El capitalismo no existe. Necroteología del mercado, un libro provocador de Juan Ponte

Conil fue ayer el escenario de un acto político-cultural de envergadura: la presentación del libro El capitalismo no existe. Necroteología del mercado (Gijón, Trea, 2024), obra del asturiano Juan Ponte. He dicho añadido lo de político, porque lo cultural, y en este caso también por el carácter económico del libro, lo es. Y lo he calificado de envergadura, porque el contenido, así como la exposición llevada a cabo por su autor, lo merecen. Y, además, porque previamente intervino Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, que puso de manifiesto su capacidad de análisis y su vasta cultura, aderezadas por su buen hacer en lo didáctico. ¿Qué más se puede decir? El marco, claro, La Chanca de Conil, ese espacio cultural recuperado por el Ayuntamiento durante el gobierno de IU (1995-2023), con los imponentes murales de Adrián Torres dedicados a los almadraberos conileños, que envuelven a quienes se acercan por allí.

El título del libro, como lo que se lee en sus adentros, son un acto de provocación, como reconoció el autor. Porque se busca desentrañar las falsedades de una realidad que nos la presentan/venden de una manera diferente a lo que es. Por ejemplo: se dice lo de capitalismo y libre mercado, sí, cuando no es otra cosa que una falsedad, porque de libre no hay nada. ¿Libre competencia, con las grandes corporaciones económico-financieras mundiales absorbiendo todo lo que le rodea y limitando, cuando no impidiendo, la competencia? Otro ejemplo, a modo de recordatorio: el capitalismo, desde su origen, se fundó desde la expoliación de los recursos naturales ajenos y la explotación humana más extrema (esclavitud, trabajo infantil, trabajo asalariado agotador...). ¿Y en la actualidad? ¿Nos suena algo que todavía se siguen dando? ¿Nuestros productos de consumo baratos de dónde vienen? ¿Y esa búsqueda de recursos -llámense petróleo, gas, minerales raros...-, acaso no está en la base de esos saqueos, guerras o golpes de estado que vemos por los telediarios? Y Juan Ponte dio una advertencia: la ecuación capitalismo y democracia es un oxímoron. Y lo es porque, dependiendo de cada momento, sus ideólogos han defendido, ante todo, el interés particular de una minoría frente al interés general. Defienden la libertad, pero sólo para explotar, depredar, enriquecerse... ¿El voto? Cuando hay que restringirlo o eliminarlo, se hace. ¿La libertad de expresión? Cuando hay que conculcarla o, controlando los medios de comunicación, apropiársela, pues también se hace. ¿Los derechos sociales? Son demasiado costosos, lo que dificulta la acumulación de los beneficios. Ojo, por tanto, con el fascismo de nuevo cuño. El de los Trump, Bolsonaro, Milei, Meloni, Le Pen...  

Fue un acto bonito en un ambiente agradable. Allí fui, desde Barbate, con Antonio, José y Diego. Adquirí el libro, que me firmó su autor. Hablé con mucha gente, conocida de tantas cosas y tantos años. Y no faltó hacerlo con el propio Antonio Maíllo, que estuvo acompañado de Agustín. Le recordé lo de un día del año 1996 (¿o fue en 1997?) en Sanlúcar de Barrameda, siendo él coordinador local de IU, cuando me acerqué con miembros de la comisión provincial de Educación. Tiempo ha. ¡Salud, Antonio!  

El "¿Por dónde estarán?" de Enrique Ossorio y la pobreza de Madrid

Con esa frase miserable, en medio de gestos y movimientos teatrales alrededor del micrófono, sintetizó ante los medios de comunicación Enrique Ossorio, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación, Investigación y Universidades, su opinión sobre el Informe que ha publicado Cáritas de Madrid, elaborado por la Fundación FOESSA. En el mismo se indica que el número de personas que se encuentran en situación de pobreza es de alrededor de un millón y medio, habiéndose incrementado desde 2018 en un 22%. Ossorio habló de tres millones de personas, exagerando el número, quizás para pretender quitar credibilidad al contenido del Informe, y en todo momento negó que en Madrid hubiera pobreza, lo que explica su frase "¿Por dónde estarán?", que repitió en varias ocasiones. Y para más inri, no tuvo otra cosa que decir que no se había leído el Informe.

Luego, durante la sesión parlamentaria en la Asamblea, cuando los tres grupos de la oposición anunciaron la presentación de una moción de reprobación contra el portavoz, la actitud y las respuestas que dio la presidenta madrileña fueron una muestra más de su soberbia, cinismo e insensibilidad social. Durante su intervención acabó reconociendo que había pobreza en su Comunidad, contraviniendo lo declarado por su consejero, pero, claro está, no tuvo reparos en achacársela al Gobierno central. 

Para Raúl Flores, coordinador del Informe, "hay que abrir mucho más la imagen sobre la pobreza económica (...). La mirada hay que ponerla en muchas otras dimensiones". Defendió, así mismo, el rigor de la investigación llevada a cabo, algo que, añado por mi parte, está avalado por los numerosos trabajos que lleva realizando desde hace décadas y que han sido reconocidos desde distintos ámbitos. El documento, de 31 páginas, tiene por título "Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid. Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2021"*. Entre los aspectos más destacables sobre la formas que adquiere la pobreza y exclusión social se encuentran la brecha digital, ser joven (y disponer de trabajos que no dan para llegar a fin de mes), ser inmigrante, la brecha territorial, el acceso a la energía, etc.

Desde el PP, y sobre todo desde el madrileño, no quieren reconocer públicamente que sus políticas extremo-neoliberales, que se concretan en la bajada de impuestos (sobre todo para quienes más tienen), las privatizaciones de lo público y los recortes sociales (en educación, sanidad, servicios sociales...) conllevan el crecimiento de la pobreza y, por tanto, la condena de una parte de la población a la exclusión social en cualquiera de sus formas. Pretenden hacernos creer que el aumento del conjunto de la renta de su Comunidad afecta a toda la población, cuando la realidad es que sólo beneficia a una parte y en mayor medida a las rentas más altas.

*Pertenece a la serie "2002. Informes Territoriales"; una síntesis del mismo puede leerse en le nota informativa publicada por Cáritas hace un par días: "FOESSA constata que la exclusión aumentó en la Comunidad de Madrid tras la pandemia y afecta a un millón y medio de personas".

Tres partes para un acuerdo sobre la reforma estructural del mercado laboral

El acuerdo firmado el pasado 23 de diciembre por representantes de los sindicatos CCOO y UGT, de la patronal CEOE y el Gobierno ha abierto una nueva etapa en las relaciones laborales en España. El texto, que ha sido aprobado posteriormente por el Gobierno, lleva como título "Reforma estructural del mercado de trabajo", cuyo contenido puede leerse a través del enlace.

Tiene como objetivos principales hacer de cortafuegos a la precariedad y la temporalidad, se inserta en un contexto nuevo y corta la trayectoria regresiva en derechos que desde hace tres décadas han estado aplicando los gobiernos del PSOE y el PP. Si bien las reacciones han sido dispares, en general puede decirse que, con todos los matices que se quieran poner, ha habido una valoración positiva. 

Por parte de los sindicatos y del ministerio de Trabajo no se ha conseguido la derogación de la totalidad de la reforma laboral aprobada por el PP de 2012. Han tenido que ceder en determinados aspectos, con el fin de que pudiera obtenerse un amplio consenso y, dentro de él, el de la parte empresarial. No han faltado tampoco las presiones directas e indirectas desde las altas instancias de la UE, que además tienen en sus manos la posibilidad de que puedan llegar importantes fondos destinados a la recuperación económica. 

