Ignoro si entre sus cerebros pensantes alguien está teniendo en cuenta que se trata de una batalla que, además de ser peligrosa en sí misma por las derivaciones que podría tener, tiene otra faceta, que trasciende a las fronteras interiores.
Hay juristas de reconocido prestigio (nombro a algunos: José Luis Martín Pallín, Javier Pérez Royo o Joaquín Urías) que llevan tiempo advirtiendo sobre el hecho de que nuestro país, al encontrarse dentro de la jurisdicción europea, se encuentra sometido a decisiones judiciales que pueden ser corregidas por tribunales de ámbito supranacional superior. Hace una semana, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la Audiencia Nacional había condenado injustamente en 2011 al dirigente de la izquierda abertzale Tasio Erkizia, que fue acusado de enaltecimiento del terrorismo. Es cierto que han pasado diez años y que la reparación hacia quien sufrió esa condena llega muy tarde, pero la decisión del TEDH ha puesto en entredicho, como en otras ocasiones, que la justicia en este país llamado España no funciona como debiera.
He leído el artículo de Javier Pérez Royo que publicó ayer eldiario.es, titulado "Un balón de oxígeno para el Tribunal Supremo". Tiene que ver con lo antes referido sobre la autoridad moral de los tribunales españoles, si bien en él se introducen dos aspectos, hasta ahora poco conocidos, acerca de las repercusiones que va a tener la reciente concesión de indultos a las personas condenadas por el Tribunal Supremo con motivo de lo ocurrido en Catalunya durante los meses de septiembre y octubre de 2017. Por un lado, el que está en relación a los plazos que utiliza el TEDH a la hora de tomar sus decisiones. Y por otro, sobre la oportunidad de tal concesión de gracia, que aporta un elemento de estabilidad institucional, al impedir que el sistema político tenga que sufrir un durísimo varapalo.
Pérez Royo apunta que los indultos eliminan el carácter de urgencia en el tratamiento de los recursos presentados ante el TEDH. Como no estamos ya ante un caso de privación de libertad, eso conlleva que habrá que esperar varios años para que se dispongan a valorarlos. Como hemos señalado antes, diez fueron los años que tardaron en resolver el caso de Tasio Erkizia.
Podría considerarse que por qué el citado tribunal europeo iba a dictaminar en contra del Tribunal Supremo, e incluso del Tribunal Constitucional, a lo que Pérez Royo recuerda que basta con leer el contenido de los votos particulares de dos miembros del segundo de esos tribunales cuando se rechazaron los recursos de amparo presentados por las defensas de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Y es que la jurisprudencia del TEDH apunta en una dirección bastante distinta de lo que suelen hacer los tribunales españoles, todavía anclados en valores que huelen a rancio y con vestigios que provienen del franquismo. Pero no sólo es eso. Como escribió José Luis Martín Mallín el pasado día 2 en un artículo, "el problema no es el indulto sino la sentencia".
Y es aquí donde se encuentra el segundo de los aspectos antes señalados. El gobierno español, con su decisión, además de buscar una vía de concordia y diálogo con Catalunya, lo que está haciendo es, en primer lugar, proteger a los principales órganos españoles de justicia. A lo que hay que añadir que, de paso, introducen la dosis de cordura necesaria para la estabilidad del sistema político.
Volviendo a la perniciosa derechona española, apunto por mi parte dos cuestiones más. Una tiene que ver con lo expresado desde dos ámbitos que no son precisamente amigos del gobierno: el del empresariado, en boca del presidente de la CEOE, y el de la Iglesia Católica. El primero, quizás, consciente de que la deriva de la derechona no lleva a buen puerto la necesidad de una recuperación económica después de casi año y medio de pandemia y ante la perspectiva de la llegada de fondos económicos provenientes de la UE. Y la Iglesia, condicionada por la posición de los obispos catalanes, independientemente de que haya coincidido con esa máxima cristiana del perdón y demás.
En cuanto a la segunda de las cuestiones, si el objetivo de la derechona es desestabilizar la vida política española y con ella acabar con el actual gobierno, otra cosa es lo que se pueda pensar y, como consecuencia, hacer, desde las instancias europeas. Porque su comportamiento, apoyado en tantas ocasiones por los tribunales de justicia, está afectando al respeto de los derechos humanos.
Sabemos que en el terreno propiamente político se está dando en el ámbito europeo un pulso entre la defensa de valores democráticos, con una relevancia especial de los derechos y las libertades civiles, y su vulneración. Una muestra es lo que está ocurriendo con la decisión del parlamento húngaro de restringir los derechos del colectivo LGTBI o con las restricciones aprobadas en Polonia sobre el derecho al aborto.
Por todo esto, la vía seguida por la derechona, aun siendo muy peligrosa, corre el riesgo de acabar colisionando con uno de los pilares de la Unión Europea, esto es, el defender y hacer respetar los derechos humanos. Par mí, desde luego, el principal.
