprecian, sin embargo, otros factores de diversa índole, pero que no debemos dejar al lado. Teniendo en cuenta que hasta ahora se ha hecho una disección de los grupos de extrema izquierda a través de sus planteamientos políticos, sus formas organizativas, su estilo de trabajo y sus objetivos, nos corresponde ahora ver cómo fueron percibidos esos grupos por la sociedad de su tiempo y dentro de ella por los grupos sociales a los que se dirigió preferentemente.

La acción represiva y manipuladora del estado

De principios de 1977 data un informe elaborado en el seno de la Presidencia del Gobierno acerca de la oportunidad de la legalización del PCE [7]. Se hizo en uno de los momentos clave de la transición, cuando la iniciativa de la lucha política entre los sectores reformistas del régimen y la oposición rupturista ya se había decantado en favor de los primeros. Acababa de producirse el referéndum para la reforma, con resultados favorables al gobierno, tras el cual la mayor parte de los grupos políticos fue buscando ya de una manera  abierta la forma de situarse en una situación de salida lo más ventajosa posible de cara a la futura confrontación electoral. En el informe antes aludido, que apostaba por la legalización del PCE, se argumentaba sobre todo en términos de oportunidad política, basados fundamentalmente en el hecho de que dicho partido iba a resultar más manejable dentro que fuera del sistema. Se ha llegado a decir, también en esa dirección de oportunidad política, que Suárez buscaba dividir el voto de la izquierda, teniendo en cuenta que unas elecciones sin el PCE tendería a desviar y concentrar los votos hacia el PSOE [8].  Siguiendo  con el informe, en uno de los puntos, el 6º concretamente, se puede leer: “[la legalización] deslindaría al PC de otros grupos más a la izquierda que conviene claramente excluir”. Si a ello se le une que dichos grupos no fueron legalizados hasta después de las elecciones de junio o que en el mismo mes de enero, tras la semana negra entre los días 23 y 28  (matanza de Atocha, secuestros de Oriol y Villaescusa, muertes de dos manifestantes y de tres policías), una de las respuestas  del gobierno fue ordenar redadas contra numerosos militantes de grupos de la izquierda radical, se puede deducir que a éstos se les prestaba atención.

El proceso de moderación que el PCE llevaba desarrollando desde años atrás, causa de críticas y hasta de escisiones en su seno, tuvo su punto culminante en el momento en que estamos aludiendo. Los contactos que Adolfo Suárez estaba desarrollando con los líderes de varios partidos y los tanteos para entrevistarse con Santiago Carrillo fructificaron en el encuentro de principios de 1977, donde ambos políticos escenificaron en secreto un pacto político, al parecer implícito [9],  de hondo calado: la legalización del PCE a cambio de la aceptación de la monarquía. El gobierno de Suárez cerraba el círculo de la reforma. Un gobierno que representaba el intento más atrevido por controlar el proceso tras el fracaso del gobierno de Arias Navarro un año antes. Atraer, para integrar, al PCE era una oportunidad política, como se desprendía del informe de Presidencia en su primer punto: “Completaría el espectro político y daría una visión más real del pluralismo de opciones”.

Y de paso, se puede añadir, se contribuía a mantener separados a los distintos grupos de izquierda, comunistas o no. Era importante evitar que pudieran actuar unidos tanto en el terreno propiamente político como en el de los distintos sectores sociales y ciudadanos, fundamentalmente el sindical, que en su conjunto habían protagonizado crecientes movilizaciones durante los últimos años.

Pero conviene profundizar más en lo que pretendemos. En el informe Foessa 1978 [10] aparecen unos datos de 1976 acerca de la autoubicación político-ideológica de la población española. Teniendo en cuenta el momento en que se hizo la encuesta, todavía sin libertades, los resultados reflejaban ese condicionante, aun cuando nos puedan servir de referencia para poder valorar cuáles eran las actitudes políticas en la población española.  La media era de 5’64 (en una escala de 1 a 10, de izquierda a derecha), es decir, dentro del centro político, lo que situaba a nuestro país, grosso modo, en los niveles de buena parte de los países europeos occidentales. Por territorios la situación variaba según la estructura de su economía. Así, en el País Vasco-Navarra y Barcelona, que eran las zonas industriales que aparecían en el estudio, la media era, respectivamente, de  4’79 y 4’86, es decir, en los niveles de los países europeos situados más a la izquierda: Italia (4’69) y Francia (5’05). Por el contrario, las dos Castillas, regiones donde tenía un mayor peso el sector primario y donde había una tradición política conservadora, se encontraban claramente escoradas a la derecha.

Gráfico 1

Autoubicación político-ideológica en España a mediados de los 70

Fuente: Informe Foessa 1978.

El reparto por tendencias resultaba, sin embargo, diferente. En España es donde se alcanzaba el mayor nivel de la opción del centro político, con casi el 50%, mientras que en la mayoría de los países aludidos rondaba la tercera parte. Las posiciones de izquierda eran escogidas por un 22% de las personas encuestadas en nuestro país, el nivel más bajo de todos y lejos de  Italia (43%),  Francia (41%),   Bélgica (36%) o Gran Bretaña (35%), que tenían los más altos. Dentro de España de nuevo se volvían a percibir importantes diferencias territoriales. Mientras que en el País Vasco-Navarra y Barcelona casi un 40% de las personas se autoubicaba en la izquierda, en niveles un poco por debajo de Italia y Francia, y similares a Bélgica y Gran Bretaña, en Castilla la Vieja, por el contrario, no llegaban al 20% las personas que se declaraban de izquierda. En Castilla la Nueva sólo lo hacía un 9%.

Gráfico 2

Reparto de la autoubicación político-ideológica en España a mediados de los 70

Fuente: Informe Foessa 1978.

        

Ya dentro del campo de la izquierda, y deslindando a ésta en dos grados, los resultados siguen estando en la línea de las anteriores variables, si bien con un peso menor de la extrema izquierda. En las provincias industrializadas esta opción era elegida en torno al 10%, como en los Países Bajos y Bélgica, pero quedando por debajo de Gran Bretaña y Francia, cercanas al 16%, y de Italia, donde se llegaba al 18%. 

Gráfico 3

Autoubicación político-ideológica de la izquierda en España a mediados de  los 70

Fuente: Informe Foessa 1978.

          

Los resultados de las elecciones de 1977 y 1979 en gran medida reflejaron mediante el voto las opciones que se han apuntado. El triunfo global de las opciones moderadas, situadas en torno al centro político y que representaban UCD, los grupos nacionalistas de derecha y el propio PSOE, sumaron alrededor del 70% de los votos en las dos elecciones; en sus flancos, la izquierda, que podía representar el PCE/PSUC, obtuvo un peso menor: 9’4% y 10’8% en cada elección; y la derecha, el  8’8% y 6’1%; en los extremos los apoyos electorales fueron escasos:  en la izquierda, del 2’2% y 5’8%; y en la derecha, del 1% y 2’5% [11].

Si pormenorizamos los resultados por regiones y provincias, seleccionando las que habían aparecido en el Informe Foessa 1978 y añadiendo otras cinco donde la presencia de la izquierda era relevante, podemos constatar que los grupos de extrema izquierda consiguieron importantes apoyos en Navarra y el País Vasco, si bien con predominio de los grupos nacionalistas. En el caso del País Vasco en 1979 el principal aporte a la subida provino de HB, que se presentó por primera vez en esas elecciones. Los grupos de ámbito estatal tuvieron unos resultados más modestos, siendo mejores en 1979. Se puede constatar, así mismo, que allí donde la extrema izquierda obtuvo mejores resultados, el PCE se situó por debajo de sus resultados medios (País Vasco y Navarra). También que en algunos sitios la  izquierda radical llegó a horadar el electorado del PCE (en 1979 el PTE obtuvo en Zaragoza el 4’7%, en Sevilla el 4% y en Cádiz el 3’2%). Por último, la mejora general que hubo en 1979 tanto en los grupos de extrema izquierda como en el PCE/PSUC se puede explicar por los mayores apoyos que la izquierda obtuvo de la gente joven,  precisamente cuando se acababa de  establecer el derecho de voto a los 18 años.

Cuadro 1

Resultados de la izquierda en las elecciones generales de  1977 y 1979 (%)

	Extrema  izquierda		PCE/PSUC		PSOE/PSP*		Otros socialistas		Extr. iz.+ PCE/PSUC		Total izquierda
	1977	1979	1977	1979	1977	1979	1977	1979	1977	1979	1977	1979
País Vasco	8	25,9	4,5	4,6	28,4	19	4,2	0,5	12,5	30,3	45,1	49,8
Navarra	17,7	15,3**	2,4	2,2	23,8	21,9	-	-	20,1	17,5	43,9	39,4
Barcelona	1,6***	4,5	19,9	19	32,3	30,3	-	1,3	26,3**	23,5	58,6	55,1
Castilla y León	1,1	2,8	3,7	4,9	27,2	25,6	-	0,6	4,8	7,7	32	33,9
Castilla-La Mancha	0,6	1,4	7,3	9,8	32,3	34,6	-	0,6	7,9	11,2	40,2	46,4
Madrid	1,7	4,8	10,7	13,4	40,8	33,3	-	0,6	12,4	18,2	53,2	52,1
Valencia	2,3	4,5	9,8	13,5	41	36,6	3	1,1	12,1	18	56,1	55,7
Sevilla	3	5,4	13,4	16	41,5	29,4	-	15,2	16,4	21,4	57,9	68
Zaragoza	2,4	7,2	5,2	8	36,2	26,8	2,8	5	7,4	15,2	47,4	47
Asturias	0,7	3,3	10,5	13,7	38,8	37,3	-	0,6	11,2	17	50	54,9
Total España	2,2***	5,8	9,3	10,8	33,8	30,4	1,2	3	12,3	16,6	47,5	51,5

Fuente: elaboración propia desde Ministerio del Interior y HES n. 2.

*Los dos partidos se presentaron por separado en 1977; el PSP lo hizo en algunos sitios en coalición con otros grupos, como el PSA en Andalucía;  1979 lo hicieron como PSOE.

**No se ha contabilizado el 8,3% del PTE, EE, ESEI y  PNV, que formaron la coalición Nacionalistas Vascos.

***No se han contabilizado los votos de la coalición Esquerra de Catalunya-Front de Esquerres, formada por ERC y PTE,  que obtuvo el 4,77% de los votos en Barcelona; la aportación de los votos de esa coalición a los del conjunto del estado fue del 0,79%.

Los resultados electorales de 1977 y 1979 fueron una gran decepción para los grupos comunistas, desde el propio PCE/PSUC [12] hasta los de extrema izquierda. En el primer caso, porque abrigaba ser el principal partido de la izquierda desde la legitimidad de haber sido la principal fuerza resistente al franquismo y su vinculación con las luchas, como ocurrió en Italia y Francia tras la Segunda Guerra Mundial, donde los partidos comunistas respectivos se convirtieron en la fuerza hegemónica de la izquierda y con amplios apoyos electorales. Sólo el PSUC pudo obtener globalmente resultados aceptables, con el 18’3% y el 17’4% de los votos en cada elección, pero siempre por debajo del PSC/PSOE. Por provincias los mejores resultados los obtuvo en Barcelona (18’9/19), Córdoba (16’5/19’1), Tarragona (16’4/14’2) y Sevilla (13’4/16). Por debajo estuvieron las otras provincias donde también obtuvieron representantes en el Congreso: Madrid (10’7/13’5), Asturias (10’5/13’7), Málaga (11’7/12’8), Valencia (9’8/13’5), Cádiz (10’1/10’6), Alicante (9’2/11’2) y Jaén (9’5/12’9).