Tanto el PSOE como los grupos que integran Unidos Podemos han valorado positivamente el esfuerzo, teniendo en cuenta que los logros obtenidos en favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no deben minusvalorarse. En unos casos, recuperando derechos perdidos en las sucesivas reformas laborales, y en otros, reconociendo aspectos novedosos que se habían  ido incorporando desde 2020, pero en esta ocasión para darles cuerpo desde una norma acordada con los agentes sociales.

Las reacciones contrarias han provenido del PP, en especial de la cúpula dirigente actual, con Pablo Casado al frente. Existen sectores en el partido que, sin embargo, consideran un error esa postura, propugnando al menos la abstención en la votación parlamentaria. Por otro lado, se ha comentado en algunos medios que en el seno de la CEOE ha habido, cuando menos, reticencias desde sectores como el agrario o el del automóvil. 

Tampoco Más País y los grupos nacionalistas que apoyan al Gobierno se han mostrado, por distintas razones, favorables. Al margen de valorar el acuerdo como insuficiente, ERC, EH-Bildu o BNG han criticado que no hayan sido consultados. Por parte de otros sindicatos, como los casos de CGT o CNT y los de un ámbito territorial, como ELA, LAB, SAT o CIG,  también se ha mostrado un rechazo. Coinciden en que se sigue manteniendo el modelo de relaciones laborales de naturaleza neoliberal.

Para que lo firmado el pasado 23 de diciembre, y ratificado cinco días después en el Gobierno, pueda tener valor político, es necesario que el Congreso lo apruebe en forma de decreto ley. Por ello la labor que se debe realizar desde el órgano ejecutivo debe ser inteligente y eficaz. Se corre el riesgo de que una conjunción antinatura entre la derechona, de un lado, y Más País y los grupos nacionalistas, sean de izquierda o de derecha, por otro, pueda echar para atrás el acuerdo. Una posibilidad que entraña riesgos muy peligrosos, pues la correlación de fuerzas no invita a regalar a la derecha victorias que después provocarían males mayores.    

Para la ocasión ofrezco algunos de los análisis que han aparecido en varios medios de comunicación. Son numerosos, pero he seleccionado cuatro: dos pertenecen a personas que lo valoran positivamente, y los otros dos lo hacen desde la crítica y oposición. Se trata de extractos de artículos o declaraciones, cuyo contenido completo puede leerse a través de los enlaces correspondientes.

Considero que ayudan a entender el asunto. Complejo por la amalgama de aspectos que contiene. Y, a la vez, clarificador porque entre lo que expresan no se pierden de vista tres cosas: el contexto en que se ha firmado el acuerdo, lo que se ha desechado de una trayectoria larga en que se habían perdido derechos y la incorporación de nuevas realidades. 

Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo

"El documento del Acuerdo impone modificaciones importantes en los puntos ya seleccionados como "más lesivos" para la acción sindical, que propician el bloqueo de la negociación colectiva -reconocimiento de la ultra actividad de los convenios y prohibición de rebajar los salarios del convenio sectorial por los de la empresa- junto con la aplicación del convenio colectivo del sector de actividad principal a las personas trabajadoras de las empresas contratistas y subcontratistas. Además, y este es el elemento crucial y novedoso de sus contenidos, aborda temas centrales para la estabilidad en el empleo a partir de una institución, la temporalidad del trabajo, diferente a la que había empleado la legislación del ciclo 2010-2012, centrada en la extinción y el despido colectivo, incorporando el mecanismo RED como un instrumento que pueda emplearse como fórmula de salvaguarda del empleo en momentos de crisis, evitando el recurso al ajuste externo de empleo.

(…)

Hay que situar a este acuerdo en el marco de un proceso constante de modificaciones normativas en materia laboral. En efecto, no se puede desligar de una sucesión de cambios legislativos que han dado comienzo hace casi dos años con la derogación del despido por absentismo, han proseguido con la emanación de un conjunto de normas relativas al derecho del trabajo de la emergencia guiadas por el principio de mantenimiento del empleo, han incorporado nuevas realidades derivadas del impacto de la digitalización en una perspectiva garantista y de creación de derechos, y se concentran ahora en una larga serie de temas que favorecen la negociación colectiva, disminuyen la precariedad en los procesos de subcontratación y, fundamentalmente, intentan recomponer el principio de causalidad en la contratación temporal, configurada no como un instrumento habitual de incorporación al trabajo sino como un útil para necesidades extraordinarias de la producción, mediante la reformulación de su tipología; además de incidir en la relación existente entre trabajo y formación mediante las formas contractuales apropiadas.

(…)

La etapa que arranca del 2020 en nuestro país marca una inflexión importante en la orientación política y democrática de la conformación del marco institucional de las relaciones laborales, y el presente Acuerdo rompe además con una larga tradición de más de cuarenta años de fomento de la contratación temporal que han hecho de la precariedad en el empleo la seña de identidad de nuestro mercado de trabajo”.

(“Reforma laboral: contexto y texto”, Público, 24-12-2021; https://blogs.publico.es/otrasmiradas/55032/reforma-laboral-contexto-y-texto/).

Unai Sordo, secretario general de CCOO

“La negociación sobre el marco laboral para sustituir la nefasta reforma laboral del año 2012 ha concluido con un acuerdo inédito, yo diría que histórico. Lo es porque, por primera vez, una reforma laboral de este calado recupera derechos cercenados en anteriores reformas. Y lo es también porque lejos de limitarse a ser una reforma de derogación, apuntala los cambios en el modelo laboral que desde los sindicatos veníamos reclamando.

(…)

Para CCOO hubiera sido necesario incluir más trabas al despido para que al acuerdo hubiera sido plenamente satisfactorio. En este terreno, un logro relevante es el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recientemente publicado en el BOE, que refuerza la competencia de la inspección para intervenir no solo en la forma sino en el fondo de los despidos colectivos, así como en los procesos de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Es decir, no solo comprobar que los procedimientos se hacen jurídicamente bien, sino poder entrar en la valoración de las causas alegadas por la empresa.

(…)

Con dos lecturas estratégicas que tenemos que hacer como país. La primera es que por primera vez se está cambiando la lógica evolutiva de la legislación laboral en los últimos lustros. Esta legislación se transformaba a través de sucesivas reformas, para facilitar la precarización del empleo, la descausalización de la contratación, la externalización de riesgos desde las empresas a los trabajadores y a la sociedad, la eliminación de barreras a la libre disposición del empresariado.

(…)

Por primera vez se rema en dirección distinta. Se interviene para internalizar responsabilidades en las empresas principales respecto a las que trabajan para ellas; se sitúan incentivos distintos a abaratar salarios mediante la garantía de la aplicación del convenio colectivo y la subida del SMI; se exploran fórmulas de flexibilidad interna en las empresas dignas de tal nombre: la flexibilidad no negociada sino impuesta no es flexibilidad, es precarización.

La segunda lectura tiene que ver con el comportamiento del empleo en esta pandemia y hasta qué punto la nueva dinámica que impulsa esta reforma puede consolidar algo inédito en la historia de España: que la caída de la economía no conlleve una destrucción proporcionalmente mayor de puestos de trabajo. La herramienta de los ERTE sirvió para ello por primera vez en nuestra historia; eso sí, a costa de recursos públicos que no van a estar siempre a disposición, al menos en cuantías de este volumen".

