Ayer se celebraron las elecciones a una nueva Asamblea Constituyente. Resulta evidente la actitud violenta mantenida por los grupos de oposición, que las han boicoteado y, allá donde han podido, han destruido las mesas de votación. Aun con ello, la participación ha sido alta. Más de lo esperado.
Aún faltan los datos oficiales definitivos, los que corresponden al Consejo Nacional Electoral, pero han superado los ocho millones de personas. La oposición, sin embargo, la ha minimizado, llevándola a un 11%, que sería algo así como que ha habido alrededor de dos millones de votantes. Hace una semana, en el simulacro de consulta que la oposición organizó contra el gobierno venezolano, se anunció apresuradamente una participación de más de siete millones, sin que se sepa cómo se validaron los datos.
Una de los aspectos que más se han resaltado de la jornada electoral de ayer ha sido la violencia habida y, por supuesto, la que pretendidamente han ejercido las fuerzas policiales. Ya a primera hora del día se conoció el asesinato de un candidato del PSUV, al que apenas se han referido los medios de comunicación del sistema. Pronto se fueron sucediendo imágenes de disturbios y muertes, todas a cargo de las fuerzas policiales y simpatizantes del gobierno. Una de las imágenes, que ha sido portada de numerosos medios, incluidos algunos españoles, está relacionada con la explosión de un vehículo en Caracas, que además estaba rodeado por policías sobre motocicletas. Se ha presentado como un acto más de la violencia gubernamental. Pero en realidad se ha tratado de un acto contra un vehículo de la Guardia Nacional Bolivariana, cuyos ocupantes resultaron heridos tras el lanzamiento de una bomba incendiaria.
Ésa es la información que nos ofrecen. La que consume la mayor parte de la gente. Muestra, una vez más, de la dictadura del capital y sus medios.
Historia, política, sociología, arte, música, geografía, literatura, pensamiento...
lunes, 31 de julio de 2017
Lo que está por ver en el PSOE y en Pedro Sánchez
La victoria de Pedro Sánchez en las elecciones primarias tiene varias vertientes. Y también, varias lecturas. Al margen de la derrota de quienes se habían agrupado en torno a la gestora, están por ver varias cosas todavía.
Una son las repercusiones electorales, que, según se desprende de los sondeos que se están publicando, parece que en términos generales el PSOE estaría conociendo una recuperación electoral y que lo haría a costa de Unidos Podemos.
Otra es la política de pactos, donde Sánchez y su gente están apostando por un escoramiento hacia el espacio de la izquierda y con ello un acercamiento hacia Unidos Podemos. Lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha, donde el barón antisanchista Emiliano García Page ha ofrecido un pacto de gobierno a Podemos, es una clara muestra de la preferencia por esa orientación hacia la izquierda.
Está también el posicionamiento ante el problema territorial en el estado. Rechazada la apuesta soberanista y del referéndum de octubre en Cataluña, Sánchez está apostando fuerte por la declaración formal de un estado plurinacional, en la línea del PSC, y de España como nación de naciones.
No falta su programa económico, que es donde más cauto, cuando no callado, se está mostrando. Más allá de su oposición retórica a la política del gobierno, no hay apenas concreciones, excepto quién es el responsable en materia económica del partido: el social-liberal Jordi Sevilla, que ya lo fuera con José Luis Rodríguez Zapatero.
Y está, pro supuesto, Andalucía, la taifa de Susana Díaz, que, lejos de rendirse, sigue con su pulso a Sánchez. Un territorio fuertemente controlado por ella y el aparato que la mantiene, lo que da una medida de la naturaleza de su poder: fue donde obtuvo más avales que votos en las primarias, y donde ha congregado una mayoría aplastante en el congreso recién celebrado.
Y fue precisamente ayer, durante los momentos finales del Congreso del PSOE- A, cuando se han escenificado las diferencias entre ambas figuras, que pueden ser las bases de futuros enfrentamientos. Las palabras de Díaz acerca de que "sólo te pido que no me obligues a tener que decidir entre dos lealtades" son altamente elocuentes. Porque, fuera de la retórica de las virtudes de su partido y el orgullo de su pasado, implícitamente se ha decantado por la lealtad andaluza-española. Dicho así, podría ser una frase no tan descabellada. El problema es que esa opción, también retórica, esconde una concepción política concreta, la de seguir siendo parte del sistema en todas sus vertientes: económica, política, territorial, internacional...
Ya he contado en reiteradas ocasiones el papel que jugó Díaz en la fulminación del pacto de gobierno con IU, en el descabezamiento del propio Sánchez... La rivalidad política que mantiene en Andalucía con el PP no va más allá que la que se desprende de controlar la administración autonómica y la red clientelar que le permite hacerlo. No digo que para hacer lo mismo en todo, pues ya sabemos que el PP va más allá en determinadas cosas (como las privatizaciones de servicios, el recorte o negación de derechos civiles, la negación de la memoria de las víctimas del franquismo...), pero sí para coincidir en lo sustancial. Y de eso hay muchos ejemplos, como la monarquía española, las relaciones con la banquera Botín, los eventos religiosos, el Canal Sur, las relaciones con el monarca marroquí, etc.
El futuro de Pedro Sánchez está por ver. Es cierto que con él el PSOE ha recuperado protagonismo. También, que está horadando en el electorado perdido que se fue a Podemos, lo que le permite aproximarse al PP, pero gracias también al trasvase de votos de éste hacia Ciudadanos. El mismo partido que ya firmó un acuerdo con el PSOE de Sánchez hace año y medio.
Una son las repercusiones electorales, que, según se desprende de los sondeos que se están publicando, parece que en términos generales el PSOE estaría conociendo una recuperación electoral y que lo haría a costa de Unidos Podemos.
Otra es la política de pactos, donde Sánchez y su gente están apostando por un escoramiento hacia el espacio de la izquierda y con ello un acercamiento hacia Unidos Podemos. Lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha, donde el barón antisanchista Emiliano García Page ha ofrecido un pacto de gobierno a Podemos, es una clara muestra de la preferencia por esa orientación hacia la izquierda.
Está también el posicionamiento ante el problema territorial en el estado. Rechazada la apuesta soberanista y del referéndum de octubre en Cataluña, Sánchez está apostando fuerte por la declaración formal de un estado plurinacional, en la línea del PSC, y de España como nación de naciones.
No falta su programa económico, que es donde más cauto, cuando no callado, se está mostrando. Más allá de su oposición retórica a la política del gobierno, no hay apenas concreciones, excepto quién es el responsable en materia económica del partido: el social-liberal Jordi Sevilla, que ya lo fuera con José Luis Rodríguez Zapatero.
Y está, pro supuesto, Andalucía, la taifa de Susana Díaz, que, lejos de rendirse, sigue con su pulso a Sánchez. Un territorio fuertemente controlado por ella y el aparato que la mantiene, lo que da una medida de la naturaleza de su poder: fue donde obtuvo más avales que votos en las primarias, y donde ha congregado una mayoría aplastante en el congreso recién celebrado.
Y fue precisamente ayer, durante los momentos finales del Congreso del PSOE- A, cuando se han escenificado las diferencias entre ambas figuras, que pueden ser las bases de futuros enfrentamientos. Las palabras de Díaz acerca de que "sólo te pido que no me obligues a tener que decidir entre dos lealtades" son altamente elocuentes. Porque, fuera de la retórica de las virtudes de su partido y el orgullo de su pasado, implícitamente se ha decantado por la lealtad andaluza-española. Dicho así, podría ser una frase no tan descabellada. El problema es que esa opción, también retórica, esconde una concepción política concreta, la de seguir siendo parte del sistema en todas sus vertientes: económica, política, territorial, internacional...
Ya he contado en reiteradas ocasiones el papel que jugó Díaz en la fulminación del pacto de gobierno con IU, en el descabezamiento del propio Sánchez... La rivalidad política que mantiene en Andalucía con el PP no va más allá que la que se desprende de controlar la administración autonómica y la red clientelar que le permite hacerlo. No digo que para hacer lo mismo en todo, pues ya sabemos que el PP va más allá en determinadas cosas (como las privatizaciones de servicios, el recorte o negación de derechos civiles, la negación de la memoria de las víctimas del franquismo...), pero sí para coincidir en lo sustancial. Y de eso hay muchos ejemplos, como la monarquía española, las relaciones con la banquera Botín, los eventos religiosos, el Canal Sur, las relaciones con el monarca marroquí, etc.
El futuro de Pedro Sánchez está por ver. Es cierto que con él el PSOE ha recuperado protagonismo. También, que está horadando en el electorado perdido que se fue a Podemos, lo que le permite aproximarse al PP, pero gracias también al trasvase de votos de éste hacia Ciudadanos. El mismo partido que ya firmó un acuerdo con el PSOE de Sánchez hace año y medio.
sábado, 29 de julio de 2017
Con Venezuela y su gobierno revolucionario
EEUU se distrajo a finales del siglo XX en América Latina. Después de tener el continente controlado tras sus sucesivas intervenciones directas e indirectas por el sur y el por centro durante las décadas de los setenta y ochenta, con los mandatos de Bill Clinton y George Bush jr. se centró en otras parte del mundo. Eso permitió que una nueva oleada de resistencia popular emergiera con fuerza. Una oleada liberadora, pero de nuevo tipo, que, sin olvidar la movilización y autoorganización, puso el acento en la participación política electoral e institucional.
