Un Tribunal Constitucional antisocial
Es lo que se desprende de la resolución que ha hecho pública esta mañana el máximo órgano jurisdiccional sobre el decreto-ley de Función Social de la Vivienda, conocido como antidesahucios, que en 2013 aprobó el gobierno andaluz. El objetivo que buscaba la Consejería de Fomento y Vivienda, entonces en manos de IU, era permitir que pudiera hacerse uso de viviendas vacías en manos de empresas financieras (bancos, aseguradoras) para, a cambo de un alquiler social, no desalojar a las personas desahuciadas. En su día el gobierno del PP presentó un recurso ante el citado tribunal, como también a la ley que meses después el Parlamento de Andalucía aprobó. Sin embargo, una mayoría de 7 frente a 4 del Tribunal Constitucional ha considerado que dicho decreto invade las competencias de la administración central, a la vez que ha considerado que un decreto no puede estar por encima de una ley. Después de esto, el futuro que le espera a la ley recurrida tampoco es halagüeño. Contrariamente a la posición de la mayoría, ha habido votos particulares donde se razona que el decreto no vulnera la Constitución ni el ordenamiento jurídico, y en el caso de la vicepresidenta se añade que la resolución rompe con la doctrina del propio tribunal. Lo dicho, el máximo órgano jurisdiccional ha emitido una sentencia con un claro contenido antisocial.
Es lo que se desprende de la resolución que ha hecho pública esta mañana el máximo órgano jurisdiccional sobre el decreto-ley de Función Social de la Vivienda, conocido como antidesahucios, que en 2013 aprobó el gobierno andaluz. El objetivo que buscaba la Consejería de Fomento y Vivienda, entonces en manos de IU, era permitir que pudiera hacerse uso de viviendas vacías en manos de empresas financieras (bancos, aseguradoras) para, a cambo de un alquiler social, no desalojar a las personas desahuciadas. En su día el gobierno del PP presentó un recurso ante el citado tribunal, como también a la ley que meses después el Parlamento de Andalucía aprobó. Sin embargo, una mayoría de 7 frente a 4 del Tribunal Constitucional ha considerado que dicho decreto invade las competencias de la administración central, a la vez que ha considerado que un decreto no puede estar por encima de una ley. Después de esto, el futuro que le espera a la ley recurrida tampoco es halagüeño. Contrariamente a la posición de la mayoría, ha habido votos particulares donde se razona que el decreto no vulnera la Constitución ni el ordenamiento jurídico, y en el caso de la vicepresidenta se añade que la resolución rompe con la doctrina del propio tribunal. Lo dicho, el máximo órgano jurisdiccional ha emitido una sentencia con un claro contenido antisocial.