(“La primera reforma laboral en la historia que gana derechos”, InfoLibre, 23-12-2021; https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/primera-reforma-laboral-gana-derechos-historia_129_1216019.html).

Coral Gimeno, letrada de la CGT

“Esta reforma le ha conferido un consenso a la reforma del PP del que carecía en sus aspectos más lesivos, que se mantienen y que fueron motivo de dos huelgas generales por los mismos agentes sociales y partidos políticos que han firmado el texto.

(…)

Respecto a la subcontratación, un matiz: se rigen por convenio sectorial, pero si tienen convenio de empresa dice que regirá este en los términos que establece el artículo 84. Es decir que, a la postre, en muchos casos solo se van a beneficiar del convenio sectorial en el salario”.

(Declaraciones hechas a Gessamí Forner, El Salto, 2-01-2022; https://www.elsaltodiario.com/reforma-laboral/reforma-laboral-examinada-por-laboralistas).

Antonio Ruiz, asesor jurídico de la CNT

“La temporalidad no se solucionará con pequeñas reformas. Si bien se han simplificado las modalidades contractuales, no se ha modificado el quid de la cuestión: las indemnizaciones, por lo que por mucho que cambies el nombre, se seguirá causando fraude de ley si la improcedencia sale muy barata.

(…)

“La madre del cordero [es la prevalencia de los colectivos de empresa por encima del sectorial]. Aquí hay truco: la reforma ha mantenido la regulación anterior en cuanto a que los convenios de empresa tienen prioridad, excepto en salario y retribución, por lo que siguen primando en el resto y esto es una auténtica barbaridad. La reforma debería haber estipulado que tendrán prioridad aplicativa siempre que no empeoren las condiciones del sectorial, porque si no das pie a que convenios de empresa que empeoran las condiciones laborales de la gente.

(…)

[La reforma ha habilitado los contratos temporales para cubrir las vacaciones de los trabajadores fijos], cuando había sentencias recientes que decían lo contrario: una situación estructural no puede solucionarse con contratos temporales, por lo que el Gobierno está legislando a favor del empresario, a pesar de que el Tribunal Supremo se ha mostrado en contra.

[Resulta positivo que las sanciones por fraudes en los contratos sean por cada trabajador, en vez de por empresa, pero] la realidad nos dice que el 90% de los contratos en fraude de ley no son detectados por la Inspección de Trabajo, a la cual le faltan medios para poder controlar el mercado de trabajo”.

(Declaraciones hechas a Gessamí Forner, El Salto, 2-01-2022; https://www.elsaltodiario.com/reforma-laboral/reforma-laboral-examinada-por-laboralistas).

Patriotas con la bandera, que no con el dinero

Supimos el otro día que Bertín Osborne tiene fijada su residencia en Luxemburgo, desde donde opera a través de una sociedad "offshore" situada en Panamá. Si ya el pequeño país europeo funciona como un semiparaíso fiscal en la UE, no digamos qué hace el famoso de la tele alejando aún más sus dineros al otro lado del océano. El hijo de papá, perteneciente a una familia de la oligarquía jerezana y enlazado por la vía sacramental con otra de la misma ralea, ha hecho de la cara dura el instrumento para ir engordando su fortuna personal. Hizo de la canción su primera profesión, aprovechando el filón de su presencia física por alto, guapetón... En los años 80 no sólo consiguió que un juez le permitiera mantener enterito su chalet construido ilegalmente, sino que condenó al propio alcalde jerezano, Pedro Pacheco, por decir eso tan famoso de "la Justicia es un cachondeo". Con el paso del tiempo, ya dejando al lado esa vocecita musical que le hizo famoso, se dedicó a eso de la prensa del corazón y, ya en el siglo actual, se ha hecho de oro presentando programas televisivos, a cuál más hortera. Y como tal sigue, no parando de propagar cosas a cuál más interesantes y, claro está, ejerciendo como un buen español y lanzando azotes contra quienes no lo son. Ya se sabe, eso de la banderita rojigualda, del ¡viva España! y ¡viva el rey!, de bajar los impuestos, de llamar mamarrachas a las feministas progres y demás. Buen español, sí, pero que no le toquen su bolsillo o donde tenga guardado el dinero.

(Imagen: retrato hecho por Luis Grañena).    

De "Pandora" al emérito

Hace ocho años puse título a una de mis entradas de esta manera: "¡Claro que existe el paraíso terrenal". Breve en extensión, estaba dedicada a los paraísos fiscales. Nada nuevo sobre lo que se sabía por entonces, como tampoco sobre lo que estos últimos días se está publicando en numerosos medios de comunicación sobre los "Papeles de Pandora". Con anterioridad ya se había hecho con los "Papeles de Panamá", la "Lista Falciani"... 

Más de lo mismo sobre el fondo del asunto, pero, eso sí, con más detalles. Nombres y nombres de gente de la política, la literatura, la canción, el deporte, la empresa, la moda, la Iglesia Católica... Personas que, en su mayoría, van pontificando y presumiendo sobre su manera de hacer y ver el mundo. Siempre, claro está, en nombre de una forma de entender la libertad que se resume en hacer uso de ella para enriquecerse, mientras distraen sumas astronómicas de dinero a base de esos entramados que operan entre los países de origen y los paraísos fiscales. 

Entre los "papeles" no falta la cuota correspondiente de españoles y españolas (Julio Iglesias, Miguel Bosé, Pep Guardiola...), o que tienen alguna relación directa con nuestro país (Mario Vargas Llosa, Skakira...). ¿Y que pasa con el rey emérito, del que también se ha hablado? Su nombre no aparece, pero sí la  que fue su más que amiga del alma: Corinna Larsen. Visto lo que está sucediendo en los últimos años, con ruptura sentimental, pleitos entre partes e investigaciones judiciales, la cosa alumbra más sobre las andanzas del emérito. Tal como publicó Mundo Deportivo hace unos días, "Juan Carlos I aparece como beneficiario del trust Peregrine, un fideicomiso vinculado a Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. Corinna escribió una carta al gestor del fideicomiso en la que solicita que, en caso de su fallecimiento, se entregue el 30% de las ganancias procedentes del Fondo de Infraestructura Hispano Saudí al rey emérito hasta que se liquiden completamente".  

Y mientras tanto, tenemos que oír y leer la noticia de que la fiscalía está preparando el cierre de las investigaciones que tenía abiertas el susodicho. Incluso hay más, pues se está rumoreando de su posible regreso a España, para lo que está contando con el apoyo de sus dos hijas... reconocidas, claro. 

Apenas me salen palabras para seguir escribiendo... ¡Cuánta escoria hay repartida por mundo!

Lo de Antonio Miguel Carmona con Iberdrola, un nuevo caso de puertas giratorias

Antonio Miguel Carmona ha fichado por Iberdrola. Va a ser nada menos que vicepresidente de la sección española de una de las empresas más poderosas del sector eléctrico. Ha sido un miembro destacado del PSOE madrileño, al que ha representado como parlamentario en la Asamblea de la comunidad autónoma y por el que llegó a ser en 2015 candidato a la alcaldía. Sus posiciones políticas han estado ligadas al sector más conservador del PSOE, estando entre quienes apoyaron a Susana Díaz en las primarias de 2017, en las que por segunda vez Pedro Sánchez resultó vencedor. Este hecho ha supuesto que en la actualidad ya no tuviera ningún cargo representativo, dedicándose a su función como profesor en el centro universitario San Pablo CEU y a su actividad de tertuliano, en la que lleva bastantes años.

