1714, 1939, 2017. Tres fechas. Las dos primeras, selladas con sangre y fuego, han quedado imborrables en la memoria de mucha gente. La tercera, sellada en nombre de la Constitución de 1978, lo quedará. En 1714 las tropas castellanas entraban en Barcelona y dos años después un Decreto de Nueva Planta acabó con sus instituciones y leyes, como ya había ocurrido años antes con los otros tres territorios de la Corona de Aragón. En enero de 1939 las tropas franquistas entraron en la capital catalana, derogando el Estatut de 1932, castigando la lengua y la cultura catalanas, y, como en el resto de los territorios que se encontraban en sus manos, implantando una represión feroz contra quienes habían defendido la República. Ahora, en octubre de 2017, el gobierno del PP ha decidido destituir al President de la Generalitat y al govern que preside, pasando sus competencias a los ministerios del poder central. También ha establecido un periodo de seis meses para convocar elecciones para renovar el Parlament. El actual queda limitado en sus atribuciones, no pudiendo, entre otras cosas, investir una nueva presidencia de la Generalitat. La hacienda autonómica, la policía autónoma y los medios públicos recibirán una especial atención, como forma de ahogar ámbitos clave de la administración catalana. Para hacerlo más legal, como le gusta al gobierno del estado -atiborrado de funcionariado de los cuerpos jurídicos y de descendientes de franquistas-, se han tomado estas medidas aplicando el artículo 155 de la Constitución y dejando al Senado la ratificación de las decisiones. Las institución simbólica de la Generalitat recobrada en 1977, el reconocimiento constitucional en 1978 de la autonomía perdida en 1939, la autonomía establecida en el Estatut de 1979 y el Estatut de 2006, decapitado en 2010 por el Tribunal Constitucional a instancias del PP, han pasado mejor gloria. Si lo ocurrido en 2010 abrió una enorme fosa entre los poderes centrales, que desde 2011 se encuentran controlados por el PP, y amplios sectores de la sociedad catalana, las medidas tomadas ayer por el gobierno central del PP, apoyado por el PSOE y Ciudadanos, la va a ahondar mucho más. Catalunya en dos momentos fue ocupada, ahora está intervenida.
domingo, 22 de octubre de 2017
Catalunya, intervenida
1714, 1939, 2017. Tres fechas. Las dos primeras, selladas con sangre y fuego, han quedado imborrables en la memoria de mucha gente. La tercera, sellada en nombre de la Constitución de 1978, lo quedará. En 1714 las tropas castellanas entraban en Barcelona y dos años después un Decreto de Nueva Planta acabó con sus instituciones y leyes, como ya había ocurrido años antes con los otros tres territorios de la Corona de Aragón. En enero de 1939 las tropas franquistas entraron en la capital catalana, derogando el Estatut de 1932, castigando la lengua y la cultura catalanas, y, como en el resto de los territorios que se encontraban en sus manos, implantando una represión feroz contra quienes habían defendido la República. Ahora, en octubre de 2017, el gobierno del PP ha decidido destituir al President de la Generalitat y al govern que preside, pasando sus competencias a los ministerios del poder central. También ha establecido un periodo de seis meses para convocar elecciones para renovar el Parlament. El actual queda limitado en sus atribuciones, no pudiendo, entre otras cosas, investir una nueva presidencia de la Generalitat. La hacienda autonómica, la policía autónoma y los medios públicos recibirán una especial atención, como forma de ahogar ámbitos clave de la administración catalana. Para hacerlo más legal, como le gusta al gobierno del estado -atiborrado de funcionariado de los cuerpos jurídicos y de descendientes de franquistas-, se han tomado estas medidas aplicando el artículo 155 de la Constitución y dejando al Senado la ratificación de las decisiones. Las institución simbólica de la Generalitat recobrada en 1977, el reconocimiento constitucional en 1978 de la autonomía perdida en 1939, la autonomía establecida en el Estatut de 1979 y el Estatut de 2006, decapitado en 2010 por el Tribunal Constitucional a instancias del PP, han pasado mejor gloria. Si lo ocurrido en 2010 abrió una enorme fosa entre los poderes centrales, que desde 2011 se encuentran controlados por el PP, y amplios sectores de la sociedad catalana, las medidas tomadas ayer por el gobierno central del PP, apoyado por el PSOE y Ciudadanos, la va a ahondar mucho más. Catalunya en dos momentos fue ocupada, ahora está intervenida.