Las elecciones municipales de abril se convirtieron en nuevo test para los grupos de izquierda y en mayor medida para los diversos grupos comunistas, cuyos resultados habían sido para cada uno desiguales según las circunscripciones y los municipios. En el nuevo ámbito de confrontación electoral se podía medir mejor la influencia  política que tenían. Por un lado, por ser el ámbito más próximo a la ciudadanía; y por otro, porque podían reflejarse de una manera más fidedigna los apoyos en los lugares donde estaban más  enraizados. Los resultados fueron bastante buenos para el conjunto de los grupos de izquierda, desde la más moderada hasta la más radical. Los grupos comunistas tuvieron incrementos absolutos y relativos importantes: el PCE tuvo casi un 18% de subida relativa; y en el caso del PTE y la ORT, que estas elecciones municipales dieron los primeros pasos en el proceso de unificación [13], la subida relativa alcanzó casi la tercera de sus votos, obteniendo además representación en numerosos municipios, en algunos de los cuales llegaron a alcanzar la alcaldía.

Cuadro 2

Resultados de los partidos de izquierda en las elecciones de 1979 (en %)

	Generales 79	Municipales 79	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
PSOE	30’4	27’9	-2’5	-9’2
PCE	10’8	12’7	+1’9	+17’6
PTE/ORT	1’9	2’5	+0’6	+31’6
HB (P.Vasco/Navarra)	15/8’9	15’6/11’1	+0’6/+2’2	+4/+24’7
EE (País Vasco)	8	6’2	-1’8	-22’5

Fuente: Ministerio del Interior

Aun con todo lo dicho hasta ahora, cabe seguir preguntándonos el porqué de unos resultados tan exiguos para la izquierda radical de ámbito estatal y por debajo de lo esperado para el PCE/PSUC. ¿Eran previsibles? Pongamos un ejemplo relacionado con Valladolid, una capital que en los momentos finales del franquismo y durante la Transición conoció situaciones convulsas en los medios fabriles, universitarios y ciudadanos. Según un informe elaborado por el Gobierno Civil en 1975 acerca de la sensibilidad política de la población [14], distinguiendo el centro y los barrios de la ciudad, los datos eran los siguientes:

Cuadro 3

Sensibilidad política en Valladolid capital en 1975 (%)

	Centro	Barrios
Extrema derecha	10	5
Derecha y centro-derecha	50	35
Izquierda y centro-izquierda	35	50
Extrema izquierda	5	10

Fuente: María del Rosario Díez Abad (2005)

        

Al margen del grado de fiabilidad, resultaba evidente que existía preocupación en las autoridades de entonces, cuando todavía vivía Franco, por la orientación política de la población. El informe resulta clarificador en cuanto al peso global de la izquierda, con unos previsibles apoyos que oscilaban entre el 40% en la zona centro y el 60% en los barrios, estos últimos, además, más populosos. La extrema izquierda oscilaba entre el 5% y el 10%, a lo que no eran ajenos los movimientos  obrero, vecinal y estudiantil que en esa ciudad castellana habían alcanzado una gran relevancia [15] y eco en la opinión pública [16].

Eran unos datos que  adelantaban sólo parcialmente el mapa electoral de la ciudad en los años siguientes. En las  elecciones de 1977  los resultados fueron muy exiguos para la extrema izquierda (1,9%), bastante modestos para el conjunto de grupos comunistas (9,2%) y por debajo de la derecha la suma de todos los grupos de izquierda (48,2%). En las elecciones de 1979 mejoraron algo los resultados de los grupos comunistas: 13,9% en total, de los que el 4,4% eran de la extrema izquierda y el 9,2% del PCE. Pero la izquierda en su conjunto (47,9%) siguió quedando por debajo de la derecha.

Muy distinta fue la situación en las municipales, con una izquierda globalmente muy superior  en votos  (58,2%) sobre la derecha (41,8%). Dentro de la izquierda el PCE obtuvo un 13,1% y los grupos de extrema izquierda, el 5,3%, lo que sumaba un 18,4%. Sin profundizar en las causas de ese cambio, la derecha perdió un considerable número de votos, un hecho directamente relacionado con la abstención [17].

Cuadro 4

Elecciones en Valladolid capital de 1977 y 1979 (%)

	Generales 1977*	Generales 1979*	Municipales 1979**
Extrema derecha	2’3	3’4	-
Total derecha	51’3	50’7	41’8
Total izquierda	48’2	47’9	58’2
PCE	7’3	9’3	13’1
Extrema izquierda	1’9	4’6	5’3
PCE + extrema izquierda	9’2	13’9	18’4

* Datos del Ministerio del Interior.

** Avance de Resultados (Ministerio del Interior).

No eran datos extrapolables a todos los lugares del resto del país. Seguramente estarían lejos del resto de las poblaciones de la provincia vallisoletana, sobre todo las más alejadas del área de influencia de la capital, y de las otras provincias castellanas, donde prevalecía una orientación política de derecha [18]. Pero también posiblemente  esos datos podrían ser más parecidos a los de las áreas industrializadas del país. Si Valladolid destacó, como hemos dicho, por ser una de las ciudades más activas y conflictivas contra el régimen durante esos años, hubo otras zonas donde esa conflictividad tuvo una mayor intensidad y hasta una mayor amplitud que la de la propia capital castellana. Fue el caso del conjunto del País Vasco o de provincias como Asturias, Barcelona, Madrid, Sevilla, Córdoba, Navarra, Málaga, etc.

Xavier Domènech [19] ha estudiado la dimensión política del movimiento huelguístico y vecinal de esas zonas en el primer semestre de 1976, matizando que no era el de todo el país, pero resaltando que sí era el de importantes zonas neurálgicas. Se trataba de un movimiento de clara naturaleza rupturista, que fue capaz de acabar con el gobierno de Arias Navarro y obligó a su sucesor a incluir en su agenda política unas medidas más atrevidas, como el primer decreto de amnistía de julio, la legalización de partidos políticos o el proyecto de reforma. Estas tres iniciativas se plasmaron en el segundo semestre del año, lo que llevaron, junto al mayor protagonismo de los grupos de oposición moderada y una mayor moderación del PCE, a una salida negociada y con ella el mantenimiento de parte de las estructuras del régimen (su personal político, las instituciones represivas y, por supuesto, la monarquía).

Durante esos meses se dio en España el mayor y más variado movimiento reivindicativo habido durante el franquismo y la Transición. Confluyeron los conflictos de carácter social como las huelgas de la clase obrera, las  reivindicaciones vecinales, las protestas y huelgas estudiantiles, y hasta  las movilizaciones en el campo de pequeños agricultores y ganaderos y de jornaleros. A ellos habría que unir los conflictos propiamente políticos, tanto los generales (amnistía, libertad, etc.) como los de carácter nacionalista y autonomista, con mayor intensidad en Cataluña y el País Vasco. No faltaron las acciones armadas que desarrollaban las dos ramas de ETA y en menor medida el incipiente GRAPO. Todos esos conflictos, especialmente los dos primeros tipos, actuaron conjuntamente, aunque la mayor o menor coincidencia influyó en su amplitud.

La razón de que el movimiento huelguístico de la clase obrera no se extendiera más, habría que buscarla en otro tipo de factores. Además de lo antes dicho sobre el papel de los reformistas más atrevidos, con Suárez a la cabeza, y los grupos más moderados de la oposición, incluyendo en ellos al PSOE, no podemos olvidar, de un lado, el papel que jugaron los gobiernos de otros países y determinadas organizaciones internacionales, y, de otro, la acción ejercida desde el estado, tanto en su vertiente represiva como en la confección de las normas electorales. Todos estos factores, en su conjunto, coadyuvaron al resultado final. Un resultado inicialmente imprevisible, pero que se fue definiendo a lo largo del proceso complejo. Aun con todo, como ha señalado el propio Doménech, el resultado final de “empate técnico” entre las dos partes contendientes tuvo un alcance que superó a las intenciones iniciales de los sectores reformistas del régimen, consecuencia de las movilizaciones desarrolladas durante esos años y especialmente las de los primeros meses de 1976. 

Uno de los factores a los que nos hemos referido fue el de la fuerte represión sufrida por quienes protagonizaron las numerosas y variadas movilizaciones. La matanza de Vitoria marcó uno de los puntos culminantes, pero sólo la represión en 1976 alcanzó una crudeza inusitada con al menos 18 muertes referidas únicamente a huelguistas y manifestantes [20], a lo que habría que unir numerosas personas heridas y torturadas [21], y un incontable número de detenciones y otro tipo de violencias. No faltó la militarización de algunos servicios públicos [22]. Hubo zonas fuertemente castigadas, en especial el País Vasco y Navarra (8 y 4 de las muertes, respectivamente), pero también Madrid, Barcelona, Alicante, Canarias y varias provincias andaluzas. La célebre frase “la calle es mía” del ministro de Gobernación, Manuel Fraga, ilustra la medida de su proyecto de reforma. Por otra parte, una estrategia política basada en la movilización generalizada de la población resultaba enormemente desgastante, por la tensión y los costes directos que generaba sobre sus protagonistas. Ampliar los apoyos suponía mantener esa tensión, lo que en algún momento podría dar lugar  a muestras de cansancio. 

Las intervenciones desde las potencias occidentales

Entramos así en  otro factor a tener en cuenta, de índole exterior, pero no menos importante que otros, si no más decisivo. Se sabe del interés geoestratégico que tuvo España para los EEUU tras la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, lo que permitió la estabilidad del régimen y su longevidad. Ése fue el significado de los acuerdos bilaterales entre España y EEUU desde 1951. También se sabe de su interés por controlar la sucesión del propio Franco, a lo que no fue ajeno el nombramiento del príncipe Juan Carlos como sucesor. Esa preocupación no fue tanto por fomentar el tránsito a una democracia de tipo occidental como por el objetivo de garantizar una estabilidad política que evitara poner en peligro dicho papel geoestratégico.

La Revolución de los Claveles portuguesa de 1974  hizo saltar las alarmas, dada la radicalidad que alcanzó en los primeros momentos. Se puede decir que la reconducción del proceso revolucionario portugués y el diseño de la Transición española corrieron paralelos desde 1975, aun cuando partieran de situaciones totalmente distintas [23]. Lo que estaba ocurriendo en la península Ibérica habría que englobarlo dentro del conjunto de intereses de los  EEUU en el Mediterráneo, donde entraban también países como Italia, con un Partido Comunista en progresivo ascenso electoral y una intensa actividad política entre la diversidad de grupos de izquierda; y Grecia, que salía también de una dictadura militar.

