Las distintas plataformas
ciudadanas que están luchando contra los desahucios acaban de presentar las
aproximadamente 750.000 firmas que han recogido para poder ser tramitada como una
proposición de ley dentro de la conocida como iniciativa legislativa popular. Los
aspectos concretos que quieren que se discutan son los relativos a la dación en
pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social. El PP, sin embargo,
ya ha adelantado que rechazará su admisión a trámite.
El artículo
87.3 de la Constitución
de 1978 reconoce la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de
ley, independientemente de los conductos que le corresponden normalmente al
gobierno y cualquiera de las dos cámaras parlamentarias. En dicho artículo se
establece que su desarrollo debe hacerse mediante una ley orgánica, a la vez del
requisito de recoger al menos 500.000 firmas acreditadas. También se establecen
los límites, que se refieren a los asuntos relativos a leyes orgánicas,
tributarias o de carácter internacional. La ley orgánica que acabó regulando la
iniciativa popular tardó en aprobarse algo más de cinco años, más concretamente
el 26 de marzo de 1984. Su contenido resultó bastante restringido. En su
artículo 13 se establece que la tramitación parlamentaria se regulará en los
respectivos reglamentos del Congreso y del Senado, lo que se ha traducido en
que la aceptación para ser tramitada depende en exclusiva de una de las dos cámaras
de las Cortes.
En la práctica
no se ha admitido ninguna de las 92 iniciativas presentadas hasta ahora. Tres
de ellas se hicieron antes de la aprobación de la citada ley orgánica, pero el
resto no ha tenido éxito. Varias han sido las razones, siendo la mayoría que no
se llegó a reunir el número de firmas suficientes. Pero el resto, hasta diez
que consiguieron reunirlas, no pudieron
ser admitidas a trámite en las mesas de las cámaras.
El peso de la
mayoría parlamentaria ha resultado decisivo, pero no siempre fue así. La primera iniciativa que reunió las firmas
suficientes, 600.000 concretamente, fue la relativa a la financiación del
sistema educativo. Fue el año que el PP ganó sus primeras elecciones, aunque en
minoría, pero no le faltó el apoyo del PSOE para rechazar la admisión a trámite
de la iniciativa que había presentado CCOO. Cuatro años después IU promovió otra
relativa a la modificación de la jornada laboral, para rebajarla a 35 horas
semanales. Y de nuevo fue el rodillo del PP-PSOE y adláteres quien la echó
abajo. Eran los años en que el PSOE, con el apoyo mediático del grupo PRISA y
la complicidad de las cúpulas sindicales de CCOO y UGT, utilizaban aquello de
la pinza, queriendo hacer ver una complicidad, que no existía en la realidad,
entre PP e IU.
Diversas
iniciativas se fueron presentando en los años siguientes. Algunas, desde
ámbitos conservadores, como una del Foro de la Familia en 2004 sobre el
matrimonio y la adopción, y otra de 2011 relativa a declarar la fiesta de los
toros como bien de interés cultural.
La última es
la referida al principio de este escrito sobre los desahucios presentarse y ya
sabemos cuál va a ser su destino. Por lo que se está comprobando, lo que la Constitución de 1978
establece relativo a la participación directa de la población en los asuntos
legislativos no es más que papel mojado. Todo depende de quienes controlan las
cámaras. Y a eso lo llaman democracia.