Y ahora, en plena polémica en torno al recibo de la luz, ha saltado una noticia que no ha gustado ni al gobierno, ni a quienes dirigen el PSOE en la actualidad, ni, por supuesto, a Unidas Podemos. Estamos ante el enésimo caso de las puertas giratorias, en las que representantes públicos destacados de los partidos se pasan a puestos directivos de grandes empresas privadas.  

Algo que no es nuevo en el entorno del PSOE, en el que, además, ha habido cierta "predilección" por el mundo de las empresas eléctricas. Veámoslo a través de ejemplos: Felipe González (Naturgy), Miguel Boyer (Red Eléctrica Española), José Manuel Atienza (Red Eléctrica Española), Josep Borrell (Abengoa), Narcís Serra (Naturgy), Elena Salgado (Endesa), Mª Ángeles Amador (Red Eléctrica Española), Manuel Marín (Iberdrola), Pedro Solbes  (Viesgo/Repsol)...

Una presencia en el sector donde el PP no ha faltado: Rodolfo Martín Villa (Endesa), José María Aznar (Endesa), Pío Cabanillas (Endesa), Ángel Acebes (Iberdrola y Red Eléctrica Española), Luis de Guindos (Endesa)... 

Eso es lo que tenemos.

Aznar, las jubilaciones y su permanente chulería

El PP lleva toda la semana de convenciones, por donde va desfilando de todo. Y entre tantas cosas que hemos podido oír, ayer José María Aznar soltó una nueva perla, de esas que dejan huella: "Oigo cada día una cosa distinta en relación con las pensiones y cada día me preocupo menos. Y yo no soy pensionista ni estoy jubilado ni nada de eso. Y además ni tengo ganas de jubilarme ni me pienso jubilar ni nada". Y tan pancho se ha quedado el tío. 

Aun cuando pueda parecer que no tiene mucho que ver, me vinieron a la memoria unas declaraciones de hace unos años del ministro de Finanzas de Japón, un tal Taro Aso. No se le ocurrió otra cosa que decir sobre las personas mayores que se dieran "prisa en morir". Consideraba que el estado tenía demasiados gastos médicos para hacer frente a sus atenciones en la salud: "Yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo [el tratamiento] está pagado por el Gobierno".

Josemari tiene ahora 68 añitos, cuatro menos que los que Aso tenía en 2013.  En ambos casos, han dado muestras de fortaleza y utilidad. ¿Para qué jubilarse? O ¿para qué recibir atención médica? Demasiados gastos, despilfarro, mantener inútiles... Aso era considerado por entonces como uno de los políticos más ricos de su país. En el caso de Josemari, desde que se retiró de la primera línea política, recibe cada año unos buenos emolumentos como miembro de varios consejos de administración de grandes empresas y por su extraordinaria labor intelectual como conferenciante. Eso sin contar sus peripecias con Hacienda.

En fin, carotas a más no poder.  

Precio de la luz y maniobras de las grandes empresas eléctricas

La subida de los precios de la electricidad de los últimos meses está resultando escandalosa. Forma parte de una estrategia de las grandes empresas del sector para aumentar sus beneficios. En primero lugar, para recuperar lo que dicen que han perdido por la bajada de la demanda como consecuencia de la pandemia. Y también, ante el temor de las nuevas medidas tomadas por el gobierno, que buscan optimizar el consumo, lo que afecta a sus beneficios.

Fue durante el mandato de Mariano Rajoy cuando consiguieron el no va más, tras la introducción de la subasta diaria de precios desde la demanda, pero con una descarada ventaja para esas empresas mediante un sistema, llamado marginalista, que toma como referencia el precio de la fuente de energía más caro. A ello hay que añadir unas prácticas fraudulentas, mediante las cuales trucan a su antojo la forma de obtener la energía, conscientes de que, cuando las pillan, tienen que pagar unas multas que resultan ridículas en relación a los beneficios finales. Y todo eso es lo que se denuncia hoy en infoLibre en el artículo firmado por Javier Martínez y titulado "Así se manipuló el mercado en otras subidas de la luz: Naturgy, Iberdrola y Endesa ganaron 50 millones inflando precios".

Los métodos que utilizan varían de unas empresas a otras. En el caso de Iberdrola, de la que se dice que es el más descarado, durante el gobierno de Rajoy se dedicó a "paralizar sus centrales hidroeléctricas para que no entraran en la subasta y meter, por el contrario, a sus centrales de gas natural para que marcaran el precio". De esa forma aumentó en 25 millones de euros sus beneficios, mientras la factura de la luz subió un 10%. Endesa y Naturgy, por su parte, han dejado al margen de la subasta a sus centrales de gas en la primera puja para "posteriormente meterlas en la segunda vuelta, llamada 'proceso de restricciones técnicas', a un precio más caro porque se ponía en juego la posible interrupción del suministro".

La actual subida ha generado desde el primer momento las sospechas de analistas y asociaciones de consumo. El primero en destaparlas ha sido Jorge Morales, que ha declarado que varios medios que el objetivo que tienen las  grandes empresas eléctricas es impedir que prosperen las medidas del gobierno. Morales, sin embargo, reconoce que no dispone de pruebas para demostrar lo que sospecha, en gran medida por la opacidad que existe en el sector.  

De lo que no cabe la menor duda es que estamos ante una batalla que tiene una doble cara: económica y política. De momento al gobierno, y más concretamente a la cartera de Transición Energética, le falta el atrevimiento de enfrentarse sin temor a quienes controlan el sector eléctrico. El PSOE, que la controla, tiene demasiadas hipotecas que provienen del pasado, desde el tiempo de los gobiernos de Felipe González. Éste, precisamente, es consejero de Naturgy, como también lo son han sido otros exministros de ésta o de otras empresas.

Por eso hay que seguir insistiendo, desde dentro y desde fuera del gobierno, para evitar que se sigan riendo de la gente. En este caso, a costa de los recibos de la luz.

Pagar o no impuestos: el falso debate al que nos quieren llevar

Sabido es que la derecha política, expresión genuina de los grupos sociales con mayores niveles de renta, es poco amiga de los impuestos. Es verdad que hay matices en sus distintas variantes, pero en lo fundamental tienden a coincidir. La más puramente neoliberal es la más explícitamente enemiga y hace de ello una de sus principales banderas. Aunque es verdad que hay matices en sus distintas variantes, en lo fundamental tienden a coincidir. En todos los casos argumentan que el pago de impuestos supone retraer dinero de las empresas para sus inversiones y de la gente corriente para su consumo y, cuando se da el caso, también para invertir. Es precisamente en esto último donde consiguen apoyos entre los sectores sociales intermedios, que son mayores entre quienes tienen algún tipo de negocio en propiedad (comercial, industrial, hostelero, agrario...) o son rentistas, pero que no resulta desdeñable entre quienes, aun recibiendo un salario, disponen de unos niveles de renta suficientes para vivir holgadamente.