La reconducción portuguesa se planificó para llevarla desde una radicalidad de tintes socialistas y con intenciones de salida de la OTAN hasta el cauce de lo políticamente aceptable dentro de los regímenes parlamentarios occidentales. Las elecciones de 1975 (37,9% de los votos) y 1976 [24] (35%) dieron como partido más votado al PSP, mientras los grupos más vinculados a los gobiernos provisionales y los sectores radicales del MFA, desde el PCP y sus aliados (26,6% y 14,6%, en cada año) a los más radicales (4% y 4,8%), se quedaron lejos. Los partidos de la derecha, a su vez, mejoraron en conjunto en 1976 (40,9%) sobre 1975 (34,6%). En medio, sobre todo entre la primavera y el otoño de 1975, tuvo lugar una intensa confrontación política y social, con el intento de golpe de Spínola (marzo), las movilizaciones obreras en las áreas industriales (entorno de Lisboa) y campesinas en las regiones meridionales, y el contrapunto de las movilizaciones organizadas por los grupos conservadores en la mitad norte del país, donde el caciquismo, la pequeña propiedad agraria y la Iglesia Católica gozaban de mayor presencia [25]. Una vez instalados en el gobierno los grupos contrarios al proceso revolucionario [26] se puso freno al mismo, y de inmediato y progresivamente se fueron desmantelando las medidas económicas y sociales avanzadas que se habían tomado en el primer año de gobierno postdictatorial (reforma agraria, nacionalizaciones, intervención en la banca, autogestión de las empresas...). 

En el caso español, el diseño de la Transición, hecho de una manera abierta, buscó apartar a la población de las tentaciones radicales que surgían en el seno de la oposición, para  llevar al régimen franquista hacia otro nuevo, a la vez que mantener el alineamiento de España con el bloque occidental a través de EEUU. Ese régimen nuevo sería en un principio de más libertades, pero no se concebía necesariamente abierto a todos los grupos. Ni desde EEUU ni desde la RFA se defendía la legalización de los grupos comunistas. En el segundo caso, porque  se admitía por el SPD lo que estaba legislado como tal.

Se dieron, así, en España varias intervenciones paralelas. La de los EEUU se hizo a través de enviados oficiales directos, de la embajada en Madrid o de la propia CIA, utilizando agentes de los incipientes servicios de espionaje españoles (SECED); refugiados de grupos de extrema derecha de otros países (Italia, Grecia, Chile, Argentina...), en muchos casos con imputaciones en causas judiciales graves; miembros de grupos de extrema derecha españoles; y hasta militantes de partidos políticos de la oposición, tanto de grupos moderados como, según algunas fuentes, de grupos armados de extrema izquierda [27]. Otra vía de intervención fueron las organizaciones partidistas, bien supranacionales, como la Internacional Socialista, o bien de países concretos, como el caso de  la RFA  a través del SPD y de su entorno (sindicatos y fundaciones). No faltó, por último, una intervención desde los propios gobernantes europeos, como los casos de Giscard D’Staing o Helmut Smith, principalmente. Muchas de estas intervenciones fueron sordas y apenas perceptibles en su momento, pero reconocibles en la actualidad, a la luz de documentos, testimonios e investigaciones que aparecido en los últimos años [28].

En estas intervenciones desde el exterior se movieron muchos peones, pero entre ellos los hubo propiamente políticos, todavía grises, poco activos e inexpertos, pero que a la larga darían grandes réditos a quienes les patrocinaron. El papel jugado por el PSOE renovado, relanzado en el Congreso de Suresnes de 1974 en torno a algunos núcleos geográficos dispersos (el vasco, el madrileño y el sevillano), fue primordial. Una trayectoria y un papel muy similares a los jugados por el Partido Socialista Portugués y su líder Mario Soares en su país [29].

En un proceso corto, pero efectivo, con la ayuda política y financiera de la Internacional Socialista y el SPD [30], fue atrayendo  a personas de diversos ámbitos: viejos militantes, que jugaron sobre todo un papel simbólico en la legitimación de las siglas; personas poco comprometidas con la lucha  contra la dictadura, pero linces a la hora de olfatear las posibilidades de promoción social que se le ofrecían; y pequeños grupos socialistas, en su mayoría de tinte nacionalista, que acabaron sucumbiendo a la llamada de la unificación [31] y aportaron importantes cuadros políticos.

Prueba del escaso prestigio que tenía el PSOE entre los sectores más activos de la oposición de izquierda son algunas frases que se acuñaron durante esos años sobre la pasividad socialista en la lucha contra la dictadura [32]. Hasta la literatura ha reflejado lo que en la militancia de los grupos comunistas de entonces se comentaba de dicho partido [33]. Las publicaciones del PSOE y la UGT llegaron a ser utilizadas como tapadera por grupos de extrema izquierda para simular la tenencia en sus casas de propaganda política [34]. Pero, sobre todo, lo más evidente fue la facilidad con la que sus dirigentes y militantes se movieron por el país, o la tolerancia  que las autoridades gubernativas mostraron para que la UGT  celebrara en abril de 1976 un Congreso y el PSOE hiciera lo propio a finales del mismo año [35]. Al fin y al cabo, desde las esferas del gobierno de Arias Navarro ya se estaban manteniendo conversaciones con Felipe González en la primavera de 1976, lo que Suárez continuó en el verano.

La estrategia que marcó el PSOE renovado fue de moderación. Tras negarse a integrar la Junta Democrática formada en 1974, el programa de la Plataforma de Convergencia Democrática de 1975 no recogía ni la formación de un gobierno provisional ni una consulta a la población sobre la forma de la jefatura de estado.  En su discurso político difundió la idea de conquista progresiva de espacios de libertad, lo que chocaba con los planteamientos de los sectores más radicales de la oposición unitaria. En las entrevistas de 1976 con Manuel Fraga y Adolfo Suárez,   Felipe González no apoyó que se mantuviera ilegal al PCE, pero no se hubiera negado en caso de mantenerse como tal. Si este asunto se convirtió para Fraga en una opción clara, desde su anticomunismo primario, para Suárez, mejor asesorado y consciente del peligro que se corría manteniendo una postura intransigente tras las movilizaciones del primer semestre de 1976, la legalización del PCE le sirvió para dividir el voto de la izquierda y facilitar su triunfo electoral en 1977.

Esta estrategia moderada, pese a cierta radicalidad verbal en el programa y los discursos,  se convirtió en el contrapunto más adecuado de la también estrategia moderada de los reformistas del  régimen, situados desde el verano de 1976 en torno a Adolfo Suárez. Los dos líderes y sus partidos fueron, por distintas razones, los ganadores de las elecciones del 15 de junio de 1977. Fueron las elecciones del triunfo de la moderación. Creada la UCD y recreado el PSOE, fueron de hecho diseñados como “sucursales de un centro estratégico supranacional”, con estrategias electorales prefabricadas en EEUU traídas por personajes “traídos y teledirigidos” para cumplir ese papel [36].

La Comisión Trilateral, un organismo internacional formalmente de carácter económico, también actuó en España. Aun cuando su nacimiento fue en 1972, no dejó de tener su influjo, teniendo en cuenta el interés por evitar que nuestro país se saliera de la senda capitalista. Los primeros integrantes españoles fueron personajes relevantes del mundo empresarial y profesional, que tenían distintos tipos de conexión con el mundo político, pero en ningún caso irrelevante [37]. En los años de la transición fue motivo de tratamiento en los partidos de izquierda, en la medida que se consideraba que su creación estaba relacionada con una forma de pensar, organizar y actuar coordinadamente desde el corazón del sistema [38]. 

Se puede establecer como hipótesis que los cambios en el proceso de reforma del régimen corren paralelos a la mayor influencia que la Trilateral fue adquiriendo en el mundo de la política. Se sabe de las enormes vinculaciones que tuvieron en EEUU Jimmy Carter y buena parte de su gabinete, una vez que ganaron las elecciones en 1976 [39]. También se sabe de la mayor sensibilidad que mostraron  por la democratización política de los países occidentales aliados con regímenes autoritarios, frente a la actitud desconfiada que Nixon y Kissinger habían mostrado frente a cualquier atisbo de cambio, que les llevó a intervenciones como las de Chile en 1973, los intentos por hacerlo en Portugal tras la Revolución de los Claveles [40] o el proyecto de cambio limitado para España. Estos cambios tuvieron su correlación en España con los gobiernos centro-reformistas de Suárez, cuya duración, en líneas generales, coincidió con el mandato presidencial de Carter. La dimisión forzada del jefe de gobierno español en 1981 coincidió, a su vez, con la sustitución de Carter por el más beligerante Ronald Reagan, que no sólo retomó la contundencia de Nixon, sino que la llevó a unos extremos mayores, con la intensificación de la Guerra Fría y un mayor intervencionismo en otros países [41].

Una normativa electoral de control político y social

Los resultados de las elecciones de 1977 fueron, en gran medida, la plasmación de un diseño político abierto y flexible, pero controlado. Si la acción represiva del estado inculcó en amplios sectores de la población las suficientes dosis de miedo para evitar extender las movilizaciones, la aprobación de las normas electorales marcaron los límites en los que había que moverse y condicionaron, cuando no manipularon, en gran medida la representación política de los grupos. El objetivo principal, como es obvio, fue el triunfo del partido del gobierno, pero también limitar la representación del PCE, a la vez que impedir que los grupos con algún rasgo de radicalidad pudieran alcanzarla. Lo demás, referido sobre todo a evitar la célebre “sopa de letras” y buscar la estabilidad de los gobiernos, no fue más que una forma de encubrir esos objetivos.

Recientemente se han producido unas declaraciones de Miguel Herrero y Leopoldo Calvo-Sotelo, líderes de la UCD por entonces, que resultan sumamente esclarecedoras. El primero ha llegado a decir que el decreto electoral de 1977 se hizo para "evitar que el PCE pudiera tener un grupo parlamentario que se correspondiera con la fuerza política que se pensaba podía alcanzar" [42]. El segundo, a su vez, completando lo anterior reconoció el error de apreciación de sobredimensionar al PCE, lo que les llevó a ayudar al PSOE [43].

El decreto-ley electoral de 18 de marzo de 1977, siguiendo las indicaciones de la Ley para la Reforma Política, estableció un doble sistema de elección (proporcional, para el Congreso, y mayoritario, para el Senado), la provincia como circunscripción y unos correctivos en la  representación, que habría de ser de gran importancia  en sus consecuencias [44]. En la práctica lo que hizo fue adecuar el sistema proporcional mediante la fórmula D’Hondt, crear un Congreso reducido de 350 miembros [45] y dotar a cada provincia de un mínimo de dos diputados. El argumento principal de sus creadores [46], con una impecable base de pragmatismo, era el de garantizar un gobierno estable, pero a costa de una representación deformada.

En lo que fue un verdadero ejercicio de ingeniería político-electoral o, si se quiere, de manipulación de las reglas del juego en beneficio propio [47], se diseñó para ello en la formación del Congreso el sistema más adecuado para que la UCD consiguiera la mayoría absoluta con el 35-36% de los votos [48]. De esta manera se concedió una sobrerrepresentación a las provincias menos pobladas, tradicionalmente las más conservadoras, y una infrarrepresentación a las que tenían más población, donde la izquierda contaba con mayores apoyos [49]. La consecuencia fue que se favoreció a los partidos con mayor implantación en cada territorio, a la vez que se dificultó la representación de los menores, donde se encontraban de una manera especial los diferentes grupos comunistas, incluido el principal, es decir, el PCE.