Y en ello jugó un papel importante el movimiento bolivariano en Venezuela, con Hugo Chávez al frente, que fue capaz de crear un poderoso referente político para el resto de países. Los cambios políticos producidos en otros países, que no fueron iguales en todos los aspectos, tuvieron como elemento común la recuperación de la soberanía nacional frente a los poderes extranjeros, especialmente del imperio estadounidense. El grado de autonomía de los nuevos gobiernos con respecto a las viejas oligarquías fue diverso, pero en los casos donde fue menor, como ocurrió en Brasil, al menos se consiguieron ciertas conquistas que mejoraron las condiciones de vida de los sectores sociales más desfavorecidos.
Fue en Venezuela donde se llegó más lejos en todos los aspectos. En su distanciamiento con el imperio, en su pulso con la oligarquía económica y sus medios de comunicación, y en el intento de atraer al máximo de sectores sociales. Fue capaz de sofocar en los primeros años el golpe de estado auspiciado por el imperio y apoyado por gobernantes europeos, como hizo José Mª Aznar. Y también capaz de levantar un edificio político-institucional nuevo, revalidado sucesivamente por elecciones y referendos. Sentó las bases de una sociedad donde quienes no habían tenido nada vieron aumentar sus salarios y garantizar los productos básicos, y pudieron acceder a derechos sociales como la la educación y la salud. Una sociedad donde la riqueza se redistribuía hacia quienes, relegados a la miseria desde siglos, iban sintiendo que eran personas dignas.
Venezuela dispone de algo muy preciado: petróleo. Si hasta 1999 sus rentas y dividendos se habían quedado en manos de la oligarquía y se aprovechaban algunos sectores sociales intermedios, desde ese momento los enormes recursos económicos se pudieron al servicio de favorecer la redistribución de la riqueza. Y eso, por supuesto, no se lo iban a perdonar ni la oligarquía ni el imperio. Éste, que ha vuelto a mirar al continente que siempre consideró como propio y patio trasero, sabe del valor estratégico del petróleo. El mismo que le ha llevado a provocar guerras por todo el mundo y amenazar a países.
Lo que está ocurriendo en Venezuela es muy grave. Alejado su proceso revolucionario bolivariano y sus líderes de la aureola que otros procesos revolucionarios tuvieron, da la sensación que se encuentra solo. La insistencia machacona de los medios de comunicación del sistema por deformar la realidad, ayuda mucho. Venezuela como teme tiene tanta importancia, que desde dichos medios y desde los partidos de la derecha, e incluso el PSOE, se utiliza su nombre como un mantra diabólico. Maduro, violencia y dictadura forman parte de un todo demonizado, a la vez que la oposición es mostrada como paradigma de la libertad y la democracia.
Defender al gobierno venezolano y al proceso revolucionario que lo sustenta no tiene por qué comportar vergüenza. Si logra salir adelante, será provechoso para la mayor parte de la población del país y para los otros países del continente. Si fracasa, que lo será principalmente por culpa de quienes siempre mandaron y condenaron a la mayoría a los infiernos de la Tierra, acabará siendo motivo de lamentaciones.
Y en ello jugó un papel importante el movimiento bolivariano en Venezuela, con Hugo Chávez al frente, que fue capaz de crear un poderoso referente político para el resto de países. Los cambios políticos producidos en otros países, que no fueron iguales en todos los aspectos, tuvieron como elemento común la recuperación de la soberanía nacional frente a los poderes extranjeros, especialmente del imperio estadounidense. El grado de autonomía de los nuevos gobiernos con respecto a las viejas oligarquías fue diverso, pero en los casos donde fue menor, como ocurrió en Brasil, al menos se consiguieron ciertas conquistas que mejoraron las condiciones de vida de los sectores sociales más desfavorecidos.
Fue en Venezuela donde se llegó más lejos en todos los aspectos. En su distanciamiento con el imperio, en su pulso con la oligarquía económica y sus medios de comunicación, y en el intento de atraer al máximo de sectores sociales. Fue capaz de sofocar en los primeros años el golpe de estado auspiciado por el imperio y apoyado por gobernantes europeos, como hizo José Mª Aznar. Y también capaz de levantar un edificio político-institucional nuevo, revalidado sucesivamente por elecciones y referendos. Sentó las bases de una sociedad donde quienes no habían tenido nada vieron aumentar sus salarios y garantizar los productos básicos, y pudieron acceder a derechos sociales como la la educación y la salud. Una sociedad donde la riqueza se redistribuía hacia quienes, relegados a la miseria desde siglos, iban sintiendo que eran personas dignas.
Venezuela dispone de algo muy preciado: petróleo. Si hasta 1999 sus rentas y dividendos se habían quedado en manos de la oligarquía y se aprovechaban algunos sectores sociales intermedios, desde ese momento los enormes recursos económicos se pudieron al servicio de favorecer la redistribución de la riqueza. Y eso, por supuesto, no se lo iban a perdonar ni la oligarquía ni el imperio. Éste, que ha vuelto a mirar al continente que siempre consideró como propio y patio trasero, sabe del valor estratégico del petróleo. El mismo que le ha llevado a provocar guerras por todo el mundo y amenazar a países.
Lo que está ocurriendo en Venezuela es muy grave. Alejado su proceso revolucionario bolivariano y sus líderes de la aureola que otros procesos revolucionarios tuvieron, da la sensación que se encuentra solo. La insistencia machacona de los medios de comunicación del sistema por deformar la realidad, ayuda mucho. Venezuela como teme tiene tanta importancia, que desde dichos medios y desde los partidos de la derecha, e incluso el PSOE, se utiliza su nombre como un mantra diabólico. Maduro, violencia y dictadura forman parte de un todo demonizado, a la vez que la oposición es mostrada como paradigma de la libertad y la democracia.
Defender al gobierno venezolano y al proceso revolucionario que lo sustenta no tiene por qué comportar vergüenza. Si logra salir adelante, será provechoso para la mayor parte de la población del país y para los otros países del continente. Si fracasa, que lo será principalmente por culpa de quienes siempre mandaron y condenaron a la mayoría a los infiernos de la Tierra, acabará siendo motivo de lamentaciones.
La declaración de Rajoy ante el juez y los favores recibidos
No he seguido al detalle la declaración de Mariano Rajoy como testigo ante el tribunal de justicia sobre la trama Gürtel. Pero visto, oído y leído lo que creo suficiente, fue un cachondeo. Como suele ser en él, evadiéndose a su mundo. Como suele serlo con la gente con la que se trata o se ha tratado de su partido, diciendo que sabe nada. Como suele ser norma entre quienes gobiernan en nombre de los poderes (del estado, económicos, judiciales, de los medios de comunicación...), cumpliendo con el papel que le corresponde. Es decir, toda una muestra de la impunidad con la que actúan. En nombre de la ley, del estado de derecho o de lo que sea, con tal de salir como si nada hubiera ocurrido.
Y a todo ello se une el favoritismo del presidente del tribunal en cuestión. Un tal Ángel Hurtado, muy receloso por frenar las cuestiones que los abogados de la acusación planteaban y pudieran molestar al actual jefe de gobierno, máximo dirigente de su partido durante el momento por el que se juzgan los hechos y todavía en la actualidad. Como iba como testigo, no procedían determinadas preguntas de las que pudieran derivarse posibles incriminaciones. De eso se deriva que para el susodicho juez no importa cuál era el cargo orgánico de Rajoy en su partido, aunque fuera el más elevado, sobre, por ejemplo, hechos como haber cobrado sobresueldos, disponer su partido de una contabilidad doble (o múltiple), haber destruido pruebas, haber protegido durante un tiempo a Luis Bárcenas, etc. Él, como varios de sus secretarios generales y altos cargos de su partido, no sabía nada, ni le consta que se hayan cometido irregularidades o delitos, o simplemente no se acuerda.
Post scriptum
En distintos medios, como eldiario.es o Público, puede leerse la declaración completa Mariano Rajoy. En eldiario.es se pueden leer por separado también las respuestas evasivas que dio. Público, por su parte, ha destacado cuáles han sido las preguntas que el presidente del tribunal no quiso que respondiera.
Y a todo ello se une el favoritismo del presidente del tribunal en cuestión. Un tal Ángel Hurtado, muy receloso por frenar las cuestiones que los abogados de la acusación planteaban y pudieran molestar al actual jefe de gobierno, máximo dirigente de su partido durante el momento por el que se juzgan los hechos y todavía en la actualidad. Como iba como testigo, no procedían determinadas preguntas de las que pudieran derivarse posibles incriminaciones. De eso se deriva que para el susodicho juez no importa cuál era el cargo orgánico de Rajoy en su partido, aunque fuera el más elevado, sobre, por ejemplo, hechos como haber cobrado sobresueldos, disponer su partido de una contabilidad doble (o múltiple), haber destruido pruebas, haber protegido durante un tiempo a Luis Bárcenas, etc. Él, como varios de sus secretarios generales y altos cargos de su partido, no sabía nada, ni le consta que se hayan cometido irregularidades o delitos, o simplemente no se acuerda.
Post scriptum
En distintos medios, como eldiario.es o Público, puede leerse la declaración completa Mariano Rajoy. En eldiario.es se pueden leer por separado también las respuestas evasivas que dio. Público, por su parte, ha destacado cuáles han sido las preguntas que el presidente del tribunal no quiso que respondiera.
miércoles, 26 de julio de 2017
El campo de concentración de Castuera (Badajoz)
Por
allí pasaron miles de presos republicanos, pero no se sabe el número
exacto. Sí, que cabían alrededor de 8.000 en los 80 barracones de
madera que se construyeron, donde iban entrando y saliendo
ininterrumpidamente para ser clasificados y explotados, hasta que se
decidía su destino. Si no quedaban libres, podía ser la cárcel o
la muerte. Pero esa muerte que lleva a no saber dónde quedan
enterrados los muertos.
