La victoria de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de Perú no ha gustado a los poderes tradicionales del país. Tampoco, claro está, al gobierno de EEUU y a las empresas multinacionales. Ahí se encuentran las claves que explican la tardanza en que su candidatura sea reconocida como la vencedora. Y ello pese al pronunciamiento del Consejo de Estado peruano, que hace dos días ha pedido que se respete la voluntad expresada en las urnas.
Los recursos presentados desde el fujimorismo para anular las votaciones en numerosas mesas buscan alterar el resultado electoral. Aprovechando que el margen ha sido muy estrecho, pretenden revertirlo en favor de Keiko Fujimori. Para ello están haciendo uso de poderosos e influyentes bufetes de abogacía, que, al parecer, ya habían sido contratados antes de que se iniciarse la votación. Y como si fuera un guion bien preparado, según han señalado José Carlos Llerena y Vijay Prashad: "El ejército legal de cuello blanco ha puesto en marcha una estrategia racista de instrumentalización de la justicia. Se lo quieren jugar todo a la invalidación del voto de las comunidades indígenas del Perú, el núcleo de la base de apoyo de Castillo".
Sabemos que en la organización de los golpes de estado están variando las formas en los últimos años. En América Latina han desaparecido, por ahora, los tradicionales pronunciamientos militares, los mismos que en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado adquirieron tintes altamente dramáticos. Teniendo en cuenta que detrás de ellos siempre se encontraba el imperio de la libertad y la democracia, lo que minaba su credibilidad, las cosas fueron tornándose hacia otras vías menos expeditivas, pero no menos eficaces.
Y ahora, sin que los militares hayan dejado de estar presentes, su protagonismo ha sido desplazado por otros estamentos del estado. Lo hemos visto en Brasil, con la puesta en práctica de una guerra judicial mediante la que se destituyó, con el auxilio del parlamento, a la presidenta Dilma Rousseff o se impidió la presentación de Lula da Silva como candidato, para lo que no dudaron en encarcelarlo bajo acusaciones falsas. Lo vimos hace dos años en Bolivia cuando negaron la victoria de Evo Morales, mientras dentro del país operaba una conjunción de cuerpos policiales, militares, civiles movilizados, iglesias evangélicas y medios de comunicación, a la vez que desde el exterior EEUU maniobraba con sus tentáculos y altos cargos de la OEA le hacían el juego.
¿Y en Perú? ¿Qué puede estar ocurriendo? Se están denunciando determinadas maniobras que van desde lo antes señalado acerca de los recursos presentados en torno a numerosas mesas electorales hasta amenazas explícitas, cuando no actuaciones sediciosas y perturbadoras. Así lo ha explicado ayer el periodista Roger Taboada en una entrevista hecha por Carlos Aznárez para Resumen Latinoamericano:
"El
plan es el siguiente: hay gente vinculada a Fuerza Popular [el partido de Keiko Fujimori], como el fujimorista
Andrés Belaunde que dijo 'que se anule las elecciones'. Lo mismo declaró un
vicealmirante de ultraderecha, fascista y matón, que es Jorge Montoya. A esto
se le suma, un comunicado de la semana pasada de vicealmirantes y generales.
Generales sin glorias, vicealmirantes, la mayoría navegantes de aguas
cloacales, relacionados a delitos de violación a los derechos humanos, estos
firman una declaración prácticamente incitando al golpe de estado. Eso lo
desmintió luego la Fuerza Armada, pero existió y existen. El escenario que
quieren mostrar, es el de un Perú en crisis, ingobernable, sin respaldo social,
sobre todo cuestionado legalmente desde todo punto de vista y por supuesto violatorio
de la voluntad del pueblo que supuestamente estaría con Keiko Fujimori,
conocida con el alias de 'Señora K'. Esa es la imagen que quieren proyectar.
Pretenden alargar el proceso de elecciones y deslegitimar el triunfo real,
legítimo y democrático de Pedro Castillo".
Presagios negros. Por ahora, no concretados, gracias, en parte, a las movilizaciones que se están llevando a cabo en distintos puntos del país por parte de amplios sectores populares. Vigilantes por lo que pueda ocurrir, de momento están impidiendo que el fujimorismo acabe ocupando el poder. Y no lo olvidemos, en el actual estado de cosas Keiko sirve perfectamente para defender a sus amos. En los años treinta del siglo pasado el demócrata F. D. Roosevelt dijo sobre el patriarca de los Somoza en Nicaragua para justificar su apoyo: "es un hijo puta, pero es nuestro hijo de puta". Como símil, sirve.