En la justicia española sigue habiendo enormes deficiencias. Aunque no sólo, porque la actitud de determinados miembros de la judicatura refleja una visión de la sociedad insensible a situaciones de alta vulnerabilidad sobre determinadas personas y colectivos. Y es que en esta ocasión lo que está ocurriendo con María Salmerón resulta escandaloso, degradante y, por supuesto, injusto. Víctima de la violencia de género hace dos décadas, su compañero fue condenado a 21 meses de cárcel, que ni los cumplió ni fueron sustituidos por trabajos para la comunidad, y alejamiento.
María luchó para que el padre de su hija, como maltratador, no tuviera derecho al régimen de visitas, razón por la cual no la llevaba al punto de encuentro estipulado. Por ello fue condenada en tres ocasiones e indultada otras tantas por el gobierno, que valoró las "circunstancias excepcionales" del caso, aunque, a cambio, debía prestar trabajos para la comunidad y abonar la responsabilidad derivada. Desde los 13 años su hija, que ahora tiene 20, se negó a ser visitada por su padre.
El Tribunal Supremo, sin embargo, anuló el indulto y hace un año la jueza de un juzgado de Sevilla, Eva María Medina, decidió que debería cumplir nueve meses de condena por "un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia". Y ahora ha decidido su ingreso inmediato en prisión.
María ha sido rotunda acerca de lo que le está ocurriendo: "Mi exmarido quiere acabar conmigo y la justicia está siendo su cómplice en el maltrato".