Situado
en un extenso erial llano, entre la mina Gamonita y las faldas de la
sierra de Castuera, fue construido cuando acabó la guerra y apenas
estuvo funcionando un año. Era el corazón de una comarca, la Serena pacense, que fue utilizada como muestra de lo que se pretendía. Fue por ello eficaz en su función de clasificar,
enviar a la muerte a no se sabe cuánta gente y en propagar el miedo
que debían arrastar quienes por allí pasaron, sus familiares y los
habitantes de los lugares más o menos próximos.
Hoy apenas queda nada. La peana donde se colocaba la "cruz de los caídos" y desde donde cada día el cura lanzaba sus arengas terrenales mientras prometía que en el cielo todo se arreglaba. Algunos restos de los pozos de agua. El castillete de la mina, que, aunque sito en lo que estaba fuera del recinto alambrado, era donde estaba instalada la burocracia del campo de concentración. Y queda también la huella del perímetro del campo, que solo es visible desde el aire.
Hace unos años fue declarado "lugar de la memoria" por la Junta de Extremadura. Pero allí no se ha hecho nada. Es un recinto privado rodeado de una cerca de alambre. No hay ninguna alusión a lo que ocurrió, salvo una pintada furtiva impresa en una de las paredes del castillete que reza "No perdón. No olvido" y los restos de un ramo de flores que cuelgan de otra.
Dentro
de lo que fue el campo, junto a uno de los pozos, me llamó ver en el
suelo trozos rotos de mármol. Quizás restos de una placa
conmemorativa destruida. Lo mismo que se intentó hacer, por los siglos de los siglos, con la
memoria.
Post scriptum
Puede ampliarse la información en las siguientes fuentes:
"Campo de concentración franquista de Castuera", en el blog de de Juan Carlos Doncel.
La pesadilla de Castuera Badajoz, documental emitido por la cadena 2 de TVE.
Campo de concentración de Castuera. El fantasma de la represión, documental emitido por Canal Extremadura
Post scriptum
Puede ampliarse la información en las siguientes fuentes:
"Campo de concentración franquista de Castuera", en el blog de de Juan Carlos Doncel.
La pesadilla de Castuera Badajoz, documental emitido por la cadena 2 de TVE.
Campo de concentración de Castuera. El fantasma de la represión, documental emitido por Canal Extremadura
sábado, 22 de julio de 2017
Rif 1921. Una historia olvidada, una película de Manuel Hornillo
Ayer estuve viendo en Zahara de los Atunes la película Rif 1921. Una historia olvidada. El acto estuvo organizado por la Entidad Local Autónoma, con Agustín Conejo Medina al frente, y contó con la presencia de su director, Manuel Hornillo, que nos ofreció al final de la proyección la posibilidad de un coloquio, lo que resultó muy interesante.
La película fue hecha en 2008, tiene música de Jesús García y ha contado con la colaboración de Imanol Arias, que actúa como narrador. Por el propio director supimos que la base del guión la realizó en el mismo Zahara o que las escenas fueron rodadas en las ciudades de Tetuán, Nador y Melilla, o en los parajes donde tuvo lugar la Guerra del Rif.
A lo largo de unos 80 minutos nos podemos adentrar en la colonización española del Rif, la región norte del actual Marruecos. Un territorio montañoso, enclavado en la cordillera del Atlas, donde los grupos humanos allí asentados sobre la base de cabilas tribales mantenían una una cultura milenaria, conocida como bereber o también tamazig. Grupos humanos que, como ocurrió en todo el continente africano, sufrieron la invasión europea y con ella la sumisión, la explotación y la violencia física. Un lugar donde cada año iban llegando destacamentos militares formados por generales, jefes y oficiales deseosos de hacer carrera y, si podían, enriquecerse, y unos soldados incautos, obligados a "sortear la muerte durante tres años".
El eje de la película es el conocido como Desastre de Annual, que tuvo lugar el 21 de julio de 1921. Un episodio que llenó en su día de oprobio a quienes dirigían el país y el ejército. Que tuvo como responsable directo al (irresponsable) general Manuel Fernández Silvestre, que acabó llevando a la muerte a miles de soldados, oficiales y hasta él mismo (¿7.000, 10.000...?). Que tuvo la implicación del monarca Alfonso XIII y su camarilla. Que logró ser burlado del control parlamentario hasta 1923, para lo que se elaboró el conocido como expediente Picasso, y que luego, con Primo de Rivera, acabó desapareciendo. Que intentó ser borrado de la memoria, cosa que no se ha logrado, como lo prueba la película
El relato parte de principios del siglo XX y continúa con lo sucedido en los años siguientes. Con la continuación de la guerra de Melilla, los acuerdos de la Conferencia de Algeciras de 1905, la matanza del Barranco del Lobo de 1909 ("las bofetadas que nos daban no se notaban en Madrid"), la formación del protectorado en 1912, la relación con Primera Guerra Mundial... Y acaba con las contraofensivas militares españolas hasta llegar al punto culminante del Desembarco de Alhucemas de 1925 y la derrota de la insurrección rifeña que había estado dirigiendo Abd el-Krim hasta 1927.
Y en medio de todo, la muerte. De indígenas del Rif y de soldados españoles. Y la corrupción. De oficiales, jefes y generales, de funcionarios coloniales, de empresarios, de jefes políticos, del monarca... todos españoles, por supuesto. Y el imperialismo, en su forma colonial. El español, pero también el francés, el británico o el alemán, con sus juegos de presiones, repartos, controles e invasiones.
Rif 1921. Una historia olvidada es una película donde se mezclan el documental, la ficción, el docudrama y la presencia de historiadoras e historiadores, que aportan la información necesaria para ayudar a comprender un acontecimiento de un periodo de nuestra historia no tan lejano. El momento y el lugar donde acabaron forjándose esa panda siniestra de militares, a los que se llamaba entonces como africanistas, que protagonizaron en 1936 el golpe que nos llevó a la crueldad de una guerra de tres años y una dictadura de cuatro décadas.
A lo largo de unos 80 minutos nos podemos adentrar en la colonización española del Rif, la región norte del actual Marruecos. Un territorio montañoso, enclavado en la cordillera del Atlas, donde los grupos humanos allí asentados sobre la base de cabilas tribales mantenían una una cultura milenaria, conocida como bereber o también tamazig. Grupos humanos que, como ocurrió en todo el continente africano, sufrieron la invasión europea y con ella la sumisión, la explotación y la violencia física. Un lugar donde cada año iban llegando destacamentos militares formados por generales, jefes y oficiales deseosos de hacer carrera y, si podían, enriquecerse, y unos soldados incautos, obligados a "sortear la muerte durante tres años".
El eje de la película es el conocido como Desastre de Annual, que tuvo lugar el 21 de julio de 1921. Un episodio que llenó en su día de oprobio a quienes dirigían el país y el ejército. Que tuvo como responsable directo al (irresponsable) general Manuel Fernández Silvestre, que acabó llevando a la muerte a miles de soldados, oficiales y hasta él mismo (¿7.000, 10.000...?). Que tuvo la implicación del monarca Alfonso XIII y su camarilla. Que logró ser burlado del control parlamentario hasta 1923, para lo que se elaboró el conocido como expediente Picasso, y que luego, con Primo de Rivera, acabó desapareciendo. Que intentó ser borrado de la memoria, cosa que no se ha logrado, como lo prueba la película
El relato parte de principios del siglo XX y continúa con lo sucedido en los años siguientes. Con la continuación de la guerra de Melilla, los acuerdos de la Conferencia de Algeciras de 1905, la matanza del Barranco del Lobo de 1909 ("las bofetadas que nos daban no se notaban en Madrid"), la formación del protectorado en 1912, la relación con Primera Guerra Mundial... Y acaba con las contraofensivas militares españolas hasta llegar al punto culminante del Desembarco de Alhucemas de 1925 y la derrota de la insurrección rifeña que había estado dirigiendo Abd el-Krim hasta 1927.
Y en medio de todo, la muerte. De indígenas del Rif y de soldados españoles. Y la corrupción. De oficiales, jefes y generales, de funcionarios coloniales, de empresarios, de jefes políticos, del monarca... todos españoles, por supuesto. Y el imperialismo, en su forma colonial. El español, pero también el francés, el británico o el alemán, con sus juegos de presiones, repartos, controles e invasiones.
Rif 1921. Una historia olvidada es una película donde se mezclan el documental, la ficción, el docudrama y la presencia de historiadoras e historiadores, que aportan la información necesaria para ayudar a comprender un acontecimiento de un periodo de nuestra historia no tan lejano. El momento y el lugar donde acabaron forjándose esa panda siniestra de militares, a los que se llamaba entonces como africanistas, que protagonizaron en 1936 el golpe que nos llevó a la crueldad de una guerra de tres años y una dictadura de cuatro décadas.
miércoles, 19 de julio de 2017
Hacer Historia y mantener la memoria de las víctimas del fascismo
Entre los días 17 y 19 de julio de 1936 se fueron sucediendo los pronunciamientos de las guarniciones militares que secundaron el golpe de estado organizado por Emilio Mola y sus secuaces. El día 17 lo inició la guarnición de Melilla y al día siguiente lo hicieron las de las ciudades más importantes del país, entre ellas Las Palmas de Gran Canaria, a donde se había desplazado desde Santa Cruz de Tenerife Francisco Franco, presto a viajar al continente africano en el avión Dragon Rapide. Fue por esta razón por la que el 18 de julio pasó a ser la fecha de referencia del régimen franquista, motivo de celebraciones, de fiesta y también de la célebre paga extra.