Teniendo en cuenta la coyuntura política que se estaba viviendo, el pacto por encontrar unas reglas de juego entre las partes implicadas resultó obligado y, por lo ocurrido finalmente, fácil de conseguir. Con los límites marcados por la Ley para la Reforma Política en cuanto a los sistemas electorales, los grupos de oposición aceptaron el decreto de marzo en la medida que les permitiría alcanzar, según sus previsiones, la representación deseada. Alejado el fantasma del sistema mayoritario para el Congreso y despejadas algunas dudas en torno al nicho mínimo exigible para poder obtener representación [50], quedó libre la segunda cámara de las Cortes.

La formación del Senado suponía a su vez otra pieza más en ese engranaje. Si de entrada partía del hecho de ser elegido por el sistema mayoritario, además estaba condicionado por otros dos factores. Uno, el de los distritos electorales, basados en las provincias, lo que de partida le volvía a dar ventaja a los grupos conservadores, en la medida que las provincias más conservadoras coincidían con las de menor población. Y el segundo era la presencia de 40 senadores y senadoras que ocuparían sus puestos por designación real. Algo que, como se puedo ver, tuvo como concreción el predominio de personas de carácter conservador, aunque entre ellas hubiera algunas que habían mostrado un tímido distanciamiento con el régimen de Franco [51]. Pero en ningún caso las hubo de las que mantuvieron una clara oposición.

Los partidos más beneficiados fueron, por tanto, los dos mayoritarios del ámbito territorial del estado, es decir, la UCD y el PSOE [52]. En el Congreso lo fueron tanto en la relación entre el porcentaje de votos y la representación total en escaños, como en el valor de cada escaño. Los partidos nacionalistas o regionalistas, a su vez, mantuvieron en general en el primer aspecto un equilibrio, aunque en el segundo bastantes de ellos se vieron perjudicados, especialmente los minoritarios.

Cuadro 5

Relación entre votos y escaños en las elecciones de 1977 y 1979 (%)

	1977			1979
	Votos	Escaños	Diferencia	Votos	Escaños	Diferencia
UCD	34’8	47’7	+12’9	35’1	48	+12’9
PSOE	29’3	33’7	+4’4	30’5	34’6	+4’1
PCE y PSUC	9’4	5’7	-3’7	10’8	6’6	-4’2
AP/CD	8’4	4’6	-3’8	6’1	2’6	-3’5
PDC/CiU	3’7	3’1	-0’6	2’7	2’2	-0’5
PNV	1’7	2’3	+0’6	1’6	2	+0’4
UDC-CD	1	0’6	-0’4	-	-	-
EC-FED	0’8	0’3	-0’5	0’7	0’3	-0’4
EE	0’3	0’3	=	0’5	0’3	-0’2
UN	-	-	-	2’1	0,3	-1’8
PSA	-	-	-	1’8	1’4	-0’4
HB	-	-	-	1	0,9	-0’1
UPC	-	-	-	0’3	0’3	=
PAR	-	-	-	0’2	0’3	+0’1
UPN	-	-	-	0’2	0’3	+0’1

Fuente: Ministerio del Interior.

Cuadro 6

Valor de cada escaño en número de votos

1977		1979
Independientes	29.834	UCD	37.313
PNV	37.024	PAR	38.042
CAIC	37.183	PNV	42.371
UCD	38.014	PSOE	45.204
PSOE	45.524	HB	57.370
PDC	46.786	UPC	58.953
EE	61.417	CiU	60.419
UC-DCC	86.395	PCE/PSUC	84.282
PCE y PSUC	89.994	EE	85.677
AP	94.048	PSA	108.614
PSP	136.097	CD	108.857
EC-FED	143.954	ERC	123.452
	-	UN	378.964
Media	52.223	Media	51.238

Fuente: Ministerio del Interior.

Si nos atenemos a la representación electoral dentro del ámbito donde actuaban y se presentaron los diversos partidos nacionalistas y regionalistas, la cosa cambiaba.

Cuadro 7

% votos de los partidos nacionalistas y regionalistas que obtuvieron escaños

 en el Congreso dentro de su ámbito de actuación

País Vasco

Cataluña

Navarra

And.

Can.

Ara.

PNV

EE

HB

PDPC

UDC

CiU

FE*/ ERC

UPN

PNV

HB

EE

PSA

UPC

CAIC/ PAR

1977

29’3

6’1

-

16’9

5’7

-

4’7

-

-

-

9’5**

-

-

5’7

1979

27’6

8

15

-

-

16’4

4’2

11’2

8’4***

8’9

4’3**

11’1

11

6’1

Fuente: Ministerio del Interior

*FE eran las siglas de Front de Esquerres, formado por ERC y el PTE

**EE se presentó como UNAI.

***El PNV se presentó en coalición con otros grupos, bajo la denominación Nacionalistas Vascos.

Teniendo en cuenta que  los partidos dos nacionalistas principales PDC/CiU, en Cataluña, y PNV, en el País Vasco, tenían un carácter político conservador, está por ver si se contemplaba desde este sistema electoral que la hegemonía política en estos territorios pudiera pasar a manos de grupos que por su moderación política resultaran menos problemáticos. Los dos partidos mencionados fueron parte de la oposición moderada al franquismo y estuvieron entre los primeros que vieron a finales de 1976 y sobre todo tras los resultados del referéndum de diciembre que había que llegar a acuerdos con el gobierno, aun a costa de dejar atrás al PCE y otros grupos comunistas. Sólo el PNV mantuvo un pulso político durante el debate y aprobación de la Constitución, en la que se abstuvo, pero hay que valorar el condicionante de una izquierda nacionalista radical con bastante peso político y electoral. Aun con eso, el PNV fue, junto con el PSE-PSOE, el impulsor del Estatuto de Autonomía de 1979, lo que le granjeó las críticas de la izquierda nacionalista vasca, representada entonces por EE y HB.

En Cataluña surgieron menos problemas. La tradición pactista y moderada de la burguesía catalana y de sus representantes políticos, que tenía en esos momentos como partidos principales a CDC y UDC (CiU, desde 1979), sirvió para que se soldara bien la adaptación al nuevo sistema democrático. Al parecer Tarradellas también participó de las conversaciones secretas con Suárez  [53], y su regreso tras las elecciones de 1977 y el restablecimiento inmediato  de la Generalitat provisional ayudaron a crear ese clima favorable.

Este sistema electoral afectó mucho a los grupos comunistas, tanto el PCE-PSUC como los situados a su izquierda. El primero sólo obtuvo en 1977 el 5’7% de los escaños frente al 9’4% de los votos mientras que la UCD y el PSOE superaban los escaños sobre los votos en 12’8 y 4’4 puntos, respectivamente [54]. En cuanto al valor de cada escaño, no fue el mismo para todos los partidos, como tampoco se vieron representados todos los partidos que concurrieron a las elecciones, aunque hubieran obtenido globalmente un número importante de votos. De nuevo el PCE-PSUC y un número importante de grupos de la izquierda radical se vieron perjudicados por el sistema electoral.

Cuadro 8

Resultados de los partidos que no obtuvieron representación parlamentaria

con un número de votos superior a la media por escaño

	1977		1979
FDC-EDC	215.841	PTE	192.798
FDI	122.608	PSOE-h	133.869
ASD	101.916	ORT	127.517
AET	77.575	MC-OIC	84.856
AN18	67.336	BPG	60.869
RSE	64.241	BEAN	56.582
		UG	55.555
		IR	55.384

Fuente: Ministerio del Interior.

Otra consecuencia del sistema electoral fue la de condicionar al electorado a decantarse por opciones políticas más seguras en la representación, en lo que se ha denominado más frecuentemente como voto útil o, ya en el campo más específico de la ciencia política, voto estratégico. Esta circunstancia afectó, y sigue afectando, a las circunscripciones de menor población (sin contar Ceuta y Melilla), que en 1979 sumaban 32 casos, elegían entre 3 y 6 escaños cada una, abarcaban el 40% de los escaños del Congreso y representaban al 32% del electorado.

Cuadro 9

Tipos de circunscripción electoral (según datos de 1979)

	Nº escaños por circuns.	Nº casos	Nº escaños	% escaños	% electorado
Tipo I	1	2	2	0’5	0’25
Tipo II	3-6	32	139	40	32
Tipo II[55]	3-4	15	53	15	9’5
Tipo III	7-8	7	50	14	14
Tipo IV	9 y +	11	159	45’5	54

Fuente: Ministerio del Interior.

Las elecciones en estas provincias, por tanto, se celebraban más en clave bipartidista, sobre todo donde el número de escaños era de 3 ó 4. En este último caso la UCD salió vencedora en las 15 provincias, obteniendo 38 escaños frente a 14 del PSOE, 1 de CiU (Lérida) y 1 de Álava (PNV).  De esta manera se forzaba una situación en la que los partidos no expresaban únicamente la opción con la que cada persona se identificara mejor, sino también la que le resultara más apropiada, teniendo en cuenta las circunstancias y sus intereses. Mucho se ha escrito acerca del grado de racionalidad del electorado, que le lleva a buscar las opciones más apropiadas a sus intereses. Pero al margen de esto, lo que queda claro es el fuerte condicionante que supone un sistema electoral que impide de hecho que la gente pueda votar al partido con el que  mejor se identifique.

Los modelos electorales de otros países difieren entre sí. En los casos más próximos cultural y geográficamente, en Italia se aplicaba un sistema proporcional puro [56], en Portugal el proporcional con fórmula D’Dondt [57] y en Francia un sistema mayoritario a doble vuelta. En Italia se dio como consecuencia una fuerte fragmentación en la representación política, en lo que se ha denominado como pluralismo polarizado, lo que ocasionaba una fuerte inestabilidad política y la  necesidad de pactos para formar gobiernos o mayorías parlamentarias.

El decreto electoral de 1977 introdujo, así mismo, una jornada de reflexión previa a la de elección.  Este rasgo del sistema electoral español, ni excepcional ni exclusivo, merece ser motivo de tratamiento. No podemos olvidar el efecto moderador que produce en la población. Se ha llegado a cuantificar mediante los sondeos cuál es el grado de indecisión del electorado a la hora de optar por un grupo, real o disimulada. En España ha tendido a disminuir en el transcurso de los años, pero fue elevado en las dos primeras elecciones, con algo más del 40% de las personas entrevistadas [58]. Seguramente en las mentes de quienes introdujeron ese rasgo en las normas electorales de 1977 estuvo la preocupación por ese sector del electorado, así como el de aquellas personas que pudieran cambiar su orientación de voto a última hora. Lo que está claro es que el efecto psicológico de cualquier actitud reflexiva es justamente el de la moderación, algo que se podría extrapolar a los comportamientos electorales. Y aquí es donde mejor funcionan los grupos políticos que han dispuesto de mayores medios electorales y también de los resortes que aportan los medios de comunicación.  

