El proceso soberanista catalán está llevando al espacio político del españolismo, en mayor medida de derecha, y especialmente al gobierno a la repetición obsesiva de la idea de que la Constitución no contempla la posibilidad que ningún territorio lleve a cabo un referéndum para pronunciarse sobre su relación con el estado. De ello hacen la derivación que la recién aprobada ley catalana de consultas -con un apoyo cercano al 80% en el Parlament- y el decreto de la Generalitat que convoca a una consulta para el próximo 9 de noviembre son ilegales. Con frecuencia se está diciendo también que ley es democracia, lo que no es cierto. Para que haya democracia se requiere que existan derechos, entre los que está el de participación, y la garantía para su cumplimiento. Lo que confiere que una ley sea democrática es que responda a los intereses de la ciudadanía para que las gentes sientan sus vidas como dignas. Y si esa ciudadanía demanda ser escuchada, no se le puede coartar. La ley catalana de consultas responde al anhelo de amplios sectores de la sociedad catalana, que quieren hablar, que se les escuche y, en última instancia, decidir. Las leyes se pueden cambiar, porque por encima de ellas está la política, que no es otra cosa que voluntad, toma de decisiones. El problema es que el actual gobierno y todo el entramado que le empuja y respalda sólo tienen la voluntad de dejar las cosas como están. Esta actitud conllevaría el uso de la fuerza. Nada más antidemocrático.
domingo, 28 de septiembre de 2014
La ley y la democracia
El proceso soberanista catalán está llevando al espacio político del españolismo, en mayor medida de derecha, y especialmente al gobierno a la repetición obsesiva de la idea de que la Constitución no contempla la posibilidad que ningún territorio lleve a cabo un referéndum para pronunciarse sobre su relación con el estado. De ello hacen la derivación que la recién aprobada ley catalana de consultas -con un apoyo cercano al 80% en el Parlament- y el decreto de la Generalitat que convoca a una consulta para el próximo 9 de noviembre son ilegales. Con frecuencia se está diciendo también que ley es democracia, lo que no es cierto. Para que haya democracia se requiere que existan derechos, entre los que está el de participación, y la garantía para su cumplimiento. Lo que confiere que una ley sea democrática es que responda a los intereses de la ciudadanía para que las gentes sientan sus vidas como dignas. Y si esa ciudadanía demanda ser escuchada, no se le puede coartar. La ley catalana de consultas responde al anhelo de amplios sectores de la sociedad catalana, que quieren hablar, que se les escuche y, en última instancia, decidir. Las leyes se pueden cambiar, porque por encima de ellas está la política, que no es otra cosa que voluntad, toma de decisiones. El problema es que el actual gobierno y todo el entramado que le empuja y respalda sólo tienen la voluntad de dejar las cosas como están. Esta actitud conllevaría el uso de la fuerza. Nada más antidemocrático.