Pero no importa el día, sino lo que ocurrió a partir de ese momento. Lo primero, la represión inmediata y expeditiva, como se había establecido en las "instrucciones reservadas" elaboradas por Mola para su aplicación con la única cobertura escrita de los bandos de guerra. Eso de que "la acción ha de ser en extremo violenta". Para atemorizar, para paralizar. El baño de sangre que sobrevino fue una concatenación de situaciones, donde se sucedieron y superpusieron los bandos de guerra, la resistencia popular, la movilización de tropas por ambos bandos, las acciones expeditivas de uno y otro lado...
Un baño de sangre que se sigue pretendiendo evaluar en distintos ámbitos políticos, académicos y mediáticos desde la equidistancia. Repartiendo la responsabilidad a partes iguales. Pero no todo es así, claro está, porque sigue habiendo quienes mantienen una posición de denuncia de lo que se ocultó y se pretende que así siga. Del deslindamiento de quienes fueron responsables de un hecho criminal e hicieron pagar a sus víctimas como si fueran culpables. La Historia, como ciencia humana, nunca debe estar exenta de rigor, porque si no lo sería. Pero no tiene por dejar a un lado la pasión, que en ocasiones o con frecuencia, es lo mismo, aflora.
Recomiendo dos lecturas, de dos profesores universitarios que han escrito estos días sendos artículos sobre el estado de la cuestión en el tratamiento de la Guerra Civil en el campo de la historiografía: uno, publicado en El País, de Javier Moreno Luzón, titulado "Usos políticos de la Segunda República"; y el otro, aparecido en Público, de Pablo Sánchez León, "Los historiadores de la Segunda República y la Guerra del 36 que necesitamos (y los que no)". Tienen diferentes enfoques, que quizás ilustren a lo que antes aludí.
El primero, Moreno Luzón, considera que hay demasiado partidismo en el campo de la Historia. De las últimas dos décadas destaca el antagonismo creado entre el grupo de pseudohistoriadores –así los denomina- que buscaron reinterpretar lo ocurrido recuperando viejas ideas de historiadores franquistas y lo que pluraliza como movimientos memorialistas que reivindicaron la memoria republicana. No se olvida decir que el mundo de la academia se ha enriquecido por importantes aportaciones, en muchos casos reconocidas internacionalmente, pero critica, empero, que pecan de adscribirse a las facciones creadas. Por eso acaba su artículo con estas palabras: "La política maniquea pervierte el conocimiento de la historia, y este, como la calidad de nuestros debates, sale perdiendo".
Sánchez León se extiende más en su escrito y por ello pormenoriza más. Lo más importante es que defiende cosas que en el mundo de la academia se defiende poco. Reconoce la existencia de cambios en la investigación histórica del periodo que nos ocupa como consecuencia de la aportación y colaboración de otras disciplinas, como la antropología, la arqueología, la medicina forense o la jurisprudencia. Y critica que desde el campo histórico se han hecho pocos esfuerzos para formar parte de esa tarea colectiva. Tan pocos, que no se conocen historiadores o historiadoras relevantes que trabajen en colaboración con especialistas de otras disciplinas.
Pone de relieve el retraso existente en nuestro país. En parte paliado por la labor de historiadores o historiadoras que no pertenecen al mundo de la academia, pero que no han dudado en poner su conocimiento y su empeño en investigar por su propia iniciativa y allá donde existen demandas sociales para hacerlo. Que no han dudado tampoco en colaborar con quienes buscan los mismos objetivos. Así se entienden las palabras finales del artículo de Sánchez León: "Es otra la tarea que nos incumbe, y para ella sean bienvenidos también los artistas, los creadores, los periodistas, los ciudadanos de a pie, con el común acuerdo de acabar con el monopolio del relato de la guerra en manos de especialistas incautos, ególatras y que nos quieren seguir privando del derecho a conformarnos colectivamente de modo activo y consciente".
Hoy ha salido la noticia de una fosa común más, situada en Paterna (Valencia), con al menos medio centenar de cuerpos pertenecientes a personas fusiladas en 1940. Cada pocos días salen noticias relacionadas con localizaciones de fosas comunes, exhumaciones de cuerpos enterrados, exaltación de verdugos... Con ello cada día se va constatando que podemos conocer más cosas. Sin embargo, llama la atención no sólo el menosprecio de quienes han acogido como herencia las ideas de los vencedores de la guerra, sino la insensibilidad de quienes se creen gurús de la ciencia histórica. La misma gente que sigue empeñada en menospreciar la Memoria, anteponiéndola a la Historia. "Especialistas incautos, ególatras", en fin.
Pero no importa el día, sino lo que ocurrió a partir de ese momento. Lo primero, la represión inmediata y expeditiva, como se había establecido en las "instrucciones reservadas" elaboradas por Mola para su aplicación con la única cobertura escrita de los bandos de guerra. Eso de que "la acción ha de ser en extremo violenta". Para atemorizar, para paralizar. El baño de sangre que sobrevino fue una concatenación de situaciones, donde se sucedieron y superpusieron los bandos de guerra, la resistencia popular, la movilización de tropas por ambos bandos, las acciones expeditivas de uno y otro lado...
Un baño de sangre que se sigue pretendiendo evaluar en distintos ámbitos políticos, académicos y mediáticos desde la equidistancia. Repartiendo la responsabilidad a partes iguales. Pero no todo es así, claro está, porque sigue habiendo quienes mantienen una posición de denuncia de lo que se ocultó y se pretende que así siga. Del deslindamiento de quienes fueron responsables de un hecho criminal e hicieron pagar a sus víctimas como si fueran culpables. La Historia, como ciencia humana, nunca debe estar exenta de rigor, porque si no lo sería. Pero no tiene por dejar a un lado la pasión, que en ocasiones o con frecuencia, es lo mismo, aflora.
Recomiendo dos lecturas, de dos profesores universitarios que han escrito estos días sendos artículos sobre el estado de la cuestión en el tratamiento de la Guerra Civil en el campo de la historiografía: uno, publicado en El País, de Javier Moreno Luzón, titulado "Usos políticos de la Segunda República"; y el otro, aparecido en Público, de Pablo Sánchez León, "Los historiadores de la Segunda República y la Guerra del 36 que necesitamos (y los que no)". Tienen diferentes enfoques, que quizás ilustren a lo que antes aludí.
El primero, Moreno Luzón, considera que hay demasiado partidismo en el campo de la Historia. De las últimas dos décadas destaca el antagonismo creado entre el grupo de pseudohistoriadores –así los denomina- que buscaron reinterpretar lo ocurrido recuperando viejas ideas de historiadores franquistas y lo que pluraliza como movimientos memorialistas que reivindicaron la memoria republicana. No se olvida decir que el mundo de la academia se ha enriquecido por importantes aportaciones, en muchos casos reconocidas internacionalmente, pero critica, empero, que pecan de adscribirse a las facciones creadas. Por eso acaba su artículo con estas palabras: "La política maniquea pervierte el conocimiento de la historia, y este, como la calidad de nuestros debates, sale perdiendo".
Sánchez León se extiende más en su escrito y por ello pormenoriza más. Lo más importante es que defiende cosas que en el mundo de la academia se defiende poco. Reconoce la existencia de cambios en la investigación histórica del periodo que nos ocupa como consecuencia de la aportación y colaboración de otras disciplinas, como la antropología, la arqueología, la medicina forense o la jurisprudencia. Y critica que desde el campo histórico se han hecho pocos esfuerzos para formar parte de esa tarea colectiva. Tan pocos, que no se conocen historiadores o historiadoras relevantes que trabajen en colaboración con especialistas de otras disciplinas.
Pone de relieve el retraso existente en nuestro país. En parte paliado por la labor de historiadores o historiadoras que no pertenecen al mundo de la academia, pero que no han dudado en poner su conocimiento y su empeño en investigar por su propia iniciativa y allá donde existen demandas sociales para hacerlo. Que no han dudado tampoco en colaborar con quienes buscan los mismos objetivos. Así se entienden las palabras finales del artículo de Sánchez León: "Es otra la tarea que nos incumbe, y para ella sean bienvenidos también los artistas, los creadores, los periodistas, los ciudadanos de a pie, con el común acuerdo de acabar con el monopolio del relato de la guerra en manos de especialistas incautos, ególatras y que nos quieren seguir privando del derecho a conformarnos colectivamente de modo activo y consciente".
Hoy ha salido la noticia de una fosa común más, situada en Paterna (Valencia), con al menos medio centenar de cuerpos pertenecientes a personas fusiladas en 1940. Cada pocos días salen noticias relacionadas con localizaciones de fosas comunes, exhumaciones de cuerpos enterrados, exaltación de verdugos... Con ello cada día se va constatando que podemos conocer más cosas. Sin embargo, llama la atención no sólo el menosprecio de quienes han acogido como herencia las ideas de los vencedores de la guerra, sino la insensibilidad de quienes se creen gurús de la ciencia histórica. La misma gente que sigue empeñada en menospreciar la Memoria, anteponiéndola a la Historia. "Especialistas incautos, ególatras", en fin.
lunes, 17 de julio de 2017
El miedo a la autodeterminación (desde la izquierda)
Llevo varios días dando vueltas a esta entrada. La idea la tengo clara, no así la forma de concretarla: defiendo el derecho de autodeterminación y también, en lo fundamental, el proceso soberanista que se está llevando a cabo actualmente en Cataluña.
