Los dos grupos que conforman el gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han llegado, por fin, a un acuerdo en torno al anteproyecto de ley que suponga la igualdad real de las personas transexuales y les garantice los derechos de las personas LGBTI, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Salvados los escollos planteados por parte de algunos sectores del PSOE, con el acuerdo se ha abierto una puerta que puede hacer de España uno de los pocos países que reconozcan esa realidad. Cuentan con el apoyo de buena parte de los grupos de la cámara baja, salvo los de la derecha españolista.
¿A qué se ha debido la tardanza en la tramitación del citado anteproyecto? Fundamentalmente, la actitud que ha mantenido la viceministra Carmen Calvo, al frente de una visión compartida por una parte del feminismo que considera que con ese tipo de leyes se borraría a las mujeres y se sentarían las bases para la desactivación del movimiento feminista. Calvo se opuso hace unos meses a que prosperara el texto presentado desde el ministerio de Igualdad, así como otra iniciativa presentada en bloque por Más País, Compromís, ERC, Junts, CUP, BNG y Nueva Canarias. El grupo parlamentario del PSOE votó, por tanto, en la misma dirección que los partidos de la derecha. Y rechazó, de esa manera, que se reconocieran como derechos la capacidad para cambiar de nombre y sexo por parte de menores a partir de los 12 años, el uso de los términos personas trans o identidad de género, la garantía de protección por el estado en asuntos como asistencia a menores, la inclusión laboral, etc., la posibilidad de que las personas no binarias puedan marcar en el DNI una tercera casilla...
Si esa idea está bastante extendida en los ámbitos feministas del PSOE, lo mismo ocurre en algunos sectores del feminismo no partidista, incluso del calificado formalmente más radical. En todo caso, cuentan con apoyos limitados dentro del conjunto del movimiento, si bien lo que resulta más grave es que están siendo utilizados desde los ámbitos de la derecha política y social. Llama la atención lo que están haciendo algunas veteranas feministas, como en el caso de Lidia Falcón, quien, en su afán por criticar y oponerse a las medidas que se están impulsando desde el ministerio de Igualdad, está participando como una especie de invitada de honor en los medios de comunicación conservadores. A través de un lenguaje verbal a veces extremo Falcón habla de un "lobby LGBTI", niega la perspectiva de género como un paradigma de compresión de las relaciones humanas y hasta denuncia la existencia de una conjura internacional que busca acabar con el feminismo. Y lo hace precisamente en los medios que niegan sin rodeos ese movimiento y sus reivindicaciones, desde derechos como el divorcio o el aborto hasta los correspondientes al movimiento LGBTI. Triste, pero cierto.
Lo más grave de lo ocurrido hasta ahora es que un colectivo tan digno como minoritario, como es el de las personas trans, está siendo puesto en el punto de mira de determinados sectores políticos y mediáticos. Digno, porque se trata de personas con derechos, y minoritario, porque su número no llega siquiera al 0'5% de la población. Desde esos sectores homófobos y tránsfobos, que lo son también antifeministas, se les está criminalizando, cuando la realidad es la contraria: las personas trans, a falta de derechos, que ya es grave en sí, están sufriendo una violencia directa e indirecta, que, según algunas fuentes, está yendo en aumento en los últimos años, como también está ocurriendo con quienes conforman el colectivo LGBTI o las propias mujeres.
Pese a todo, el paso dado ayer en el seno del gobierno resulta esperanzador. Falta la tramitación parlamentaria y que a lo largo del debate que se dé en las cámaras legislativas puedan incorporarse aspectos perdidos del proyecto inicial del ministerio de Igualdad, que recogía las reivindicaciones del movimiento LGBTI. Es importante que nuestro país sea un contrapeso en la ola retrógrada que se está dando en el mundo contra el avance en los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
Aquí hay grupos, como Vox, que defienden postulados que se están poniendo en práctica en países como Hungría, contra los derechos de las personas LGBTI, o en Polonia, contra el derecho al aborto. El PP, en su deriva hacia la derecha, está apoyando propuestas de Vox en Murcia y Madrid, y se corre el riesgo que se extienda a otras comunidades donde gobierna la derecha. Más que nunca hay que unir los esfuerzos entre quienes defendemos los derechos humanos, incluso lo aún no reconocidos. Por eso, los movimientos feminista y LGBTI deben mostrarse solidarios.