Pero el debate en torno a los impuestos tiene aspectos que resultan engañosos. Primero, porque quienes defienden su bajada lo hacen refiriéndose sólo a los impuestos directos. Por ser más o menos progresivos, eso implica que deben pagar más quienes más tienen. Y hacerlo en todos sus variantes: sobre las rentas, sobre las sociedades, en las sucesiones... Omiten referirse casi siempre a los impuestos indirectos, que son los que se aplican sobre el consumo y que, como consecuencia, afectan a todo el mundo por igual. 

Entramos así en el segundo de los aspectos: la necesidad de que haya impuestos. ¿Cómo, si no, acometer determinadas tareas públicas, que son muchas? Algunas son propiamente las de seguridad (policía), defensa (ejército...) y administración de justicia; está también la administración en general; no puede faltar la construcción de infraestructuras (transporte, comunicaciones...); a veces, aunque cada vez menos, existen empresas públicas; y, claro está, no podemos olvidarnos de los servicios sociales (educación, salud, pensiones...). 

Sobre los primeros aspectos no hay discusión desde la derecha. Tampoco la hay sobre las infraestructuras que, además, cobran un importante relieve, porque su ejecución corre a cargo de empresas, en su mayoría privadas. De esta manera se produce una simbiosis entre lo público, con origen en los impuestos, y lo privado, donde actúa sobre todo el capital privado, pues en la actualidad las empresas públicas han tenido a ser privatizadas. Una simbiosis que explica, sin irnos muy lejos en el tiempo, las tramas de corrupción que se han tejido entre quienes administran las instituciones políticas en todos sus niveles y quienes reciben las concesiones en condiciones más que ventajosas, sin olvidarnos de los desvíos de fondos para la financiación de partidos, particulares y hasta quienes son algo más que pillos.

¿Y qué pasa con los servicios públicos? Estamos ante otro de los principales caballos de batalla. En nuestros días resultaría inconcebible para la mayor parte de la gente que no existieran. Han sido algunas de las conquistas de lo que se conoce como estado de bienestar. El mismo que desde los años ochenta del siglo pasado empezó a desmantelarse, si no en su totalidad, sí en bastantes de sus aspectos. Por eso, desde la óptica neoliberal, se defiende esas cosas de aumentar los años de cotización o de retrasar el año de jubilación. Por eso se hacen concesiones a empresas privadas de la gestión de hospitales o de determinados servicios sanitarios. Por eso se sufraga con fondos públicos a centros educativos privados. Por eso se hace lo propio con las residencias de personas mayores. Por eso se recortan los fondos públicos para la sanidad o la educación. Por eso se desatiende en gran medida a las personas socialmente más vulnerables...

Todo ese dinero destinado a los servicios públicos es el que ayuda a redistribuir la riqueza. Conlleva recaudar impuestos progresivamente para mantener un sistema solidario que sirva a todo el mundo. Nadie deja de contribuir, aunque lo hagan más quienes más tienen, y nadie se queda sin nada o con muy poco. Es perfeccionable, claro está, pero resulta necesario.

Todas estas cosas explican la fobia que se tiene a los impuestos desde la derecha política y desde quienes la sostienen económica y electoralmente. Su modelo social, insolidario por naturaleza, sólo sirve a quienes tienen más, a quienes sólo miran por sus intereses particulares e incluso a gente incauta que se cree que los beneficios sociales que tienen, sean los que sean, han surgido de la nada.  

Madrid, la gran nevada y los impuestos

Ha caído nieve sobre buena parte de la Península. Mucha nieve. Como no se conocía desde hace medio siglo. Es lo que se ha informado desde medios meteorológicos. Esta Filomena... En Madrid, capital y comunidad, ha provocado el desorden consiguiente. Ha habido un problema: no se han puesto los medios suficientes para afrontarlo. Pero no importa. Porque el alcalde Martínez Almeida y la presidenta Ayuso han tenido ideas guays. Y solidarias, oye. La presidenta, que la gente se dedique a quitar nieve. Y el alcalde, que vaya en busca de sal. Como se pagan menos impuestos, pues eso ha ocurrido. Menos impuestos..., las rentas más altas, claro. Como ocurre, por ejemplo, en su país referente: EEUU. Me acuerdo de lo ocurrido cuando el Katrina en 2005. Ese potente huracán que afectó sobre todo a las costas del estado de Luisiana. Y se me dirá: allí murió mucha gente. Y digo: menos mal. Ha habido muchos Katrinas. Grandes y chicos. En fin, cosa de impuestos. Mientras tanto, que se jodan quienes menos tienen.

(Imagen: Público).

Yolanda da en la clave sobre la subida del salario mínimo: "por 30 céntimos al día..."

 

Yolanda Díaz es una de las personas que forman parte del gobierno que más protagonismo está teniendo. Salvando a Pedro Sánchez (presidente), Pablo Iglesias (vicepresidente), María Jesús Montero (ministra de Hacienda y portavoz) y, por supuesto, Salvador Illa (ministro de Sanidad), su actividad ha sido muy intensa, al frente de un ministerio, el de Trabajo, que ha tenido que lidiar principalmente con dos cosas: la herencia del PP, con una reforma laboral que sigue pesando como una losa, y con el aumento del paro ocasionado por la pandemia mundial. Ha actuado con inteligencia, haciendo de puente entre el mundo empresarial (sobre todo de la todopoderosa CEOE), el de las pequeñas empresas y las personas autónomas, y los sindicatos (en especial, CCOO y UGT). La subida en un primer momento del salario mínimo, el acuerdo en torno a los ERTEs, los subsidios a las personas autónomas y los subsidios de desempleo a las empleadas del hogar han sido un escudo social que ayudado a salir adelante a empresas en apuros, por un lado, y trabajadoras y trabajadoras, por otro. A eso se une, entre otras cosas, la aprobación del salario mínimo vital para las personas más vulnerables. 

Sin embargo, la lucha por el aumento del salario mínimo de cara al año 2021 está resultando muy difícil. A la oposición de la CEOE se une la del sector del gobierno, capitaneado por Nadia Calviño, que hace del rigor neoliberal un pilar fundamental de la política económica. Pero Yolanda Díaz, valiente y tenaz, no se da por perdida. Esta mañana, dentro de una entrevista realizada en la cadena SER, se ha preguntado, entre otras cosas:"¿Por qué dejamos fuera a quienes más lo necesitan? (...). ¿Por qué dejamos fuera a los débiles (...) por 30 céntimos al día?". Certera como suele acostumbrar.

A propósito de un artículo de Juan Torres: frente al capitalismo neoliberal y la pandemia, cooperación y solidaridad

La economía es una ciencia que en los tres últimos siglos ha estado ocupada principalmente por quienes han hecho del capitalismo su paradigma. Pese a los esfuerzos de Karl Marx por formular una crítica al funcionamiento de ese sistema económico y a los planteamientos de quienes lo canonizaban como pensamiento, a día de hoy, transmutado continuamente en nuevas formas, el capitalismo sigue viviendo. 

En las últimas décadas, transmutado a su fase neoliberal, el campo académico ha sido invadido por un ejército de mentes pensantes y actuantes que ha contribuido a crear en el planeta un nuevo paraíso. Está ocupado, en primer lugar, por una minoría que va desde gente multimillonaria hasta esas clases medias-altas que se satisfacen a base de posesión y consumo. Están también quienes, dentro o en sus alrededores, mantienen unas expectativas ilusorias de enriquecerse, ascender en la escala social o simplemente recibir una seguridad personal aunque sea a costa de hundir a quienes tienen al lado. Todo un campo de cultivo para que surjan esas propuestas políticas que abundan en el desprecio a quienes son diferentes y la creencia en doctrinas salvadoras más allá de este mundo. 