He escrito unas cuantas entradas en este cuaderno donde pueden leerse mis apreciaciones. Me atreví a escribir un artículo en 2013, publicado también en Rebelión, que titulé "A propósito de 'España y Cataluña': trescientos años de historia', de Josep Fontana", donde coincidía con los planteamientos del prestigioso historiador, aportando por mi parte lo que conocía del tema desde mis humildes lecturas.
También he leído mucho, sobre todo artículos de opinión de personas que considero que aportan argumentos serios. En su mayoría, del campo de la izquierda e indistintamente si son o no de Cataluña. Hay quienes defienden las dos cosas (resumiendo, la autodeterminación y el procés), quienes las rechazan o quienes, defendiendo la primera, rechazan la segunda.
En los periódicos Público, Rebelión y eldiario.es, o en las revistas sinpermiso y El viejo topo, por poner sólo unos pocos ejemplos, van apareciendo reflexiones muy interesantes. En esta ultima hay una entrevista de de Salvador López Arnal a Martín Alonso, "Para saber más y por qué, en la que se rechaza de lleno no sólo el procés, sino el mismo nacionalismo catalán, y se plantea además que la izquierda se ha dejado secuestrar por él, dejando al lado la opción federal. Ayer mismo pude leer otros, a modo de debate: uno, de Pau Llonch, "Una brizna de concreta realidad (carta a Alberto Garzón)", militante de la CUP; y otro, de Alberto Garzón, "La abstracta independencia de Cataluña: repuesta a Pau Llonch", coordinador federal de IU. Y hoy mismo lo he hecho con otro no menos interesante, esta vez de Alberto Arregui, miembro del Consejo Federal de IU, que lo ha titulado "Las gafas de Iglesias y Garzón y el 1-O: sobre el referéndum de Cataluña". Repito, le he dado muchas vueltas a este escrito, aunque finalmente me he decidido a publicarlo.
La autodeterminación es un derecho que tienen los pueblos para que libremente decidan sobre su futuro. Conlleva la opción de seguir dentro de un estado o separarse de él, unirse o no a otro estado, o conformar con otros territorios un nuevo estado. Se trata de un ejercicio democrático, porque permite que una colectividad de personas -además de pueblo, también se utiliza el término de nación e incluso nacionalidad- tome una decisión, viendo, así, satisfecho un derecho legítimo. La autodeterminación es una vieja reivindicación de los grupos socialistas y, en mayor medida, de los comunistas, estando en la base de las aspiraciones de movimientos revolucionarios y de liberación de las antiguas colonias.
En España, un estado muy diverso en su conformación, donde existen sentimientos nacionales de diverso tipo, este derecho se ha convertido desde hace décadas en uno de los ejes reivindicativos de buena parte de los grupos que buscan o bien la independencia o bien la construcción de un modelo de estado no centralista, cuando no federal.
La difícil soldadura territorial del estado español, consecuencia de un pasado muy complejo, sigue presente, porque las tendencias centrípetas han estado ligadas a la imposición de un estado centralizado por la fuerza y la negación incluso de la diversidad. Si la Segunda República supuso el primer intento real por solucionar ese problema desde una óptica claramente descentralizadora, el régimen franquista fue el summum de lo contrario.
Durante los últimos años de la dictadura y la transición los grupos de izquierda en general asumieron el derecho de autodeterminación como una de las reivindicaciones fundamentales. Una forma de recuperar los logros, aunque fueran insuficientes, y el espíritu vivido de los años treinta del siglo XX, pero con la mención explícita a la autodeterminación. En una parte de los grupos de izquierda también se contemplaba la decisión de una consulta sobre la forma de la jefatura de estado, lo que, unido a la conformación de un gobierno provisional y la convocatoria de unas Cortes constituyentes, creaba el corpus político de lo que se denominó como ruptura democrática sobre el régimen franquista.
El problema es que al final no hubo ni gobierno provisional, ni consulta sobre la forma de jefatura de estado ni consultas territoriales. Fue el mismo gobierno heredero de la dictadura el que acabó convocando unas elecciones que no fueron del todo libres (pues hubo grupos que aún no estaban legalizados: republicanos y algunos comunistas) y que ni siquiera al principio tenían el carácter de ser constituyentes. Si lo primero se resolvió de inmediato, lo segundo se hizo a través de lo que llamó consenso.
Es cierto que la Constitución del 78 asumió un estado descentralizado en su Título VIII, permitiendo por distintas vías el acceso a la autonomía de los territorios que lo demandasen, y reconociendo en la segunda disposición transitoria la especificidad catalana, vasca y gallega (por haber votado durante la Segunda República sus respectivos estatutos de autonomía). Pero también lo es que este proceso se vio condicionado en 1979 por el intento de freno impulsado por el gobierno de UCD con su célebre LOAPA, y que el mismo PSOE lo asumió en gran medida y aplicó cuando accedió al gobierno en 1982.
No es menos cierto que los partidos que han apoyado la Constitución de 1978 han hecho uso del Título VIII como una forma de mantenerse en el poder en el ámbito territorial en el que han actuado. Desde el gobierno central UCD, PSOE y PP lo han hecho para garantizar su estabilidad. Y desde Cataluña y País Vasco, donde la mayor parte del tiempo han gobernado los partidos nacionalistas conservadores CiU y PNV, lo han hecho para conseguir ventajas económicas y el aumento de las competencias. Eso sin entrar, como ha ocurrido en Cataluña durante los gobiernos ininterrumpidos de Jordi Pujol y CiU, en la tolerancia que hubo hacia la corrupción, entre otras cosas, porque, por lo que estamos sabiendo, ha sido compartida.
Cuando en Cataluña y País Vasco se han planteado nuevos retos, bien en la vía de convertirse en un estado libre asociado (en el País Vasco, durante el gobierno de Juan José Ibarretxe) o bien en la aprobación de un estatuto con un mayor grado de reconocimiento de la especificidad catalana (durante el gobierno del tripartito formado por PSC, ERC e IC-EUiA), desde el poder central se han puesto cortapisas. En el caso del País Vasco, consecuencia de la oposición del PP, que además tenía mayoría absoluta en el Congreso, y del PSOE. Y en el caso de Cataluña, primero, por las reticencias del gobierno del PSOE presidido por José Luis Rodríguez Zapatero al primer estatuto presentado durante la presidencia de Pasqual Maragall; y luego, ya con José Montilla en la presidencia, por los recursos presentados por el PP ante el Tribunal Constitucional y que fueron aceptados por éste.
Desde entonces las cosas ya no son iguales en Cataluña. Que aumentado el número de personas que quieren la independencia, es una clara realidad. También lo es el deseo mayoritario (algunas encuestas llegan al 80%, pero no bajan del 70%) de que se decida en referéndum sobre su relación con España. La actitud del gobierno central y del PP en nada están ayudando a resolver las cosas. Han encontrado en este asunto un caladero de votos fuera de Cataluña que le está permitiendo mantenerse como primera fuerza, pese a los graves daños que está provocando con la política económica de carácter neoliberal. El PSOE tampoco ha ayudado, sobre todo desde los sectores que protagonizaron hace un año la defenestración de Pedro Sánchez.
En el seno de algunos sectores de la izquierda hay miedo a la hora de afrontar este tema. De hecho minimizan su naturaleza democrática ante lo que consideran que fuera de Cataluña puede conllevar la pérdida de votos. Y magnifican que en la apuesta independentista se encuentre también el PDeCAT, heredero del CDC y principal partido de la coalición CiU, del que resaltan su naturaleza de clase y su orientación conservadora.
Los intentos del gobierno catalán por organizar una consulta para el próximo 1 de octubre están siendo boicoteados por el gobierno central y el PP, lo que no deja de ser una actitud claramente antidemocrática. Alegar falta de garantías no es más que una excusa para negar un derecho. Alegar la ausencia de legalidad no deja de ser otra excusa, porque, encontrándonos ante un hecho de naturaleza política, la legalidad se puede cambiar (¿acaso no lo hizo el régimen franquista en su travestismo durante la Transición?, ¿no es algo que se hace en Canadá o el Reino Unido?) o simplemente se impone por la fuerza de los hechos, como ha ocurrido en todas las revoluciones, incluidas la burguesas. Sin que esto último tenga que significar el uso de la fuerza bruta, algo que reiteradamente niegan quienes están impulsando el procés, defensores de una vía pacífica y democrática, en la medida que su avance se basa en el debate libre y la consecución de mayorías. Justamente lo contrario de lo que desde determinados sectores del españolismo mediático y político centralista se está lanzando.
Podemos e IU deben atreverse a defender la consulta. Rechazarla, además de negar lo que tiene de democrático, es ayudar a consolidar al gobierno del PP y el nacionalismo españolista con todo lo que conlleva. Rechazarla los condenaría en su futuro en Cataluña, porque su defensa de un modelo federal podría verse superada por el malestar de quienes, queriendo votar en la consulta, acabarían buscando otras opciones, incluso independentistas. Y, ante todo, perderían la oportunidad de la coherencia democrática, la misma que te permite poder tener la cabeza levantada de la dignidad.