Y ya para acabar Los gastos de las campañas electorales nos pueden orientar acerca de los recursos de los que disponían los distintos partidos y las diferencias existentes. Teniendo en cuenta que se trata de gastos declarados en las instancias oficiales competentes, puede resultar evidente que superaron las cantidades hechas públicas.

Cuadro 10

Gastos electorales de los partidos (en millones de pesetas)

	UCD	PSOE	PCE-PSUC	AP/CD	Otros	Total
1977	683	339	140	538	390	2.090
1979	850	600	110	600	-	2.160

Fuente: García Viñuela y Artés Caselles [59] (2004).

Entre los partidos de la izquierda radical el PTE y la ORT fueron los que más gastos electorales hicieron, lo que conllevó un fuerte endeudamiento, y una de las causas de sus crisis y de su disolución. Del primero de ellos sabemos que la cuantía aproximada fue de  50 ó 60 millones de pesetas en 1977 e inferior en las de 1979 [60]. Posiblemente esas cantidades fueran similares en los dos grupos, pero  superiores en todo caso a las gastadas por los otros partidos de la izquierda radical de ámbito estatal [61]. Lo que estaba claro, no obstante, es la gran diferencia existente de tres de los grupos mayoritarios (UCD, AP y PSOE) sobre el resto, una diferencia que aumentó incluso en 1979, cuando subieron en términos absolutos los gastos, mientras que los grupos comunistas los redujeron. 

Fragmentación y sectarismo de la izquierda radical

¿Todos estos factores explican los resultados tan raquíticos de los grupos de extrema izquierda y la derrota sufrida? Ramón Cotarelo ha planteado que existe una incompatibilidad de este tipo de grupos con la participación institucional en la medida que ésta requiere de la capacidad de diálogo y de acuerdos que aquéllos niegan [62]. La actitud de estos grupos hacia las elecciones en su mayoría fue la de la aceptación, aunque conscientes de las dificultades, especialmente en las de 1977, al presentarse en forma de agrupaciones electorales por estar ilegalizados. Otra cosa fue el grado de esperanza que depositaron y las energías que emplearon. La ORT y el PTE fueron los dos grupos que más apostaron por la representación electoral, que resultó fallida en el Congreso, pero que tuvo ciertos réditos en los ayuntamientos, donde llegaron a cosechar 889 cargos municipales y 71 alcaldes [63]. También fueron los dos partidos que participaron del consenso constitucional y, como ya se ha dicho, que intentaron una unificación orgánica.

Y entramos así en otro tipo de factores: la gran atomización de estos grupos, tanto en tendencias diversas como dentro de cada una, y el elevado grado de sectarismo existente entre ellos. Uno de los efectos  fue el impedir que llegaran a acuerdos electorales, aunque se dieran otro tipo de acuerdos políticos en actuaciones concretas. Esa atomización y ese sectarismo tuvieron también su vertiente en el plano de las llamadas organizaciones de masas y especialmente las sindicales. Si en estas últimas hubo inicialmente una coincidencia casi general en la participación dentro de CCOO, desde finales de 1976 se rompió cuando desde el PTE y la ORT se sentaron las bases de lo que ya en 1977 acabó dando  lugar al nacimiento de la CSUT y el SU.

Es cierto que esta división no fue exclusiva de España. Puede que la mayor atomización en nuestro país fuera consecuencia de la clandestinidad que tuvieron que vivir durante el franquismo y el comienzo de la Transición. También pudo influir la realidad de los nacionalismos territoriales, una clara expresión de la complejidad del proceso histórico peninsular y de las dificultades en la soldadura del estado español contemporáneo. Pero el hecho de que cada cual se presentara por su cuenta en las dos elecciones generales dice mucho del  grado de sectarismo que pusieron en práctica. El acuerdo entre el PTE y la ORT de cara a las elecciones municipales de abril de 1979, inmediato al anuncio de unificación tras las generales de marzo, fue el único que se dio en esa dirección. Pero llegó tarde, con direcciones y militancias cansadas, en algunos casos en proceso de replanteamiento político y en muchos desorientados. En las conversaciones que llevaron a cabo las direcciones de ambos partidos de cara a la unificación se reflejó esa situación, produciéndose numerosos desencuentros, enfrentamientos y hasta desconfianza mutua [64]. Pesaron en ellos elementos de sus orígenes diferentes, pero también distintos niveles de análisis de la realidad y  planteamientos políticos y organizativos divergentes.

El esfuerzo de final

El triunfo del referéndum de diciembre de 1976, que abrió la carrera preelectoral de casi todos los grupos, incluidos los de la izquierda radical, y la celebración de las elecciones de junio de 1977 no impidieron que las movilizaciones continuaran. El País Vasco conoció las de la amnistía, mientras que la conflictividad laboral persistió en la mayor parte de las zonas industriales y en las comarcas latifundistas andaluzas. Los datos que se conocen son muy reveladores de las altas cotas de movilización social y política tras las elecciones de 1977.

Cuadro 11

Conflictividad laboral durante la Transición

	Huelgas		Huelguistas		Jornadas perdidas
	Ministerio Trabajo	CEOE	Ministerio Trabajo	CEOE	Ministerio Trabajo	CEOE
1975	-	-	600	-	-	-
1976	-	1.568	3.868/ 5.480*	3.690	12.592**	13.753
1977	1.194	974	2.956	2.317	16.642	11.565
1978	1.128	1.356	3.864	3.633	11.551	16.098
1979	2.680	1.789	5.713	5.752	18.917	21.383
1980	2.103	1.669	2.287	2.461	678	13.578
1981	1.993	2.556	1.945	3.358	554	9.320
1982	1.810	2,582	1.059	1.634	2.788	7.229

*Según Jesús Mestre (1997) y el  Centro de Asesoría y Estudios Sociales, respectivamente.

**Según el  Centro de Asesoría y Estudios Sociales no se incluyen los datos del País Vasco.

En el caso de las de carácter social el incremento que se da en 1976 sobre 1975 resulta espectacular, si bien los datos de este último año son muy fragmentarios. Aunque hay un descenso en 1977 (el año de los pactos) en cuanto al número de huelguistas (no así en cuanto al número de jornadas perdidas, según el Ministerio de Trabajo), los dos años siguientes tienden a seguir aumentando en general. En comparación a otros países  son  superiores [65].

¿Existe una explicación? No hay apenas divergencias a la hora de relacionar la conflictividad política y social durante el franquismo y los primeros años de la transición, en la medida que desde los grupos políticos obreros, especialmente los comunistas, se aprovecharon las reivindicaciones laborales en un contexto de falta de libertades y salarios inferiores para horadar al régimen. Lo ocurrido en 1976, sobre todo en el primer semestre, refleja la importante apuesta que se hizo desde los grupos de oposición para generalizar las movilizaciones desde los distintos frentes y ámbitos.

Sin embargo, llegado 1977, con el acuerdo político tácito entre el gobierno y la mayor parte de los grupos de oposición, que supuso su legalización, y la firma de los Pactos de la Moncloa en octubre, no se produjo la caída de las movilizaciones laborales, sino todo lo contrario. Y aquí entró en juego la acción de los grupos políticos de la izquierda radical, operantes como tales y, junto con una CNT que intentaba renacer y empezaba a conseguir cierta influencia [66] (después de una larga actividad discontinua), desde las palancas de influencia social que tenían en  sindicatos como la CSUT (PTE), el SU (ORT), el sector crítico de CCOO (LCR, MC...) y los incipientes sindicatos nacionalistas. Amplios sectores de la clase obrera siguieron esos planteamientos, desobedeciendo las consignas de moderación que las direcciones de CCOO y UGT habían lanzado desde la hegemonía que, respectivamente, el PCE y el PSOE tenían en esos sindicatos.

Desde determinados estudios sociales [67] se ha querido demostrar el carácter moderado de la clase obrera española, lo que, a la postre, entronca con el comportamiento general de la sociedad española durante los años de la transición y explica el cambio operado en el seno de esa clase social hacia planteamientos sociopolíticos similares a los de otros países europeo-occidentales, lejos de lo ocurrido en las décadas anteriores a la guerra civil.

Conviene, no obstante, hacer algunas matizaciones. Y los datos que nos ofrece la encuesta del CIS en 1981 en torno al movimiento obrero de Madrid y Barcelona, las dos provincias más pobladas y cuantitativamente con mayor nivel de industrialización [68], son una buena muestra de lo que pretendemos argumentar. Si nos fijamos en la pregunta directamente relacionada con el posicionamiento ante la transición política, aunque la mayoría valoró que la correlación de fuerzas impidió que se produjera la ruptura democrática, un 39% optó por manifestar que se perdió una oportunidad de crear una democracia más avanzada. En Barcelona, como provincia, y en la afiliación de CCOO de las dos provincias, sin embargo, predominó más esta última opción, lo que refleja un mayor grado de radicalidad política con relación a Madrid y la afiliación de UGT. Resultaba claro que en esos momentos CCOO representaba una tradición de lucha contra el franquismo, en la que había jugado un papel muy activo, frente a la pasividad de la UGT, que sólo en los últimos momentos y sobre todo en la transición propiamente dicha inició su reorganización, al margen, eso sí, de las movilizaciones. 

Cuadro 12

Posición ante la transición política:

“se perdió una oportunidad de una democracia más avanzada” (1981)

	CCOO	UGT	Otros sindicatos	No afiliados	Total
Barcelona	68	31	43	28	47
Madrid	40	23	35	23	38
Total	53	27	39	26	39

Fuente: Fishman (1984).

        

En la valoración del sistema económico las respuestas no dejan lugar a dudas por la rotundidad de la valoración negativa, que de nuevo en Barcelona y entre la afiliación de CCOO de Madrid y Barcelona alcanzó niveles de casi unanimidad.

        

Cuadro 13

Valoración negativa del sistema económico como bastante y muy injusto (1981)

	CCOO	UGT	Otros sindicatos	No afiliados	Total
Barcelona	92	91	78	62	83
Madrid	92	81	70	65	82
Total	92	85	74	63	82

Fuente: Fishman (1984).

Y en un plano más concreto, como fueron los Pactos de la Moncloa, a la hora de valorar el papel que jugaron los sindicatos el posicionamiento resultó en general crítico hacia los mismos, aunque en este caso con algunas variaciones sobre las dos preguntas anteriores. Si Barcelona siguió reflejando un mayor grado de oposición, la postura de la afiliación de CCOO de Madrid en este caso resultó más complaciente con las directrices de sus dirigentes. A su vez, la afiliación de la UGT fue ligeramente más crítica que la de CCOO. La explicación se puede buscar en la estrategia política que durante esos años habían planteado los partidos “matrices” respectivos. El PCE, con Santiago Carrillo a la cabeza, fue el gran defensor de la política de consenso con el gobierno de Adolfo Suárez y de los propios Pactos de la Moncloa. El PSOE, más en su papel de posible alternancia en el gobierno, llevó a cabo una política de mayor oposición al gobierno, viéndose abocado en el último momento a la firma de dichos pactos para evitar su aislamiento político [69].   