Economista y catedrático universitario, Juan Torres es una de las mentes más lúcidas en su campo académico. Desde hace bastante muchos años sigo su blog Ganas de escribir y suelo leer los artículos que, siempre interesantes, publican periódicamente algunos medios de comunicación. Ayer Público sacó su artículo "Ni el confinamiento ni la pandemia son la causa de la catástrofe". Su contenido es muy duro, porque el diagnóstico que hace de la actual situación en el mundo no es un canto a la alegría. Pero no por ello deja de ser interesante y, ante todo, útil para comprender dónde estamos y ser capaces de actuar en consecuencia. 

Leerlo es un ejercicio que merece la pena. Dejo aquí, no obstante, algo de lo que aparece en su artículo. Un aviso para navegantes, pero también con un horizonte que nos permita salir del bucle tenebroso en que nos encontramos. Por eso me he permitido la licencia de destacar (en negrita) eso último. 

La catástrofe proviene de que hayamos decidido acumular aviones de combate, tanques, misiles, naves armadas hasta la bandera… ante el peligro más que hipotético de un ataque militar y no se haya invertido en la previsión de daños más probables, como los producidos por pandemias o desastres naturales.

La catástrofe se produce porque no se ha financiado la investigación básica en el sector público que permite que luego haya innovación privada y porque hemos dejado que el desarrollo de productos básicos, como fármacos y vacunas que ahora necesitamos con urgencia, se supedite al beneficio privado.

La catástrofe se va a producir porque se ha renunciado a que los Estados y los bancos centrales se hagan cargo en última instancia de la financiación de aquello que los mercados no pueden resolver, como ocurre paradigmáticamente con los efectos de un desastre natural, de las emergencias o pandemias como la que estamos viviendo. La catástrofe se produce porque se estableció que los bancos privados financiaran a los gobiernos a costa de multiplicar la deuda a base de intereses.

(…)

Le guste o no a los dirigentes empresariales, las empresas que dejan de funcionar o que sólo pueden hacerlo con baja o mínima actividad no pueden salvarse en medio de una pandemia con más capitalismo (y mucho menos con el capitalismo neoliberal de los últimos decenios que quiere acabar con el Estado) sino con bienes comunes, con ayuda pública, con iniciativa y propiedad públicas y con cooperación y solidaridad, es decir, con socialismo o como quiera llamársele, pero no con el capitalismo que un virus y las malas políticas previas han hecho que deje de funcionar.   

Yolanda Díaz: contundencia y baño de realidad al PP

He escuchado a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, en la sesión parlamentaria de ayer miércoles, 15 de abril. Su intervención rebatiendo a José Ignacio Echániz, diputado del PP, y, por extensión, a la bancada de su partido y de los otros grupos de la derecha, ha sido prodigiosa. No creo que exagere con el calificativo, porque en tan sólo 3 minutos y de una forma sosegada ha desmontado con clarividencia y contundencia la posición en materia laboral que la derechona viene reiterando desde que se inició la crisis del covid 19. Cuando el pasado 4 de marzo el ministerio sacó una guía laboral para empresas y trabajadores, la reacción del PP fue calificarla de "alarmista" y "precipitada". Díaz le ha recordado a Echániz que en los primeros momentos del gobierno del PP, en 2012, flexibilizó y abarató los despidos, haciendo que el país se convirtiera en "un solar de términos de precariedad y en una enorme devaluación salarial". También le ha recordado que su partido se ha opuesto a la prohibición de los despidos en las actuales circunstancias, a los ERTEs que favorecen a más de 3 millones de personas, a la exoneración de cuotas a la seguridad social para cientos de miles de empresas, al subsidio de desempleo para las empleadas del hogar, al subsidio para las personas autónomas... 

Un baño de realidad a esas gentes que, diciéndose patriotas, sólo lo son de sus banderas y su dinero. 

En EEUU está aumentando la mortalidad

La emisora Alternative Radio realizó hace unos días una entrevista a Noam Chomsky, cuyo contenido lo ha reproducido por escrito el diario El Salto.  En el análisis que hace de la situación de EEUU, se centra de una manera especial en la creciente desigualdad social, el papel que juega la industria armamentística o los límites que existen en la libertad de expresión. 

En relación a lo primero una de las cosas que Chomsky resalta es el aumento de la mortalidad y, como consecuencia, el descenso de la esperanza de vida. Un hecho que resulta sorprendente, en la medida que se trata del único país del mundo desarrollado que lo está sufriendo. La explicación que da la relaciona claramente con el modelo económico neoliberal, para lo que nos lleva a cuatro décadas atrás. Y es que fue durante la presidencia de Ronald Reagan cuando empezaron a implementarse de una forma generalizada las medidas de desregulación laboral y ataque frontal al estado de bienestar.

Entre las distintas causas de muerte que han aumentado en los últimos años, llaman la atención las conocidas como "muertes por desesperación", cuantificadas en torno a unas 150.000 anuales. Se trata de las muertes por suicidio, sobredosis por estupefacientes, etc., que están afectando en mayor medida a la población de clase obrera y blanca situada en los grupos de edad entre 25 y 50 años. Precisamente las generaciones que están viviendo su experiencia laboral dentro de los parámetros del neoliberalismo, sometidas a mayores niveles de paro, deficits en las prestaciones sociales, carencias en la asistencia sanitaria, aumento de la presión en los empleos... 

Sí, está ocurriendo en EEUU, la primera potencia mundial.

Importante triunfo judicial (por ahora) de los "riders" de Deleveroo

Decir que el estado de cosas en el mundo laboral es deplorable, no resulta disparatado. Especialmente en el sector privado y entre las generaciones más jóvenes, que están viendo cómo la precarización se ha instalado en sus vidas de una forma permanente. Contratos cortos, jornadas laborales abusivas, engaños en las cotizaciones a la seguridad social, ausencia de vacaciones, pagos en dinero negro..., cuando no las falsas contrataciones como autónomos o autónomas. 

Todo un cúmulo de despropósitos, de naturaleza neoliberal, que desde principios de los años noventa introdujo un gobierno del PSOE (los contratos basura del señor Solbes y su jefe González), continuó con los siguientes del PP (Aznar) y PSOE (Zapatero), y que con Rajoy y sus mariachis alcanzó el culmen con la mayor de las desvergüenzas: una reforma laboral que dejaba las manos libres a las empresas, abaratando aún más la mano de obra y recortando derechos sociales. Una reforma que, por cierto, le cuesta desmontar al actual gobierno en funciones presidido por Sánchez, pese a lo que dijo en algún momento, cuando necesitaba apoyos para volver a encumbrarse en la dirección de su partido y luego ganar la moción de censura. Lo que puede ayudar a entender, como uno más de otros aspectos, el papelón que están representando con la finalidad de evitar un gobierno de coalición con Unidas Podemos que pueda ir más allá de lo que dicta el sistema.

Volviendo a lo que nos ocupa, hace unos días ha aparecido una sentencia de un juzgado de lo social de Madrid que ha dado la razón a la CNT en su demanda en favor de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa Deliveroo, que aplicaba con descaro la contratación como autónomos o autónomas a sus "riders", esto es, distribuidores en bicicleta de comidas. La sentencia deja claro que estamos ante un fraude de ley.   

