En abril de 2024 el Gobierno aprobó la formación de una Comisión Técnica encargada de estudiar los casos de vulneración de derechos humanos, con resultado de muerte, por parte de las fuerzas de seguridad y los grupos de extrema derecha. El periodo objeto de investigación ha sido el comprendido entre 1979, una vez aprobada en diciembre del año anterior la actual Constitución, y 1983. La disposición se ajustaba a la Ley de Memoria Democrática que se había aprobado dos años antes, con arreglo a la disposición adicional 16ª.
La citada Comisión se constituyó en julio de 2024, estando formada por personas expertas en "en el
ámbito de los derechos humanos, las ciencias sociales, la historia contemporánea o el
derecho penal": Nicolás
Sartorius, Federico Mayor Zaragoza, José Álvarez Junco, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, Carme Molinero Ruiz, Antonio Rivera Blanco, Encarnación Lemus López, José Antonio Martínez Soler, Sophie Baby, Jon-Mirena Landa
Gorostiza y Paz-Mercedes de
la Cuesta Aguado. De ellas ya no se encuentran José Álvarez Junco, que dimitió por razones personales, y Federico Mayor Zaragoza, fallecido.
El resultado de los trabajos llevados a cabo ha sido la elaboración de un "Informe" (cuyo contenido completo puede leerse a través de elDiario.es), en el que se ha reconocido un total de 63 personas asesinadas, 28 de las cuales lo fueron por las fuerzas policiales y las restantes 35 por los grupos de extrema derecha.
El listado de víctimas mortales, expuesto por orden cronológico, es el que sigue:
06/01/1979
Felipe Baz González
06/01/1979
José Luis Muñoz Pérez
04/03/1979
Ursino Gallego Nicasio
29/04/1979
Andrés García Fernández
06/05/1979
José Ramón Ansa Echevarría
03/06/1979
Gladys del Estal Ferreño
10/06/1979
Vicente Vadillo Santamaría
25/06/1979
Valentín González Ramírez
14/07/1979
Salomé Alonso Valera
25/08/1979
Justo López de Zubiria Arteaga
25/08/1979
Félix Mingueta Sanz
31/08/1979
José Prudencio García
01/09/1979
Ignacio Quijera Zelarin
13/09/1979
José Luis Alcazo
19/09/1979
Valeriano Martínez Pérez
28/09/1979
Tomás Alba Irazusta
06/11/1979
Francisco Caballero Requejo
09/12/1979
Victoria Arranz
09/12/1979
Manuel Álvarez Blanco
11/11/1979
Mikel Arregui Martín
13/12/1979
Emilio Martínez Menéndez
13/12/1979
José Luis Montañés Gil
09/01/1980
Ana Teresa Barroeta Álvarez
15/01/1980
Carlos Saldise Corta
19/01/1980
Liborio Arana Gómez
19/01/1980
Manuel Santacoloma Velasco
19/01/1980
María Paz Armiño Borán
19/01/1980
Pacífico Fica Zuloaga
01/02/1980
Yolanda González Martín
02/02/1980
Jesús María Zubikarai Badiola
10/02/1980
Vicente Cuervo Calvo
28/03/1980
Jorge Caballero Sánchez
19/04/1980
Felipe Sagarna Ormazábal
01/05/1980
Arturo Pajuelo Rubio
06/05/1980
Juan Carlos García Pérez
08/05/1980
María José Bravo del Valle
11/05/1980
Aquilina Fernández Crespo
29/06/1980
Manuel Luciano Pérez
25/08/1980
Joaquín Mendoza Lavera
28/08/1980
Jesús María Etxeveste Toledo
06/09/1980
Luis Quintana Monasterio
06/09/1980
Julio Martínez Navarro
07/09/1980
Miguel María Arbelaiz Echevarría
07/09/1980
Luis María Elizondo Arrieta
08/09/1980
José María Fernández Carrión
16/10/1980
José Luis Sancha Lasa
14/11/1980
Joaquín Antimasbere Eskoz
23/11/1980
José Camio
23/11/1980
Jean Pierre Haramendi
30/12/1980
Francisco José Rodríguez López
03/03/1981
Francisco Javier Ansa Cincunegui
23/03/1981
María Asensio Morales
07/06/1981
Carlos Idígoras Navarrete
10/05/1981
Juan Mañas Morales
10/05/1981
Luis Montero García
10/05/1981
Luis Manuel Cobo Mier
13/05/1981
Juan Abel Muñiz Corral
14/06/1981
José Félix Centenera Sánchez
07/07/1981
Luis Arribas Santamaría
02/01/1982
Pablo Garayalde Jauregizabal
20/06–07/1982
Sebastián García García
05/12/1982
Salvador Sampedro de Dios
19/02/1983
Juan Félix Domínguez
Al final del "Informe" se expresan varias recomendaciones, proponiendo "el reconocimiento institucional, moral y
simbólico de las personas que perdieron la vida en el periodo 1978-1983 como
consecuencia de violaciones de derechos humanos en el contexto de violencia
política analizado". Todo ello se basa en los principios
"reconocidos
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y plasmados en
instrumentos tales como la Declaración
sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (Resolución 40/34
de la Asamblea General de la ONU, 1985) y los Principios y Directrices Básicos
sobre el Derecho de las Víctimas a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones
(Resolución 60/147, 2005)".
Así como, dentro de la legislación española,
"en términos
equiparables a los establecidos para otras víctimas de violencia política o
institucional, y debe realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley 20/2022, de
19 de octubre, de Memoria Democrática, y en particular conforme a su artículo
3.4 la aplicación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima
del delito, en cuanto sea procedente".