Cuadro 14

Posición crítica ante los Pactos de la Moncloa [70] (1981)

	CCOO	UGT	Otros sindicatos	No afiliados	Total
Barcelona	53+8	49+9	71	44+5	51+6
Madrid	36+8	45+11	53+12	32+6	39+9
Total	44+8	46+10	61+6	39+6	45+8

Fuente: Fishman (1984).

Si la conflictividad social atrajo a la totalidad de los grupos de la izquierda radical en cualquiera de sus ámbitos de actuación, la de carácter político no tuvo la misma dimensión. Y a ello contribuyeron dos aspectos que marcaron ciertas diferencias. Uno, el hecho nacional, que diferenciaba a los grupos de ámbito estatal, partidarios de aunar el reconocimiento de los derechos nacionales con la opción por un estado entre unitario y federal, y los nacionalistas de cada territorio. Y el otro, el hecho de la Constitución, que acabó incorporando a dos de esos grupos, el PTE y la ORT, a lo que se ha venido a denominar como consenso constitucional. Pese a ello, todos estos grupos tenían muchos puntos coincidentes entre sí, lo que les llevó a desarrollar acciones conjuntas, como las relacionadas con la represión policial, especialmente las que tuvieron lugar en el País Vasco y Navarra.

Las diferencias que surgieron en cuanto al hecho nacional no sólo afectaron  en cuanto a los ámbitos de actuación, sino también entre los propios grupos nacionalistas. En este sentido, en el País Vasco y Navarra la principal discrepancia se dio en torno a las estrategias políticas que defendían ETAp-m y EE-EIA, por un lado, y ETAm y la recién nacida Herri Batasuna, por otro. La primera, más posibilista, partidaria de un estatuto de autonomía avanzado, y la segunda, más radical en los planteamientos políticos, que acabaron expresándose desde 1978 en la estrategia de KAS. Cataluña también conoció disensiones de este tipo, pero con una influencia política y social menor. Además de lo que acabó siendo CiU, como expresión del nacionalismo conservador y moderado, el único grupo que alcanzó representación institucional fue ERC, que no dejaba de ser un grupo de centro-izquierda, pese a su radicalidad política independentista. En Galicia el espacio de izquierda radical del nacionalismo lo representó el BNPG, nucleada en torno a la UPG, con una representación institucional entonces limitada. En Canarias hubo varios grupos nacionalistas de izquierda radical, pero no todos independentistas, que se agruparon en las elecciones de 1979 en UPC.

Los grupos estatalistas de izquierda radical asumieron en su mayoría los planteamientos leninistas del derecho de autodeterminación de los pueblos y nacionalidades oprimidas, lo que les hizo coincidir en eso con los grupos nacionalistas. Otra cosa era el modelo futuro de organización territorial del estado, lo que les llevó a una clara separación, dadas las diferencias en los objetivos. Esto no fue óbice para que estos grupos participaran de las reivindicaciones regionalistas y nacionalistas en el resto de territorios. Las demandas de estatutos de autonomía para Andalucía, el País Valenciano, Castilla y León, etc. fueron apoyadas e impulsadas por estos grupos. Quizás fueran el PTE y el MC quienes más empeño pusieron, hasta el punto que acabaron por adaptar su organización interna a la realidad política federal que defendían, con el cambio en la denominación del partido en cada territorio. 

Este posicionamiento político tuvo un carácter sui generis, ya que acabó siendo asumido por todos los grupos políticos con representación institucional, desde el PSOE, un partido de tradición centralista, y el PCE, que se mostró ambiguo (sólo se mostró más decidido en Cataluña, donde operaba el PSUC) hasta los más conservadores. El resultado fue lo que hoy es la realidad del llamado estado de las autonomías.

Desde el PTE se llegaron a hacer propuestas atrevidas, originales e incluso, en el caso de su posicionamiento ante la Constitución, con cierto grado de ambigüedad. Isidoro Moreno, dirigente andaluz, acuñó el concepto novedoso de nacionalismo emergente y que aplicó en el caso andaluz. Buscaba desarrollar la teoría de los nacionalismos desde el nacimiento histórico de una nueva realidad nacional, a la que confería un carácter de clase distinto: se trataría de un nacionalismo popular, no burgués, como el que había surgido en otros territorios. El PTA y el SOC lo asumieron. También en Madrid el PTE propuso un estatuto de autonomía para la capital y su provincia [71]. Algo que fue considerado una locura por muchas mentes pensantes de entonces, pero  que hoy poca gente discute [72]. En el caso del posicionamiento ante la Constitución, el PTE, que sumó al pacto constitucional,  defendió para el País Vasco la abstención, en la línea  del PNV. Al margen de los calificativos que se ha dado a esa postura, lo cierto es que buscaba marcar el hecho diferencial de ese territorio sobre el resto.

La conflictividad política tuvo un mayor grado de consenso en los grupos de la izquierda radical cuando se manifestó la represión policial. Sin entrar en la relacionada con las diversas ramas de ETA, que por su especificidad de grupo armado se salía de la práctica de la mayoría del resto de grupos, en este caso se lanzaron críticas muy duras contra uno de los aparatos del estado que se consideraba que eran herencia del franquismo. Una represión que se dio en mayor medida en manifestaciones, pero también en actos festivos, ocupaciones de latifundios, conflictos laborales, etc. No faltaron las provocaciones policiales e incluso las infiltraciones en organizaciones con el fin de desactivarlas. Fueron  de nuevo el País Vasco y Navarra los escenarios de mayor conflictividad, sin olvidar Andalucía, aunque en esta última con un carácter más pacífico, y  Cataluña.

1978 se abrió con el incendio de la discoteca Scala en Barcelona, donde acabaron muriendo cuatro trabajadores [73]. Como había ocurrido dentro de una manifestación organizada por la CNT contra los pactos de la Moncloa, la inculpación y represión contra ese sindicato fue inmediata. Pronto se supo que el autor y provocador fue un infiltrado de la policía, que finalmente fue condenado en 1981. Pero para ese año la CNT renaciente había sido estigmatizada en su andadura, de la que no pudo recomponerse. En el verano de ese mismo año se dio uno de los momentos más álgidos de la conflictividad política. Lo ocurrido durante los sanfermines y los días posteriores alcanzó unos niveles elevados de violencia policial [74]. La entrada de la policía nacional en la plaza de toros de Pamplona desencadenó una oleada de represión y muertes. Dos de éstas hubo en las calles de esa ciudad (8 de julio) y en las de San Sebastián (11 de julio) por disparos de la policía. Inaudito fue el saqueo de la misma policía en Rentería. La brutalidad de las acciones represivas afectó a numerosas personas, heridas por balas o por otro tipo de instrumentos. Si Navarra y el País Vasco fueron el epicentro, las movilizaciones se desarrollaron por otros lugares, sin que faltara la violencia represiva. Pese a los intentos por aclarar los sucesos en el Congreso, nada se consiguió, excepto un enrocamiento del ministro del Interior, Martín Villa. Andalucía, por su parte, conoció en las provincias occidentales de Sevilla y Cádiz una conflictividad laboral en el medio rural que tuvo en las ocupaciones de latifundios, organizadas por el SOC y apoyadas por el PTE, la expresión más peculiar. Fue el inicio de una práctica que continuó en los años siguientes y que hoy todavía se mantiene. En una de esas ocupaciones fue detenido el secretario general del PTE, Eladio García Castro, que quiso mostrar el apoyo de su partido a las reivindicaciones del campesinado sin tierra.   

Fue el momento, sin embargo, en que los grupos radicales estatalistas empezaron a perder la influencia que los de corte nacionalista fueron aumentando. Entre parte de los primeros y buena parte de su entorno se fue perdiendo el empuje de años anteriores. El llamado desencanto, palabra excesivamente ambigua, conllevaba cansancio, frustración sobre las expectativas creadas, conciencia de la derrota, mayor atención a la privacidad en  la vida... Lo que le siguió fue la pérdida de militancia, la desaparición de los dos partidos con más militancia y más influyentes (PTE y ORT), la cooptación por el PSOE de numerosos cuadros de los partidos de la izquierda radical, la integración en el mundo profesional de buena parte de la dirigencia, la atomización de la militancia entre otros grupos políticos (nacionalistas, PCE, etc.) y, en mayor medida, sociales (ecologismo, pacifismo...), e incluso el simple abandono de la lucha. Quizás entre más dentro de lo anecdótico los cambios políticos hacia la derecha, que se dieron, pero que son más sonados por su repercusión mediática que por la cantidad [75].

Las nuevas condiciones en que se ha ido desarrollando el capitalismo desde  la década de los 80 influyeron de una manera importante, si no también decisiva, en la reconfiguración de las relaciones sociales, y con ellas en la organización y la representación políticas de los sectores de la sociedad que buscaban un cambio en el sistema, independientemente del grado de radicalidad o moderación que tuvieran. Siguiendo lo que Boltanski y Chiapello han denominado en su obra El nuevo espíritu del capitalismo [76] como “crítica artista” y “crítica social”, como los componentes básicos de los sectores sociopolíticos que buscan una alternativa al sistema capitalista, en esos años se produjo una clara disociación en ambas críticas. La “crítica artista”, más centrada en la libertad, cobró más fuerza que la “crítica social”, más centrada en la igualdad.

En España, en plena Transición, tras duros años de lucha contra la dictadura y los intentos por acomodarla a un sistema político más edulcorado, esa disociación se expresó con claridad en amplios sectores de la izquierda con la adopción de opciones políticas más moderadas y posibilistas. La defensa de la democracia, como se decía y se sigue diciendo por mucha gente de izquierda, ha sido y sigue siendo  lo más importante. Resulta más fácil de defender y se justifica con argumentos que en gran pedida se pueden considerar peregrinos, como lo del “voto útil”, el  “votar lo menos malo”, el “votar con las narices tapadas”, el “parar a la derecha”... La defensa de la  igualdad social ha ido perdiendo terreno, siendo hoy una opción claramente minoritaria. Es una opción, además, que exige más sacrificio, una militancia más exigente, un claro compromiso y una mayor conciencia de que la revolución es un proceso permanente. El triunfo del PSOE en 1982, su política neoliberal y atlantista, y su hegemonía electoral durante los años 14 años siguientes pudo ser la concreción de la nueva realidad en la sociedad española. Fue, en definitiva, el triunfo definitivo de la moderación que ya se reflejó en las elecciones de 1977 y, con ella, del sistema capitalista dominante. Fue el triunfo de una transición política que tuvo como final la “democracia controlada” [77].   

Notas

[1]  Las obras de Pérez-Díaz, Maravall, López Pintor, etc. abundan en esta perspectiva.

[2] Gonzalo Fernández de la Mora (1995).

[3]  Grimaldos (2006), según testimonio del general Vernon Walters, alto funcionario de la CIA enviado por el presidente de EEUU Richard Nixon a España en 1970.

[4] Linz (1997) y Lamo de Espinosa (sf).

[5] Pueden destacarse dos trabajos que iban en esa dirección: el de Pérez-Díaz (1979) sobre las elecciones sindicales de 1978 y las actitudes de la clase obrera; y el de Maravall (1980) sobre los alineamientos políticos durante la Transición, base de lo que después sería su libro La política de la transición (1980).