Un importante triunfo, pese a que tiene sus limitaciones: la empresa, con toda seguridad, recurrirá la sentencia; y, además, estamos ante la punta de un iceberg. 

En todo caso, enhorabuena quienes han hecho posible que llegue una alegría en casa del pobre.    

Ana Botella, condenada (por ahora)

El pago de 23 millones de euros es la condena que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Ana Botella y a siete altos cargos del gobierno municipal madrileño durante el periodo 2011-15. La venta de 1860 viviendas públicas a Blackstone, una corporación de "fondos buitre", ha sido la causa. Estamos ante un episodio más de la hechura pepera. La expresión más viva de la España negra, la misma que en nuestros días funde el pasado y el presente más lúgubres. La condena ha estado bien por ahora, pero a la espera de que las personas implicadas recurran y de lo que acabe resultando, que está por ver. Queda, empero, la otra parte: la devolución de las viviendas. Porque detrás de todo esto se encuentra la simbiosis existente entre el poder económico y quienes gestionan el político. El modelo neoliberal en estado puro a través, en este caso, de la privatización de lo público y de la venta de su patrimonio a precio de saldo, con las secuelas sociales tan perniciosas que genera. El capitalismo de amiguetes, corruptor y corrompido en sus entrañas. Ahora con Botella como protagonista. La del "relaxing cup of café con leche". La esposa e uno de los gurús del neoliberalismo español, el mismo que cobra, y mucho, por dar charlas sobre los parabienes de la libertad de empresa y se enorgullece de su gestión al frente del gobierno tiempo ha. El mismo que apadrina a la derecha más rancia de este país. Buena pareja la que forman.    

Los chalecos amarillos, como síntoma, pero ¿hay algo más?

Llevo semanas intentando entender el fenómeno de los chalecos amarillos. Reconozco que al principio no me encajaban dos cosas: una, en el origen del movimiento, las reivindicaciones en torno a la oposición a la subida del precio de los hidrocarburos; la otra, quizás más evidente, la participación activa de sectores de la ultraderecha. La información incompleta y, sobre todo, las imágenes con predominio de la violencia que han ido apareciendo en los medios de comunicación, poco han ayudado. Unas dudas, las mías, que tuvo hasta el grupo Francia Insumisa, principal fuerza de la izquierda francesa, temeroso por el papel que estaba jugando la gente de la extrema derecha. 

Hace unos días Cuarto Poder publicó un artículo de Pablo Castaño, "Tres claves para entender a los 'chalecos amarillos'", donde se hace un análisis clarificador. Un intento por diseccionar un movimiento contradictorio, pero también como un proceso, donde las reivindicaciones se han ido ampliando y han dado forma a una plataforma social y política que pone al descubierto las fisuras del modelo neoliberal. Ayer El País publicó otro artículo, "Anatomía de los 'chalecos amarillos'", en el que su autor, Marc Bassets, expone diez claves para ayudar a entender lo que está ocurriendo en Francia. Sin Permiso, a su vez, nos ofreció también ayer una entrevista realizada al geógrafo francés Christophe Guilluy, con el título "La Francia popular impone su diagnóstico". Podría seguir con más artículos (Rebelión ofrece cada día al menos un artículo), pero creo que puedo permitirme dar una opinión, siempre, como en casi todas las ocasiones, con las necesarias reservas.

Puedo decir que, como todo conflicto, el de los chalecos amarillos es síntoma de algo. En este caso, un conflicto que se está dando en el corazón de los países ricos y que está teniendo como protagonistas a personas que habitan no tanto en la periferia del sistema como en un anillo intermedio. Surgido en las pequeñas y medianas ciudades, la primera de las reivindicaciones, la bajada del precio de los carburantes, ponía al descubierto una realidad: tal subida afectaba a quienes, a falta de otra alternativa, necesitan utilizar su vehículo privado para acceder a sus lugares de trabajo; o a quienes tienen un vehículo como una de las bases de su actividad económica. Mientras en los principales centros urbanos los transportes colectivos permiten la movilidad a la mayoría, en esas ciudades pequeñas y medianas el encarecimiento de los combustibles afecta a los bolsillos de la gente con recursos limitados o de quienes disponen de pequeñas empresas. Esto último explicaría el apoyo de grupos de extrema derecha, más presente en la Francia rural y de las ciudades pequeñas. 

El perfil socioeconómico estaría personificado en gente de clase media-baja y media; lo primero, entre personas empleadas con salarios bajos o en paro; lo segundo, entre el pequeño empresariado. Para Bassets, siguiendo un estudio realizado por un colectivo de profesionales y publicado en Le Monde, personas con una 30% de ingresos inferiores a la media y con escasa representación de quienes viven en los extrarradios de las grandes ciudades, donde la presencia de población de origen inmigrantes mayor. 

Es, en fin, lo que para Guilluy supone "la traducción de treinta años de recomposición económica que han conducido a una gran fragilización social y a un nuevo reparto geográfico de los ciudadanos en el territorio".

La ampliación de las reivindicaciones, fruto de la forma de organización y comunicación, basada en el empleo creativo de las redes sociales, ha puesto al descubierto unas aspiraciones que pueden ser asumidas por más gente y entran dentro de la categoría de reivindicaciones progresistas y, ante todo, contrarias al modelo económico neoliberal. Como nos recuerda detalladamente Castaño, tales reivindicaciones son: "subida del salario mínimo, salario máximo de 15.000 euros, cero personas sin techo, protección del pequeño comercio, subida de impuestos a las grandes empresas y bajada para las pequeñas, rechazo del sistema de jubilación ‘por puntos’ (...), subida de las pensiones más bajas, jubilación a los 60 años, indexización de los salarios respecto a la inflación, limitación de los alquileres, fin de las políticas de austeridad, lucha contra el fraude fiscal, incremento de las prestaciones para personas discapacitadas, prohibición de las privatizaciones, más recursos para la justicia y la policía, eliminación del programa de ayudas a las grandes empresas que cuesta 20.000 millones de euros al año, reducir el número de estudiantes por clase…".

Una de las sorpresas derivadas de las protestas, pese a la imagen negativa lanzada por la mayoría de los medios de comunicación, son las amplias simpatías por el movimiento y sus reivindicaciones, que algunos sondeos lo han cuantificado en más de las tres cuartas partes de la población. Por el contrario, la participación en las movilizaciones ha sido limitada, estando ahora incluso en descenso, quizás por el grado de violencia empleado y no sólo desde algunos sectores de activista, sino también por parte de la policía. 

Por ahora el movimiento está teniendo un éxito relativo. Algunas medidas previstas por el gobierno han sido anuladas (por ejemplo, la subida de carburantes) y a la vez ha ido tomando otras nuevas como un intento de apaciguar la situación (por ejemplo, la subida del salario mínimo).  

Que el movimiento de los chalecos amarillos no deja de ser un síntoma de la frustración que genera el modelo neoliberal en determinados sectores sociales, en este caso ubicados en los niveles medios y medio-bajos y en los ámbitos más alejados de las grandes ciudades, parece que no hay duda. Como tampoco parece haberla en los apoyos sociales y, sobre todo, políticos contradictorios. Resaltar dicho movimiento como una señal de esperanza en la lucha contra el neoliberalismo quizás sea prematuro, pero no está de más reconocer que contiene elementos que permiten que podamos sentir que, pese a todo, la cosa se sigue moviendo.    