He escrito unas cuantas entradas en este cuaderno donde pueden leerse mis apreciaciones. Me atreví a escribir un artículo en 2013, publicado también en Rebelión, que titulé "A propósito de 'España y Cataluña': trescientos años de historia', de Josep Fontana", donde coincidía con los planteamientos del prestigioso historiador, aportando por mi parte lo que conocía del tema desde mis humildes lecturas.
También he leído mucho, sobre todo artículos de opinión de personas que considero que aportan argumentos serios. En su mayoría, del campo de la izquierda e indistintamente si son o no de Cataluña. Hay quienes defienden las dos cosas (resumiendo, la autodeterminación y el procés), quienes las rechazan o quienes, defendiendo la primera, rechazan la segunda.
En los periódicos Público, Rebelión y eldiario.es, o en las revistas sinpermiso y El viejo topo, por poner sólo unos pocos ejemplos, van apareciendo reflexiones muy interesantes. En esta ultima hay una entrevista de de Salvador López Arnal a Martín Alonso, "Para saber más y por qué, en la que se rechaza de lleno no sólo el procés, sino el mismo nacionalismo catalán, y se plantea además que la izquierda se ha dejado secuestrar por él, dejando al lado la opción federal. Ayer mismo pude leer otros, a modo de debate: uno, de Pau Llonch, "Una brizna de concreta realidad (carta a Alberto Garzón)", militante de la CUP; y otro, de Alberto Garzón, "La abstracta independencia de Cataluña: repuesta a Pau Llonch", coordinador federal de IU. Y hoy mismo lo he hecho con otro no menos interesante, esta vez de Alberto Arregui, miembro del Consejo Federal de IU, que lo ha titulado "Las gafas de Iglesias y Garzón y el 1-O: sobre el referéndum de Cataluña". Repito, le he dado muchas vueltas a este escrito, aunque finalmente me he decidido a publicarlo.
La autodeterminación es un derecho que tienen los pueblos para que libremente decidan sobre su futuro. Conlleva la opción de seguir dentro de un estado o separarse de él, unirse o no a otro estado, o conformar con otros territorios un nuevo estado. Se trata de un ejercicio democrático, porque permite que una colectividad de personas -además de pueblo, también se utiliza el término de nación e incluso nacionalidad- tome una decisión, viendo, así, satisfecho un derecho legítimo. La autodeterminación es una vieja reivindicación de los grupos socialistas y, en mayor medida, de los comunistas, estando en la base de las aspiraciones de movimientos revolucionarios y de liberación de las antiguas colonias.
En España, un estado muy diverso en su conformación, donde existen sentimientos nacionales de diverso tipo, este derecho se ha convertido desde hace décadas en uno de los ejes reivindicativos de buena parte de los grupos que buscan o bien la independencia o bien la construcción de un modelo de estado no centralista, cuando no federal.
La difícil soldadura territorial del estado español, consecuencia de un pasado muy complejo, sigue presente, porque las tendencias centrípetas han estado ligadas a la imposición de un estado centralizado por la fuerza y la negación incluso de la diversidad. Si la Segunda República supuso el primer intento real por solucionar ese problema desde una óptica claramente descentralizadora, el régimen franquista fue el summum de lo contrario.
Durante los últimos años de la dictadura y la transición los grupos de izquierda en general asumieron el derecho de autodeterminación como una de las reivindicaciones fundamentales. Una forma de recuperar los logros, aunque fueran insuficientes, y el espíritu vivido de los años treinta del siglo XX, pero con la mención explícita a la autodeterminación. En una parte de los grupos de izquierda también se contemplaba la decisión de una consulta sobre la forma de la jefatura de estado, lo que, unido a la conformación de un gobierno provisional y la convocatoria de unas Cortes constituyentes, creaba el corpus político de lo que se denominó como ruptura democrática sobre el régimen franquista.
El problema es que al final no hubo ni gobierno provisional, ni consulta sobre la forma de jefatura de estado ni consultas territoriales. Fue el mismo gobierno heredero de la dictadura el que acabó convocando unas elecciones que no fueron del todo libres (pues hubo grupos que aún no estaban legalizados: republicanos y algunos comunistas) y que ni siquiera al principio tenían el carácter de ser constituyentes. Si lo primero se resolvió de inmediato, lo segundo se hizo a través de lo que llamó consenso.
Es cierto que la Constitución del 78 asumió un estado descentralizado en su Título VIII, permitiendo por distintas vías el acceso a la autonomía de los territorios que lo demandasen, y reconociendo en la segunda disposición transitoria la especificidad catalana, vasca y gallega (por haber votado durante la Segunda República sus respectivos estatutos de autonomía). Pero también lo es que este proceso se vio condicionado en 1979 por el intento de freno impulsado por el gobierno de UCD con su célebre LOAPA, y que el mismo PSOE lo asumió en gran medida y aplicó cuando accedió al gobierno en 1982.
No es menos cierto que los partidos que han apoyado la Constitución de 1978 han hecho uso del Título VIII como una forma de mantenerse en el poder en el ámbito territorial en el que han actuado. Desde el gobierno central UCD, PSOE y PP lo han hecho para garantizar su estabilidad. Y desde Cataluña y País Vasco, donde la mayor parte del tiempo han gobernado los partidos nacionalistas conservadores CiU y PNV, lo han hecho para conseguir ventajas económicas y el aumento de las competencias. Eso sin entrar, como ha ocurrido en Cataluña durante los gobiernos ininterrumpidos de Jordi Pujol y CiU, en la tolerancia que hubo hacia la corrupción, entre otras cosas, porque, por lo que estamos sabiendo, ha sido compartida.
Cuando en Cataluña y País Vasco se han planteado nuevos retos, bien en la vía de convertirse en un estado libre asociado (en el País Vasco, durante el gobierno de Juan José Ibarretxe) o bien en la aprobación de un estatuto con un mayor grado de reconocimiento de la especificidad catalana (durante el gobierno del tripartito formado por PSC, ERC e IC-EUiA), desde el poder central se han puesto cortapisas. En el caso del País Vasco, consecuencia de la oposición del PP, que además tenía mayoría absoluta en el Congreso, y del PSOE. Y en el caso de Cataluña, primero, por las reticencias del gobierno del PSOE presidido por José Luis Rodríguez Zapatero al primer estatuto presentado durante la presidencia de Pasqual Maragall; y luego, ya con José Montilla en la presidencia, por los recursos presentados por el PP ante el Tribunal Constitucional y que fueron aceptados por éste.
Desde entonces las cosas ya no son iguales en Cataluña. Que aumentado el número de personas que quieren la independencia, es una clara realidad. También lo es el deseo mayoritario (algunas encuestas llegan al 80%, pero no bajan del 70%) de que se decida en referéndum sobre su relación con España. La actitud del gobierno central y del PP en nada están ayudando a resolver las cosas. Han encontrado en este asunto un caladero de votos fuera de Cataluña que le está permitiendo mantenerse como primera fuerza, pese a los graves daños que está provocando con la política económica de carácter neoliberal. El PSOE tampoco ha ayudado, sobre todo desde los sectores que protagonizaron hace un año la defenestración de Pedro Sánchez.
En el seno de algunos sectores de la izquierda hay miedo a la hora de afrontar este tema. De hecho minimizan su naturaleza democrática ante lo que consideran que fuera de Cataluña puede conllevar la pérdida de votos. Y magnifican que en la apuesta independentista se encuentre también el PDeCAT, heredero del CDC y principal partido de la coalición CiU, del que resaltan su naturaleza de clase y su orientación conservadora.
Los intentos del gobierno catalán por organizar una consulta para el próximo 1 de octubre están siendo boicoteados por el gobierno central y el PP, lo que no deja de ser una actitud claramente antidemocrática. Alegar falta de garantías no es más que una excusa para negar un derecho. Alegar la ausencia de legalidad no deja de ser otra excusa, porque, encontrándonos ante un hecho de naturaleza política, la legalidad se puede cambiar (¿acaso no lo hizo el régimen franquista en su travestismo durante la Transición?, ¿no es algo que se hace en Canadá o el Reino Unido?) o simplemente se impone por la fuerza de los hechos, como ha ocurrido en todas las revoluciones, incluidas la burguesas. Sin que esto último tenga que significar el uso de la fuerza bruta, algo que reiteradamente niegan quienes están impulsando el procés, defensores de una vía pacífica y democrática, en la medida que su avance se basa en el debate libre y la consecución de mayorías. Justamente lo contrario de lo que desde determinados sectores del españolismo mediático y político centralista se está lanzando.
Podemos e IU deben atreverse a defender la consulta. Rechazarla, además de negar lo que tiene de democrático, es ayudar a consolidar al gobierno del PP y el nacionalismo españolista con todo lo que conlleva. Rechazarla los condenaría en su futuro en Cataluña, porque su defensa de un modelo federal podría verse superada por el malestar de quienes, queriendo votar en la consulta, acabarían buscando otras opciones, incluso independentistas. Y, ante todo, perderían la oportunidad de la coherencia democrática, la misma que te permite poder tener la cabeza levantada de la dignidad.
¿Acaso lo que no es válido para Cataluña sí lo es para Venezuela?
En efecto, llevamos meses viendo cómo desde los medios de comunicación del sistema se busca deslegitimar el intento del gobierno catalán de convocar la consulta del próximo 1 de octubre. Sin embargo, en estos días no ha parado de bendecir con parabienes la consulta que ayer mismo se celebró en Venezuela convocada por los grupos de oposición al gobierno con la intención de hacer frente a la próxima convocatoria de una Asamblea Constituyente.