[6] Este tipo de planteamientos parte de algunos autores clásicos de la ciencia política, como Seymour Martin Lipset, que ya en 1963 expuso en su libro El hombre político. Las Bases Sociales de la Política la siguiente aseveración: “Cuanto más próspera sea una nación, tanto mayores son las posibilidades de que se mantendrá una democracia” (citado en Filgueira).

[7] El informe o parte del mismo se reproduce en un artículo de José M. Marín Arce en la obra colectiva editada por Carme Molinero (2006, pp. 92-93).

[8] André-Bazzana (2006, p. 55).

[9] José Mario Armero, asesor de Suárez e intermediario de los contactos, ha declarado que no se llegó a ningún acuerdo en esa entrevista (Prego, 1996, p. 643 y ss.).

[10] Casal (1978, p. 682 y ss.). Los datos publicados son de 1976 para España y de 1973 para el resto de países europeos.

[11]  Los datos se pueden consultar en la base de datos del Ministerio del Interior, de donde se han hecho las sumas, mostradas en casi todos los casos en aproximaciones.

[12] Carlos Alonso Zaldívar, uno de los dirigentes del PCE en aquellos años, antes de su pase al PSOE, valoró que los resultados supusieron “una decepción generalizada en el Partido” (Alonso Zaldívar, 1980). Las previsiones del PCE/PSUC, al margen de errores de estrategia electoral, no fueron sólo del ámbito de dichas organizaciones. El propio Juan José Linz hizo en 1967 una extrapolación de los resultados de Italia al caso es español, atendiendo a las similitudes en la estructura social y de su cultura religiosa y política (Linz, 1989).

[13] Al concluir las elecciones generales de marzo los dos grupos iniciaron un proceso de unificación, que tuvo como primera consecuencia el apoyo mutuo en las elecciones municipales de abril. Dado que no podían presentar candidaturas conjuntas, porque ya se había cerrado el plazo cuando se tomó la decisión de unirse, se mantenía sólo la candidatura del partido que había obtenido más apoyos en cada municipio  en las elecciones de marzo.

[14] Se trata de la  Memoria sobre el año 1975, elaborado por el Gobierno Civil de Valladolid y recogido en Díez Abad (2005).

[15] Díez Abad ha resaltado en su trabajo que Valladolid conoció  desde los años sesenta unos cambios  económicos que afectaron profundamente a la estructura social, con el nacimiento de una nueva clase trabajadora y una nueva clase media que protagonizaron la movilización social frente a la dictadura.

[16] Valladolid alcanzó un protagonismo mediático, entre otros, por los conflictos permanentes en la empresa FASA-Renault, el cierre por la autoridades de la Universidad durante los primero meses de 1975, que originó una espiral de conflictos y cierres en otras universidades del país, o el suceso ocurrido contra un estudiante, militante de la JGR, que fue lanzado desde la ventana de la comisaría y sufrió heridas muy graves.

[17] Los partidos de derecha perdieron en su conjunto unos 25.000 votos en las municipales con relación a las generales del mes anterior. Los grupos de izquierda se mantuvieron en su conjunto en el mismo número de votos, aunque el  PCE subió unos 2.000 votos.

[18] De las capitales castellanas sólo Burgos podía tener cierta similitud con Valladolid, aunque la ausencia de una Universidad privó a la primera de un factor de potencial conflictividad. En el caso de Salamanca, aunque este último ingrediente sí existió, no tuvo el de la ubicación de industrias.

[19] Domènech (2003).

[20] Sólo en 1976 hubo al menos 18 muertes violentas por acciones represivas de la policía, las dos terceras partes de las cuales fueron en los seis primeros meses. Además de las 5 de Vitoria (marzo), las hubo en Elda (febrero), 1; Tarragona (marzo), 1; Basauri (marzo), 1; Baracaldo (abril), 1; Montejurra (mayo), 2; Madrid (mayo), 1; Santurce (julio), 1; Almería (agosto), 1;  Madrid (septiembre), 1; La Laguna (septiembre), 1; Santesteban (noviembre), 1; Madrid (diciembre), 1.  La Asociación Republicana Irunesa ha hecho una recopilación de las muertes violentas provocadas por el régimen durante el franquismo y la Transición basada en el libro de Grimaldos (2004), aunque son datos contrastables con los aparecidos en numerosas publicaciones. A esos datos habría que unir los militantes de ETA muertos en acciones armadas o represivas, cuyo número se elevó en ese año a 5 (Jotaque, 2003).

[21] En los sucesos de Vitoria hubo más de 100 personas heridas de bala. En 1976 destacaron dos casos de torturas que alcanzaron una gran eco en algunos medios de comunicación, al aparecer en fotografías sus cuerpos brutalmente castigados: el de Amparo Arangoa (ORT) y el de Francisco Téllez (CCOO y PSUC).

[22] Durante los meses de enero y febrero se militarizaron los servicios de RENFE, y Metro y Correos de Madrid, funcionarios municipales de Barcelona; en octubre y noviembre los autobuses madrileños (Soto, 1998; y Carbó, s.f.).

[23] Véase Sánchez Cervelló (1995 y 2004) y Palacios Cerezales (2003).

[24]  Todos estos datos electorales se han obtenido en Álvarez Rivera. 

[25] Sánchez Cervelló (1995 y 2004) y Palacios Cerezales (2003)

[26] En septiembre de 1975 fue designado jefe de gobierno José Pinheiro de Azevedo, con el apoyo del PSP y el sector moderado del MFA. En julio de 1976 fue elegido presidente de la República Antonio Ramalho Eanes y en septiembre  Mario Soares se convirtió en jefe de gobierno. En diciembre de 1979 se iniciaron los gobiernos de la derecha.

[27]  La utilización por el estado u otras instancias de los grupos radicales de izquierda, sobre todo armados, no se ha probado todavía. En 1977, tras la semana negra de enero se habló mucho de la utilización del GRAPO por la policía española. En los años siguientes se ha seguido hablando de lo mismo desde distintos medios, tanto de comunicación, políticos y hasta por historiadores (Vilar, 1986). Joaquín Cubero (1995) hace alusión a ello, incluyendo al FRAP y él GRAPO, y basándose en varios artículos aparecidos en la revista Triunfo tras la matanza de Atocha (Fernando González: “Los extremismos útiles”, n. 773, 12-02-77). Federico Utrera (2003) hace referencias a estas infiltraciones. Desde el PCEr/GRAPO o el propio ex dirigente Pío Moa (2002) han negado estas acusaciones.

[28] Hay dos libros muy interesantes que han estudiado este aspecto: el de Joan Garcés, Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (1996); y el más reciente de Alfredo Grimaldos, La CIA en España. Espionaje, intrigas y política al servicio de Washington (2006). Charles Powell, por su parte, ha publicado un interesante artículo titulado “La dimensión exterior de la transición española” (1993). Merece la pena también tener en cuenta el artículo de Joaquín Cubero Sánchez “Montejurra 1976. Un intento de interpretación” (1995). También resulta interesante el obituario sobre el embajador francés en esos años (Octavi Martí, 2007).

[29]  Mientras el PSP fue fundado en 1973 en la República Federal de Alemania, la refundación del PSOE, bautizado oficiosamente como “renovado” (para diferenciarlo del “histórico” que lideraba Rodolfo Llopis), lo fue al año siguiente en Francia. En los dos casos fueron apadrinados por el SPD y la Internacional Socialista. También en los dos casos se convirtieron en los partidos más votados de la izquierda, aunque con diferentes tiempos en el acceso al gobierno. Pero, ante todo, tanto el PSP como el PSOE se convirtieron en los principales vehículos de referencia política en los sectores de la izquierda,  desplazando a los partidos comunistas respectivos, que habían hegemonizado la lucha política contra las dictaduras, y participando en lo que acabó siendo la desactivación de los grupos más radicales, muy activos en la lucha contra la dictadura, pero de escasa o nula representación electoral.

[30] La ayuda financiera al  PSOE provino del entorno de la Internacional Socialista, como partidos, sindicatos y fundaciones. La Fundación Ebert, ligada al SPD, fue, al parecer, la más importante (Powell, 1993).

[31] El proceso de unificación y absorción de los distintos grupos socialistas dispersos se hizo progresivamente, aunque en 1977 la mayoría logró presentarse junta en las elecciones con las siglas del PSOE. Una buena parte de estos partidos estaban agrupados en la llamada Federación de Partidos Socialistas (Cataluña, Madrid, Aragón, Valencia, etc.), aunque el Partido Socialista de Andalucía no se integró nunca. Este partido y el PSP llegaron a presentarse juntos en Andalucía en 1977, y del último la mayoría de sus militantes, con Tierno Galván a la cabeza, acabaría integrándose al año siguiente en el PSOE. Ver Lago Peñas (2000).

[32] Con motivo del Centenario de la fundación del PSOE de 1979, que tenía el lema de “100 años de historia”, Ramón Tamames, entonces dirigente del PCE, le añadió la coletilla de “y 40 de vacaciones”.

[33] Manuel Vázquez Montalbán, en su novela El pianista, describe una conversación entre dos de los personajes, uno socialista y otro antiguo maoísta, acerca de la ayuda en el reparto de propaganda del primero, porque no tenían militantes para hacerlo. 

[34] En las instrucciones de clandestinidad del  PTE y la JGR estaba el hacerse con ejemplares de El Socialista, como muestra de interés por informarse políticamente y poder burlar así la posible implicación de propaganda ilegal. 

[35] Son numerosas las alusiones que se han hecho sobre este aspecto. Powell (1993) ha destacado las presiones que recibieron los gobiernos españoles desde principios de la década de los setenta desde la embajada alemana sobre detenciones de dirigentes  socialistas o la concesión de un pasaporte a Felipe González.

[36] Sverlo (2000). En su libro Un rey golpe a golpe cita a Julio Feo como de esos personajes formados en EEUU. Se trataba del coordinador de las campañas electorales del PSOE entre 1977 y 1986, y que llegó a ser también el secretario de la Presidencia con Felipe González entre 1982 y 1986. Este mismo personaje ha escrito unas memorias con el título Aquellos años (1993). García-Trevijano (1994) ha llegado a escribir de “pactos inconfesables, impulsados desde Washington y Bonn”.

[37] Se trataba de Carlos Ferret Salat (primer presidente de la CEOE), José Antonio Segurado (presidente de la patronal de Madrid), Luis Mª Anson (director de ABC vinculado a Juan Carlos desde su cercanía a su padre), José Vilá Marsans (empresario), Claudio Boada (banquero), Carlos March (banquero), Jaime Carvajal y Urquijo (hombre de confianza de Juan Carlos) , Ramón Trías Fargas (empresario y dirigente del partido nacionalista catalán EDC), Pedro Schwartz (economista neoliberal), Alfonso Osorio (político relevante de la transición que nadó entre AP y UCD), Antonio Garrigues Walker (empresario, hijo del ministro de Exteriores del primer gobierno de Juan Carlos y hermano de Luis, de la oposición moderada y ministro de UCD), Antonio Pedrol (presidente del Colegio de Abogados) y José Antonio Cerón (empresario). Ver Grimaldos (2006).

[38] Fernández Buey ha hecho referencia a un “célebre informe” de la Trilateral que apuntaba a la “ingobernabilidad de las democracias” y los riesgos del acceso al gobierno de los partidos comunistas en los países occidentales (2006).

