La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el recurso presentado por Oriol Junqueras ha dejado en fuera de juego al Tribunal Supremo y por ello al conjunto de la justicia española. El citado órgano judicial ha concluido que se ha vulnerado un derecho fundamental del político catalán: su inmunidad parlamentaria. Al haber sido elegido eurodiputado y proclamado como tal junto al resto de miembros de su candidatura por la Junta Electoral Central, no se le debió impedir haber ido a la sede de dicho organismo para recoger su acta de representante. Como consecuencia, Junqueras no ha podido presentarse en el Parlamento de Europa para realizar su labor política en la institución para la que fue elegido. A todo esto se une que el Tribunal Supremo no presentó ante el Parlamento de Europa el suplicatorio correspondiente y esperar una respuesta con el fin de continuar con el procedimiento penal que seguía contra Junqueras. No lo hizo y acabó condenándolo por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.
Y ahora nos encontramos en una situación que va a tener derivaciones que pueden embrollar más el asunto. Una, que se pudiera considerar nulo el juicio, así como la consiguiente sentencia, como se desprendería del más que previsible recurso que presentaría la defensa de Junqueras. Otra, que los también europarlamentarios Carles Puigdemont y Toni Comín podrían regresar a España en busca de sus actas. Y en caso de ser detenidos, deberían ser liberados de inmediato por disponer de la inmunidad conferida. Y haya una tercera derivación, en este caso relacionada con el momento político actual: la investidura de Pedro Sánchez. Y es que las fuerzas políticas independentistas van a exigir más gestos y más claros a la otra parte que negocia dicha investidura.
Estamos, pues, ante nuevos despropósitos, que se acumulan a los ya precedidos fracasos de las peticiones hechas por el juez Pablo Llarena ante las justicias belga, alemana, suiza y escocesa para extraditar a quienes salieron de España tras el 1-O de 2018.
Un duro varapalo al Tribunal Supremo. Todo suena a ridículo. Y lo que es peor, poniendo en juego derechos fundamentales de las personas y la resolución de un problema político de primer orden. Y todo por el empecinamiento en judicializar lo que debería tratarse mediante el diálogo y las urnas.
Post data (del día 20)
Recomiendo la lectura de dos artículos, que han sido publicados en eldiario.es: uno, "Sobre la sentencia de Junqueras: ha pasado lo que tenía que pasar", del catedrático de derecho Javier Perez Royo; el otro, "Cinco claves para entender la sentencia de la justicia europea sobre Junqueras", del magistrado Joaquim Bosch. Interpretaciones con puntos comunes, sobre todo en lo ocurrido, y con diferencias, sobre todo en lo que tenga que venir. Ayudan a entender la cosa.
