Ayer fue presentada en el Parlament de Cataluña la Ley del Referéndum de Autodeterminación, para después hacerlo en un acto público celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña. Para Carles Puigdemont, presidente catalán, no habrá choque de trenes, sino que "uno quedará en vía muerta". La reacción del gobierno español, también ayer mismo, no ha dejado de ser, aun esperada, altamente significativa. Y por partida doble. Las dos mujeres fuertes del PP y del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, cada una en su papel, lanzaron dos avisos, que son complementarios entre sí. La primera, en un plano más político-jurídico, dijo que "una cosa está clara: que el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización". La segunda, en un plano político-militar, no se mordió los labios para pronunciar lo siguiente: "Por tierra, mar y aire, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y la Constitución, pero también la integridad y la soberanía de nuestro país".
Nada nuevo dentro de un proceso que sigue su curso y que tiene como objetivo la celebración de una consulta donde el pueblo pueda decidir su pertenencia o no al estado español. La intransigencia del gobierno y del PP está llevando la situación a un límite imprevisible. Fuera de Ciudadanos, que está en su misma línea, la actitud de la nueva dirigencia del PSOE poco está ayudando, preocupada por seguir midiendo su grado de alejamiento de los pilares fundamentales del sistema. Y en cuanto a Podemos, IU o Els Comuns, faltan decisiones más atrevidas, más allá de defender la realidad plurinacional o el derecho a decidir. Que haya choque trenes o no, está por ver.