"Globalización financiera", uno de los últimos artículos de Samir Amin

La revista El viejo topo nos ofrece en este mes de septiembre (n. 368) un artículo -quizás el último- de Samir Amin que tiene sumo interés: "Globalización financiera. ¿Debe China implicarse?". Parte de los resultados que está teniendo en el país asiático el programa de reformas "en el espíritu de un socialismo con características chinas", cuyo éxito es debido al "control nacional de su sistema financiero y a su rechazo de la globalización financiera". 

A lo largo del escrito va desentrañando distintos aspectos de la realidad económica actual, empezando por los engaños que desde el mundo académico dominante se lanzan acerca de las ventajas del sistema financiero dominante. ¿Y cuáles son dichos engaños? En primer lugar, el de los tipos de cambio fluctuantes, que, lejos de haber estabilizado el crecimiento económico, han hecho todo lo contrario: el dólar se ha sometido a grandes fluctuaciones y las devaluaciones habidas en los países del Su han intensificado su expolio. Por el contrario, y a modo de ejemplo, China sigue conociendo un crecimiento del PIB (18% global y 16% en dólares en 2015) que contrasta con el de India (8% y 2%, respectivamente). 

El segundo engaño es el de los tipos flexibles como reductores de los costes de las transacciones y favorecedores de las exportaciones. Cuando esto ocurre, se debe a la naturaleza y el volumen de las exportaciones. En el caso de China, Samin aconseja que el aumento de la producción se reoriente al mercado interior, como una forma de mejorar el bienestar y corregir los desequilibrios regionales.

El tercero sería que los tipos flexibles amplían el margen de opciones de las políticas económicas interiores, cuando en realidad  lo que hacen es limitarlas. Y un ejemplo claro es el de la propia Unión Europea, donde sus miembros actúan maniatados a la hora de desarrollar políticas económicas autónomas.

Para Samin la  clave se encuentra en la realidad dominante de nuestros días: la globalización financiera, como instrumento político de la Tríada formada por EEUU, en primer lugar, y sus aliados subordinados en Europa y Japón. El proyecto estadounidense de dominación, que tuvo durante la Guerra Fría el contrapeso de la URSS, se encuentra en el origen de sus intervenciones militares en el mundo, cada vez más violentas.

China ha emergido como una realidad que está siendo utilizada por EEUU, con la colaboración de sus aliados, para convertirla en una especie de chivo expiatorio de sus errores y debilidades. Se le critica que haga para sí lo que EEUU hace también para el resto de países. En materia de política monetaria el país asiático está empleando unos instrumentos similares a los de EEUU: es el Banco Central (que en China está en manos del estado) el que decide los tipos de interés y la compra de bonos del tesoro para enjugar las situaciones deficitarias. 

Los problemas de EEUU se derivan de sus errores en relación al papel que juegan las grandes corporaciones, su política educativa o sanitaria, etc. En el caso de la UE, craso error es el papel que juega su Banco Central, con decisiones dejadas al albur del mercado e impidiendo que los estados miembros puedan actuar con autonomía. Y en el del Reino Unido y Japón, sus problemas derivan de su entreguismo al juego llevado a cabo por EEUU.

Samin niega que el sistema de financiarización pueda ser reformado. Refuta a quienes, como Stiglitz y su entorno, defienden la vuelta al sistema anterior a la crisis de 2008, con el dólar como divisa dominante, aunque no en exclusiva. También lo hace a quienes proponen una nueva unidad monetaria internacional, obtenida desde las principales monedas de nuestros días (dólar, euro, libra esterlina, yen, yuan...), y nuevas reglas monetarias. Las dos propuestas, además, han tenido pocos apoyos. Una tercera vía, alternativa, podría haber sido la construcción de acuerdos regionales entre los países del Sur, independientes de las reglas imperantes en el sistema global. Es lo que se ha intentado a través del Grupo de Shangai, la Asociación de países del Sureste Asiático, el Proyecto del Grupo de la Seda e incluso la Alianza Bolivariana en América Latina, que para Samin, sin embargo, han fracasado por distintas razones.

¿Qué defiende pues? Es tajante en considerar que China no debe desviarse del camino de reformas iniciado en 1978, manteniendo su independencia frente al sistema  de financiarización. Una prueba de su fortaleza, además del crecimiento económico, ha sido que no haya sufrido la crisis financiera de 2008.  Debe seguir manteniendo su sistema bancario, de naturaleza estatal y orientado al fomento de iniciativas y empresas en su propio país. En todo caso debe mantenerse alerta ante las amenazas de todo tipo provenientes de EEUU. Y máxime cuando el actual presidente está haciendo de la guerra económica contra ese país una de sus prioridades. 

El artículo de Samin concluye de esta manera: "Quedarse al margen de la globalización financiera es un arma importante en manos de China; y en consecuencia no debería dejarla en manos de unas potencias que no son necesariamente amistosas respecto al proyecto de un socialismo con características chinas".    

La ministra García Tejerina y el mito de la "huelga a la japonesa"

En pleno debate en torno a la huelga de mujeres convocada internacionalmente para el día 8 de marzo, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, soltó ayer que lo que habría que hacer ese día es una "huelga a la japonesa". No me extrañó su respuesta, porque ya he oído esa expresión más de una vez en boca de gente perteneciente a medios políticos conservadores. La última vez, a una compañera de trabajo que pretendía justificar su negativa a secundar una de las huelgas que se convocaron hace unos años para protestar contra las medidas tomadas por los gobiernos del PSOE y el PP al comienzo de la crisis económica. Aliados, como son los círculos conservadores, de las empresas, cuando se convoca una huelga dicen que, en vez de no trabajar, habría que hacerlo más. Lo sueltan así y se quedan tan a gusto.

Las palabras de la ministra están siendo motivo de un amplio tratamiento de distintos medios de comunicación, con un amplio consenso a la hora de desmontar lo que no deja de ser un mito. Hasta el diario El País ha informado de su consulta en medios diplomáticos japoneses en España y el desconocimiento que en ellos tienen acerca del significado del término "huelga a la japonesa". No ha faltado tampoco la reacción en algunos grupos feministas, que han denunciado que muchas mujeres ya viven cada día el exceso de trabajo derivado de su actividad extradoméstica y la que realizan en el hogar.  

Indagando en algún libro y la misma red electrónica, no he conseguido obtener algo que leí o escuché hace unos años sobre el origen del término. Partiendo de que no es una práctica extendida en Japón, habría sido una forma de presión laboral en el contexto social de ese país. En ese sentido, el incremento intencionado de la producción no sería por amor a la empresa y sus dirigentes, sino para conseguir reivindicaciones laborales. Y la aparente originalidad tendría una razón más que poderosa: se hizo en el contexto del conocido como toyotismo, un sistema de organización de la producción muy extendido en Japón desde los años cincuenta. 

El toyotismo, derivado del nombre de la famosa empresa de automoción, tiene un objetivo inverso al de otros métodos de producción. En lugar de fabricar artículos con anterioridad para después venderlos, se hace desde una demanda previa, evitando de esta forma la acumulación de stocks y con ello se evita el riesgo de pérdidas para la empresa. 


Se entiende así la forma de presionar que en alguna ocasión podría haberse dado en Japón: trabajar más para provocar pérdidas a la empresa. Al fin y al cabo ése siempre es el propósito de cualquier huelga.

En todo caso, haya o no ocurrido, no deja de ser un mito que gusta utilizar y cultivar a quienes aman tanto al sistema económico imperante.