A la consulta catalana estos medios la descalifican, entre otras lindezas, por falta de garantías, ocultando que, por ejemplo, la administración catalana dispone de capacidad para organizarla, como hace cada vez que se realizan elecciones autonómicas. Pero de la venezolana no dicen nada, dando por supuesto que ha dispuesto de las garantías necesarias para que los resultados respondan a la realidad. Es más, dado el éxito que desde la oposición se dice que ha tenido, reproducen los datos de una elevada participación, superior a 7 millones.
Y tan campantes.
(Imagen: Persistentes dudas, autoría desconocida)
A la consulta catalana estos medios la descalifican, entre otras lindezas, por falta de garantías, ocultando que, por ejemplo, la administración catalana dispone de capacidad para organizarla, como hace cada vez que se realizan elecciones autonómicas. Pero de la venezolana no dicen nada, dando por supuesto que ha dispuesto de las garantías necesarias para que los resultados respondan a la realidad. Es más, dado el éxito que desde la oposición se dice que ha tenido, reproducen los datos de una elevada participación, superior a 7 millones.
Y tan campantes.
(Imagen: Persistentes dudas, autoría desconocida)
miércoles, 12 de julio de 2017
José Prieto Gutiérrez, un marinero barbateño que estuvo recluido en el Fuerte de San Cristóbal
El hallazgo
en abril de una fosa común donde enterraron en 1938 a numerosos muertos de una
fuga masiva en el Fuerte de San Cristóbal, cerca de Pamplona, ha vuelto a poner
de actualidad lo ocurrido a partir del 22 de mayo, que fue el día en que se
inició. También acaba de reeditarse la obra de Fermín Ezkieta, Los fugados del Fuerte de Ezkaba (2013),
que junto a la de de Félix Sierra e Iñaki Alforja, Fuerte de San Cristóbal 1938. La gran fuga de las cárceles franquistas
(2006), ha estudiado minuciosamente el hecho.
La fuga del
Fuerte de San Cristóbal, también llamado Fuerte de Ezkaba, fue tan masiva, que
llegó a conocerse como "la gran evasión". Y tuvo tanta trascendencia,
que la prensa de EEUU y el Reino Unido llegó a reflejarla en sus páginas, como
hicieron The New York Times, The Guardian o The Times.
Los datos
que aportan las investigaciones realizadas, resultan entre sorprendentes y
dramáticos. Lo primero, por la dimensión, dado el elevado número de personas
afectadas. Y lo segundo, por el elevado número de víctimas. En el momento de la
fuga había 2.487 presos, si bien a lo
largo de esos años llegaron a pasar por la fortaleza 4951. Se fugaron 795, pero
acabaron siendo capturados 584. Fueron abatidos cuando transitaban por el
monte, camino de Francia, 207. Sólo 3 lograron pasar la frontera. Quienes
fueron capturados, tuvieron que pasar por los correspondientes consejos de
guerra, acabando 14 fueron de ellos fusilados, acusados de haber organizado la
fuga.
Pues bien,
entre los presos que estuvieron en el Fuerte de San Cristóbal se encontraba un
barbateño: José Prieto Gutiérrez. Poco sabemos de él, salvo la información encontrada
en las páginas electrónicas Todos (…) los nombres, cuyos datos provienen de la obra de Sierra y Alforja; Fuerte de San Cristóbal-Txinparta, también con la obra de Sierra y Alforja como fuente;
y Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, donde se reproduce el listado de presos que pasaron entre 1936 y
1943, contenidos en Episodios de
terror durante a Guerra Civil na provincia de Pontevedra (2007), de G.
Amodeo y R. Gil.
A través de
las mismas podemos acercarnos a nuestro personaje, del que nos indican que
había nacido en Barbate y era marinero. Ignoramos cómo pudo llegar al norte de
España, pero lo cierto es que el 1 de septiembre de 1937 fue condenado a 12
años de cárcel por un tribunal militar de San Sebastián, acusado de “auxilio a
la rebelión”. Por esa razón fue recluido
en el Fuerte de San Cristóbal, donde estuvo entre el 12 de enero y el 15 de
septiembre de 1938. Teniendo en cuenta esta última fecha y el hecho de que no
conste el haber sido juzgado por un consejo de guerra, no debió de estar entre
los fugados. La salida del Fuerte estuvo acompañada, como consta en la
información obtenida, de su trasladado a otra prisión, esta vez en Galicia y, más
concretamente, en la Colonia Penitenciaria de la Isla de San Simón, en la ría
de Vigo. Sin embargo, en la consulta que hemos hecho sobre las personas que
estuvieron recluidas durante esos años no aparece su nombre.
José Prieto
Gutiérrez pudo ser uno de tantos marineros que huyeron, bien desde Barbate o
bien desde los caladeros de pesca donde estuvieran trabajando, cuando se dio el
golpe militar de julio de 1936. Sabemos que bastantes lo hicieron desde Tánger,
desde donde se dirigieron en mayor medida a Málaga. Iniciaron, así, un periplo de
participaciones en distintos frentes de guerra, que culminó en casi todos los
casos, cuando acabó la contienda, con su paso por algún campo de concentración
y el posterior enjuiciamiento por un consejo de guerra.
Su caso, del que ignoramos todo aquello que vaya más allá de lo que hemos expuesto, pudo ser parecido. No podemos añadir nada más, porque sería hacer conjeturas sin ninguna base. Saber lo
que le ocurrió a partir del 15 de septiembre de 1938, cuando debió ser
trasladado a la Isla de San Simón, y si cumplió la pena que le impusieron, que
expiraba en 1949, por ahora no tiene respuestas.
José Prieto
Gutiérrez fue, en fin, una más de las víctimas del fascismo, el mismo que
provocó el estallido de una guerra en 1936, que reprimió con extrema dureza a quienes
defendieron la República y que intentó que se borrara el recuerdo de lo
ocurrido y de sus víctimas.
(Esta entrada también ha sido publicada en la página electrónica del Ateneo Republicano de Barbate).
(Esta entrada también ha sido publicada en la página electrónica del Ateneo Republicano de Barbate).
sábado, 8 de julio de 2017
A vuelta con los sucesos de Altsasu y las penas de terrorismo
Hace unos meses escribí sobre los conocidos como sucesos de Altsasu ("Sucesos de Altsasu y decisión judicial"). Consideraba que lo ocurrido en octubre de 2016 no se correspondía con las graves acusaciones de terrorismo que se hacían contra varios vecinos del municipio, que desde el primer momento tuvieron que ingresar en prisión por orden judicial. Por mucho que se quisieran retorcer las cosas, lo que había sido una pelea nocturna en un bar entre vecinos del municipio y dos guardias civiles con sus compañeras después de varias horas de alcohol, no podía llevarse al extremo de considerar que había habido ataque a la autoridad y menos que tuviera el carácter de terrorismo.
Pese a las movilizaciones ciudadanas y las críticas vertidas desde medios jurídicos, algunos con experiencia relevante en la judicatura, nada cambió la cosa, pues han seguido en prisión. Estos días se han hecho públicas las penas que solicita la fiscalía, que, calificando los hechos como delito de terrorismo, pide para 7 encausados 50 años de cárcel. La suma es de 375 años de cárcel, contando a un octavo encausado.
La reacción no se ha hecho esperar: en medios políticos, ciudadanos y también de medios jurídicos, sin que por ahora no haya habido alguien relevante de este mundo que haya querido dar su nombre. El diario Público sacó hace dos días un artículo, firmado por Alejandro Torrús y titulado "Seis claves para dudar de que las agresiones de Altsasu sean un delito de terrorismo", en el que se aportan unos argumentos que no podemos dejar de tener en cuenta. Está escrito desde las apreciaciones hechas por cuatro juristas, tres de los cuales ha preferido mantenerse en el anonimato, lo cual dice mucho, a mi entender, sobre lo que está ocurriendo.
Esquemáticamente éstas son las seis claves:
1) existe una excesiva alusión a ETA, cuando es una organización que ha dejado de actuar hace tiempo, ha manifestado su voluntad de no hacer uso de la lucha armada y recientemente ha entregado un arsenal de armas;
2) los informes iniciales no hablaban de terrorismo y se calificaba lo ocurrido como consecuencia de un encuentro casual;
3) en caso de atentado contra la autoridad, la pena no puede exceder de cinco años;
4) no ha habido sentido de la proporcionalidad entre lo ocurrido y el castigo que se pretende;
5) se han criminalizado unos hechos que, en relación a otros, la Audiencia Nacional ya había permitido o archivado;
6) se ha trazado "trampas" a la defensa, desde el momento en que genera dudas entre los posibles testimonios de testigos y su posible participación en los hechos.
Pese a las movilizaciones ciudadanas y las críticas vertidas desde medios jurídicos, algunos con experiencia relevante en la judicatura, nada cambió la cosa, pues han seguido en prisión. Estos días se han hecho públicas las penas que solicita la fiscalía, que, calificando los hechos como delito de terrorismo, pide para 7 encausados 50 años de cárcel. La suma es de 375 años de cárcel, contando a un octavo encausado.