[39] Ruiz García (1978).

[40] La presión de EEUU sobre Portugal estuvo detrás, entre otros episodios, con el intento de golpe de estado del general de Spinola en marzo de 1975 o las maniobras de la OTAN frente a las costas portuguesas en el primer semestre de ese mismo año. La opción por Mario Soares frente a los gobiernos de Vasco Gonçalves, apoyados por el PCP, fue defendida por los aliados europeos de EEUU, pero  no fue contemplada por éstos hasta pasados unos años (Lowe, 1986).

[41] La intervención de la CIA en la dimisión de Suárez y en el golpe del 23 F ha parecido a algunos autores clara, con la intención, en el primer caso, de quitarse un gobernante incómodo que era acusado de veleidades tercermundistas, por sus relaciones con la OLP o Castro, o de falta de decisión en la entrada de España en la OTAN (Grimaldos, Sverlo...).

[42] López Arnal (2007). Las declaraciones las realizó el ex dirigente de UCD en una tertulia de vespertina en la cadena SER del día 14 de junio de 2007. Estaba acompañado de Santiago Carrillo, compañero habitual de dicha tertulia, quien le preguntó: “Miguel, ¿y tú te sientes bien por esta planificación electoral, por este diseño que no aspiraba a un mapa representativo, sino sobre todo a marginar u orillar al Partido Comunista de España?”. Miguel Herrero, vacilante, respondió afirmativamente, justificándolo por el resultado final que tuvo el proceso de transición.

[43]  Calvo-Sotelo (2007), en una entrevista publicada en el diario El Mundo con motivo del 30 aniversario de las elecciones de 1977. El ex presidente de gobierno, en las elecciones de 1977 coordinador de la coalición UCD, contestó en un momento: “Nos dijimos: ‘Vamos a dar dinero a éstos, que están muy débiles, para que no se los coma el PCE’”. En otro momento, ante la pregunta del periodista sobre cómo fue la ayuda, remachó: “Había muchas fórmulas legales: subvenciones, ayudas, ministerios que tenían dinero para estas cosas, como Presidencia, los sindicatos [verticales]… Había cantidades utilizables de una manera seria y no prevaricadora. Muchos decían: ‘Ojo con el Partido Comunista’. Por lo tanto, ‘atendamos a la izquierda razonable, que es la izquierda socialista’”.

[44] El sistema electoral español para el Congreso, ratificado con la Ley de 1985, se define como un modelo proporcional de baja magnitud, que confiere un índice de proporcionalidad menor al de otros países. En 1977 fue del 81%, cuando en países como Alemania, Austria o Dinamarca casi llegaba al 98%. Ver Monzón (2005).

[45] Los países occidentales que tenían mayor número de escaños eran Reino Unido (651), Italia (630), Francia (577) y EEUU (435); con un número similar estaba Suecia (349). Ver Abreu (2003).

[46] Entre las personas que trabajaron en el diseño del sistema electoral estaban Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Óscar Alzaga, Landelino Lavilla, entre otras. Al parecer fue el propio Herrero de Miñón el que así lo ha reconocido (López Arnal, 2007). Calvo Sotelo (2007), por su parte, le concede la responsabilidad a Lavilla.

[47]  Lago y Montero (2005). Para estos autores esta manipulación, a la que ha denominado herestética, constó de dos fases: una, más sutil, tuvo lugar mientras se tramitaba la Ley para la Reforma Política y tenía como objetivo neutralizar a los procuradores de las Cortes franquistas; la otra, posterior al referéndum de dicha Ley, resultó fácil, en la medida que la preocupación de los grupos de la oposición era que se implantara el sistema mayoritario. 

[48] Óscar Alzaga ha calificado el sistema un tanto maquiavélico: “formalmente pactado entre el Gobierno predemocrático con las fuerzas de oposición, en realidad fue elaborado por estudiosos, entre los que tuve la fortuna de encontrarme” (Montero y otros, 1992; y Lago y Montero,  2005).

[49] Los dos extremos eran Soria y Madrid, donde a cada escaño le correspondían 33.500 y 141.200 habitantes, respectivamente.

[50] Calvo-Sotelo (2007) ha reconocido que él mismo propuso un nicho del 3% ó el 5%, lo que “fue razonablemente rechazado porque decían que se habrían levantado los periféricos, pero si hubiera una cosa parecida bien elaborada, qué duda cabe que sería mejor que lo que hay”.

[51] Entre estos senadores estaban Julián Marías, Camilo José Cela o Justino de Azcárate. 

[52]  Desde 1982, la UCD daría paso al PP. La ley electoral de 1985, diseñada por el gobierno del PSOE,  no alteraría los principios del decreto de 1977.

[53] André-Bazzana (2006).

[54] Cotarelo (compilador, 1992).

[55] Se han entresacado las circunscripciones que tenían 3 ó 4 escaños, que se correspondían con las siguientes provincias: Álava, Albacete, Ávila, Burgos, Cuenca, Guadalajara, Huesca, La Rioja, Lérida, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel y Zamora.

[56] El sistema era conocido como imperiali, con 32 circunscripciones plurinominales y la asignación de los restos desde una bolsa estatal, a la que se podía acceder siempre que se hubiera obtenido un 1,5% de los votos y un escaño en al  menos  una circunscripción.

[57]  En Portugal existía una mayor proporcionalidad en el reparto de escaños por circunscripción. Puede servir de ejemplo que en España las circunscripciones más altas (Madrid y Barcelona) disponían de 33 escaños, mientras que en Portugal la de Lisboa tenía 55 (Nohlen, 1998).

[58] En 1982 bajó al 29% y salvo 1989 y 2000, en que se acercó al 40%, en las demás ha estado entre el 22% y el 28% (Monzón, 2005).

[59] Los datos de 1977 provienen de la Junta Electoral Central y los de 1979 de Eduardo Espín (1979).

[60] Según declaraciones de Joaquín Aramburu, uno de sus principales dirigentes, que llegó a ser desde 1978 responsable de Organización (Laiz, Apéndice, 1993).

[61] El periodista Javier Ortiz (1996), entonces dirigente del MC, ha relatado lo siguiente: “Recuerdo una escena que puede servir a modo de ejemplo. Era la noche de las primeras elecciones generales a las que tanto el MC como el PTE y la ORT, los tres principales partidos de la extrema izquierda de la época, nos habíamos presentado con nuestras propias siglas (salvo en Euskadi, donde acudíamos dentro de Euskadiko Ezkerra). En el Palacio de Congresos de Madrid, donde se centralizaba la recepción de los votos, estábamos representantes de los tres partidos. La ORT y el PTE habían tirado la casa por la ventana durante la campaña, sus militantes se habían entrampado hasta las cejas y sus jefes estaban convencidos de que iban a sacar varios diputados. Nosotros habíamos hecho una campaña intensa, pero mucho más modesta. Al final, obtuvimos más o menos los mismos votos... y ningún diputado, cosa que nosotros nos tomamos con resignada naturalidad. Pero había que ver a los representantes de la ORT y el PTE: estaban hundidos; Paseaban por el Palacio de Congresos como almas en pena. Para nosotros, aquellas elecciones no eran más que otro episodio, relativamente secundario. Para ellos, aquella derrota fue un golpe mortal”.

[62] Prólogo de Cotarelo a la obra de Laiz (1995).

[63] Laiz (1995).

[64] Joaquín Aramburu, uno de los dirigentes del PTE y participante en las conversaciones ha declarado años después lo siguiente: “la gente que pertenecía al Comité central desconfiaba absolutamente de la ORT, de su capacidad de análisis político, de su orientación anterior; reconociendo, eso sí (...) que se trataba también de gente progresista, honesta y tal, pero que estaban equivocados, y yo creo que ellos también lo pensaban de nosotros, pensaban que nosotros estábamos totalmente desviados y que íbamos por un camino errado” (Laiz, apéndice, 1993).

[65] Pérez-Díaz (1996).

[66]  Tanto Alfredo González y Juan Pablo Calero (sf) como Julián Vadillo (sf) han resaltado el papel creciente de la CNT en los últimos años de la transición. Vadillo ha llegado a decir que la CNT era el tercer sindicato en afiliación, tras CCOO y UGT, con un número que oscilaba entre 250.000 y 300.000 personas. Recientemente Cañadas gascón ha escrito un libro sobre el “caso Scala” que, además de tratar el hecho, analiza los avances en la influencia social de la CNT.

[67] Pérez-Díaz y Maravall, entre otros.

[68] Buena parte de estos datos se pueden ver en Fishman (1984).

[69] Las reticencias iniciales del PSOE hacia unos pactos fraguados entre el gobierno y el PCE acabaron por diluirse ante el peligro de que se viera al primero como excesivamente radical, lo que le perjudicaría en las contiendas electorales. Era un “radicalismo” calculado, que tuvo otros ejemplos en la no negación de las banderas republicanas en sus actos públicos o en la votación contraria a la monarquía durante el debate constitucional. Hay una portada del periódico del PTE, La Unión del Pueblo, en el que se llegó a anunciar una alianza entre la UGT y la CSUT contra los Pactos de la Moncloa.

[70] Los datos se corresponden, respectivamente, a los items “los sindicatos deberían hacer intentado romper los topes” y “de hecho los rompieron”.

[71] La editorial Nuestra Cultura, vinculada al PTE, publicó un libro de Eduardo Barrenechea y Enrique Bustamante titulado Autonomías, y Madrid ¿qué?. 

[72] Manuel Estrada y Javier Echenagusía, dirigentes madrileños del PTE, han llegado a calificar años después esa propuesta como de “lucidez política” (Laiz, Apéndice, 1993).

[73] González y Calero (sf), Vadillo (sf) y Cañadas (2008).

[74] Castigo a los culpables, redactado por miembros de la ORT de Navarra, recoge esquemática y gráficamente lo ocurrido, con datos obtenidos por varias comisiones de información (Iturbe y otros, 1978).

[75]  Son muy conocidos los casos siguientes: del GRAPO,  Pío Moa; de OCE-BR, Celia Villalobos o Pilar del Castillo; del PTE, Joan Antón Sénchez Carreté o  Anna Mercadé; de la LCR,  Antonio Fernández Teixidó; del FLP,  César Alonso de los Ríos, Carmen Iglesias, José Pedro Pérez Llorca o José Luis Leal; de ETA, Mikel Azurmendi o Jon Juaristi; del PCE VIII Congreso, Eliseo Bayo; del PCE/PSUC, Josep Piqué, Ana Virulés, José Carlos Mauricio, Ramón Tamames, Gabriel Albiac, Antonio Burgos, Fernando Sánchez Dragó, Carlos Semprum, Federico Jiménez Losantos...; del anarquismo, Luis Racionero, Karmele Marchante... En muchos casos, con pasos previos por otros grupos más moderados que los iniciales (PCE, PSOE, EE...), llegando, en ocasiones, a verdaderas situaciones rocambolescas.

[76] Boltanski y Chiapello (2002, p. 71 y ss.)

[77]  Garcés (1996). El autor alude al concepto acuñado durante la presidencia de Jimmy Carter en EEUU.

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