Ayer tuvo lugar en la Casa de la Cultura un acto de solidaridad con las personas refugiadas en las fronteras del este de Europa. Intervinieron Diego Boza, que es abogado y miembro de la Asociación pro Derechos Humanos de Cádiz; Caterina Amicucci, voluntaria italiana en la isla griega de Lesbos, cercana a las costas de Turquía; y Daniel Pérez, periodista, que ha estado en los campamentos griegos de El Pireo, en Atenas, e Idomeni, junto a la frontera con Macedonia.Un acto interesante, en el que se hizo una rotunda denuncia de la situación que están viviendo cientos de miles de personas huidas de sus países en guerra y maltratadas tanto en Turquía como en los países de la UE, que están conculcando su propia carta de derechos humanos y los tratados internacionales existentes.
Diego Boza matizó que el tratamiento que se está dando a estas personas en su mayoría no es, contrariamente al derecho, el de refugiadas, siendo en realidad desplazadas, que en numerosas ocasiones supone que sean engañadas autodeclarándose como detenidas. Puso de relieve también los cambios habidos con el acuerdo entre la UE y Turquía, que supone la externalización del control de las fronteras, en esta ocasión por un país que viola sistemáticamente los derechos humanos (véase en este cuaderno "La vergüenza de la UE sobre las personas refugiadas"). Fue muy claro a la hora de denunciar el papel que están jugando los gobiernos europeos y, de una manera más concreta, el español, incumpliendo incluso los acuerdos tomados para la acogida. Como muestra, el que sólo hayan llegado 18 personas desde otoño, cuando el compromiso era acoger a 15.000. Mientras tanto, numerosos municipios y algunas comunidades autónomas esperan a que el gobierno resuelva la situación, enredado en trámites burocráticos encubiertos de meras excusas.
Daniel Pérez se extendió en los pormenores de la iniciativa donde participa, proveniente de Puerto Serrano y que está contando con la ayuda de gente de varios municipios gaditanos. Durante su estancia en Grecia en otoño pasado, donde aportó numerosos recursos, estuvo primero en el campamento situado en el puerto ateniense de El Pireo, que le puso en contacto con una realidad muy dura. La mayor parte del tiempo la pasó en Idomeni, en el que vio las condiciones de la gente antes de que se pusiera en práctica el acuerdo de la UE con Turquía. Calificó el lugar literalmente de un arrozal, dada la cantidad de agua y barro allí existente, y en el que se hacinan miles de personas. Puso de relieve las duras condiciones de higiene, salud y alimentación que están sufriendo, con mayor gravedad para los niños y las niñas. Considera por ello que lo que se está cometiendo es un verdadero genocidio.
Por su parte, Caterina Amicucci sacó a relucir el papel que están jugando las mafias en Turquía para el posterior envío de personas a Europa a través de las islas griegas, entre las que Lesbos ocupa un lugar preferente. No se olvidó de las numerosas muertes habidas, en buena parte víctimas de naufragios y en mayor medida ocurridas cuando el problema no se había visibilizado. La puesta en práctica del acuerdo entre la UE y Turquía ha alterado las cosas, ya que ahora se devuelve a muchas personas a Turquía, pasan otras a ser consideradas como detenidas y, a la vez, se ha desmantelado la mayor parte de las instalaciones de las ONGs e instituciones internacionales.
