Una jueza sevillana ha abierto un auto por las irregularidades habidas en la concesión de la explotación de la mina de Aznalcóllar a la empresa mexicana Monorbis. Son varios los delitos apuntados (prevaricación, cohecho, falsedad documental...), lo que ha llevado a la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía a suspender temporalmente dicha adjudicación. Sorprende que esta decisión la haya tomado ayer, cuando el auto judicial tiene fecha de 7 de mayo. Pero no debemos olvidar la denuncia que ya hizo IU en el mes de febrero. Antonio Maíllo advirtió de las cosas raras que había, como la rapidez con que se tomó la decisión y la provisionalidad del gobierno andaluz en esos momentos, lo que explicaba por el claro sesgo electoralista. Llamaba la atención el coordinador andaluz de IU también sobre la responsabilidad de la empresa beneficiaria en lo que se ha considerado como el mayor desastre medioambiental en el sector minero habido en México, después que en 2014 unos vertidos de sulfato de cobre produjeran daños cuantiosos en cultivos, ganado y la población de la zona. No olvidaba tampoco Maíllo la existencia de una "puerta giratoria" en favor de anteriores altos cargos de la administración autonómica, ahora directivos de la empresa pública andaluza Magtel, que a su vez está vinculada a Monorbis.