La reacción no se ha hecho esperar: en medios políticos, ciudadanos y también de medios jurídicos, sin que por ahora no haya habido alguien relevante de este mundo que haya querido dar su nombre. El diario Público sacó hace dos días un artículo, firmado por Alejandro Torrús y titulado "Seis claves para dudar de que las agresiones de Altsasu sean un delito de terrorismo", en el que se aportan unos argumentos que no podemos dejar de tener en cuenta. Está escrito desde las apreciaciones hechas por cuatro juristas, tres de los cuales ha preferido mantenerse en el anonimato, lo cual dice mucho, a mi entender, sobre lo que está ocurriendo.
Esquemáticamente éstas son las seis claves:
1) existe una excesiva alusión a ETA, cuando es una organización que ha dejado de actuar hace tiempo, ha manifestado su voluntad de no hacer uso de la lucha armada y recientemente ha entregado un arsenal de armas;
2) los informes iniciales no hablaban de terrorismo y se calificaba lo ocurrido como consecuencia de un encuentro casual;
3) en caso de atentado contra la autoridad, la pena no puede exceder de cinco años;
4) no ha habido sentido de la proporcionalidad entre lo ocurrido y el castigo que se pretende;
5) se han criminalizado unos hechos que, en relación a otros, la Audiencia Nacional ya había permitido o archivado;
6) se ha trazado "trampas" a la defensa, desde el momento en que genera dudas entre los posibles testimonios de testigos y su posible participación en los hechos.
viernes, 7 de julio de 2017
El riesgo de una destrucción nuclear, según Chomsky
Estos días hemos podido ver el lanzamiento de un misil de largo alcance llevado a cabo por Corea del Norte. La reacción del presidente de EEUU, Donald Trump, ha sido decir "¿este chico no tiene otra cosa qué hacer en su vida?", refiriéndose al presidente King Jon-un.
Fuera del tono de las palabras, lo cierto es que la situación en que nos encontramos como habitantes del planeta no es nada halagüeña. El número y el carácter de guerras no es desdeñable, y en ellas siempre está presente EEUU directamente o a través de sus aliados. Pero no sólo, pues su poderío militar sigue creciendo y con él, su capacidad nuclear.
Hace unos días Noam Chomsky señaló el cambio climático y el riesgo de destrucción nuclear como los dos problemas más graves del mundo actual. Sobre esto último declaró que "Perry tiene razón al estar aterrorizado. Y todos deberíamos estarlo, sobre todo por la persona que tiene el dedo sobre el botón (nuclear) y sus socios surrealistas".
William Perry, que no es una persona cualquiera, pues ha sido jefe del Pentágono, en octubre pasado ya dijo que "el peligro de un desastre real con armas nucleares es mayor que durante la Guerra Fría debido a la amenaza del terrorismo nuclear y a las guerras regionales". Chomsky ha recordado también que, si bien ha aumentado el riesgo nuclear desde la llegada de Trump a la presidencia, fue durante el mandato de su antecesor, Barak Obama, cuando EEUU se dotó de un programa de modernización nuclear.
Hay quienes hablan demasiado y muestran un estilo de hacer las cosas entre chabacano y chulesco, como ocurre con Trump. Hay también quienes hablan menos y dan una apariencia de amabilidad y buen hacer, como es el caso de Obama, que llegó a ser nombrado Premio Nobel de la Paz. El primero, por ahora, no ha hecho sino seguir con lo que le dejó el anterior presidente. Otra cosa es que pueda hacer más y en mayor grado. Pero es que el segundo, además de no haber cesado en las guerras heredadas y haber iniciado las propias, ya hizo lo suficiente para que Trump lo tenga más fácil si quiere actuar yendo más allá. Y las consecuencias serían terribles.
Chomsky llama a la acción ciudadana como forma de cambiar el orden mundial. Y como forma de presionar para que las guerras no sigan siendo la forma de extorsionar al considerado enemigo. Debemos pensar más en estas cosas y menos en lo que uno sigue viendo en la parte del mundo donde vive por un lado y otro: panem et circenses.
Fuera del tono de las palabras, lo cierto es que la situación en que nos encontramos como habitantes del planeta no es nada halagüeña. El número y el carácter de guerras no es desdeñable, y en ellas siempre está presente EEUU directamente o a través de sus aliados. Pero no sólo, pues su poderío militar sigue creciendo y con él, su capacidad nuclear.
Hace unos días Noam Chomsky señaló el cambio climático y el riesgo de destrucción nuclear como los dos problemas más graves del mundo actual. Sobre esto último declaró que "Perry tiene razón al estar aterrorizado. Y todos deberíamos estarlo, sobre todo por la persona que tiene el dedo sobre el botón (nuclear) y sus socios surrealistas".
William Perry, que no es una persona cualquiera, pues ha sido jefe del Pentágono, en octubre pasado ya dijo que "el peligro de un desastre real con armas nucleares es mayor que durante la Guerra Fría debido a la amenaza del terrorismo nuclear y a las guerras regionales". Chomsky ha recordado también que, si bien ha aumentado el riesgo nuclear desde la llegada de Trump a la presidencia, fue durante el mandato de su antecesor, Barak Obama, cuando EEUU se dotó de un programa de modernización nuclear.
Hay quienes hablan demasiado y muestran un estilo de hacer las cosas entre chabacano y chulesco, como ocurre con Trump. Hay también quienes hablan menos y dan una apariencia de amabilidad y buen hacer, como es el caso de Obama, que llegó a ser nombrado Premio Nobel de la Paz. El primero, por ahora, no ha hecho sino seguir con lo que le dejó el anterior presidente. Otra cosa es que pueda hacer más y en mayor grado. Pero es que el segundo, además de no haber cesado en las guerras heredadas y haber iniciado las propias, ya hizo lo suficiente para que Trump lo tenga más fácil si quiere actuar yendo más allá. Y las consecuencias serían terribles.
Chomsky llama a la acción ciudadana como forma de cambiar el orden mundial. Y como forma de presionar para que las guerras no sigan siendo la forma de extorsionar al considerado enemigo. Debemos pensar más en estas cosas y menos en lo que uno sigue viendo en la parte del mundo donde vive por un lado y otro: panem et circenses.
miércoles, 5 de julio de 2017
La ley catalana del referéndum y los avisos del gobierno español
Ayer fue presentada en el Parlament de Cataluña la Ley del Referéndum de Autodeterminación, para después hacerlo en un acto público celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña. Para Carles Puigdemont, presidente catalán, no habrá choque de trenes, sino que "uno quedará en vía muerta".
La reacción del gobierno español, también ayer mismo, no ha dejado de ser, aun esperada, altamente significativa. Y por partida doble. Las dos mujeres fuertes del PP y del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, cada una en su papel, lanzaron dos avisos, que son complementarios entre sí. La primera, en un plano más político-jurídico, dijo que "una cosa está clara: que el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización". La segunda, en un plano político-militar, no se mordió los labios para pronunciar lo siguiente: "Por tierra, mar y aire, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y la Constitución, pero también la integridad y la soberanía de nuestro país".
Nada nuevo dentro de un proceso que sigue su curso y que tiene como objetivo la celebración de una consulta donde el pueblo pueda decidir su pertenencia o no al estado español. La intransigencia del gobierno y del PP está llevando la situación a un límite imprevisible. Fuera de Ciudadanos, que está en su misma línea, la actitud de la nueva dirigencia del PSOE poco está ayudando, preocupada por seguir midiendo su grado de alejamiento de los pilares fundamentales del sistema. Y en cuanto a Podemos, IU o Els Comuns, faltan decisiones más atrevidas, más allá de defender la realidad plurinacional o el derecho a decidir. Que haya choque trenes o no, está por ver.
La reacción del gobierno español, también ayer mismo, no ha dejado de ser, aun esperada, altamente significativa. Y por partida doble. Las dos mujeres fuertes del PP y del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, cada una en su papel, lanzaron dos avisos, que son complementarios entre sí. La primera, en un plano más político-jurídico, dijo que "una cosa está clara: que el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización". La segunda, en un plano político-militar, no se mordió los labios para pronunciar lo siguiente: "Por tierra, mar y aire, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y la Constitución, pero también la integridad y la soberanía de nuestro país".
Nada nuevo dentro de un proceso que sigue su curso y que tiene como objetivo la celebración de una consulta donde el pueblo pueda decidir su pertenencia o no al estado español. La intransigencia del gobierno y del PP está llevando la situación a un límite imprevisible. Fuera de Ciudadanos, que está en su misma línea, la actitud de la nueva dirigencia del PSOE poco está ayudando, preocupada por seguir midiendo su grado de alejamiento de los pilares fundamentales del sistema. Y en cuanto a Podemos, IU o Els Comuns, faltan decisiones más atrevidas, más allá de defender la realidad plurinacional o el derecho a decidir. Que haya choque trenes o no, está por ver.
domingo, 2 de julio de 2017
Timoteo y Ascensión Mendieta
Padre e hija. Él, fusilado en noviembre de 1939. Ella, la hija que no había podido dar sepultura a su padre. Ahora, a sus 91 años, lo ha conseguido. Gracias a su tesón. A la ayuda prestada por la Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Guadalajara. A la de la jueza argentina María Servini, que actuó atendiendo a los principios de la justicia universal. Y al juez de Guadalajara que aceptó el auto dictado por la jueza para que se procediera a la exhumación de una fosa común. Semanas antes, después de un primer intento fallido, se consiguió identificar los restos de Timoteo, un carnicero que al acabar la guerra pagó cara su militancia en la UGT. Ascensión ya podrá ser enterrada junto a su padre, como tantas veces ha repetido.
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