El que fuera consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007, Manuel Lamela, ha pasado a formar parte del consejo de administración de la empresa Assignia Infraestructuras, la empresa concesionaria del hospital del Tajo de Aranjuez. Se trata del hospital pionero en el modelo sanitario de privatización en la gestión de servicios que se está implantando en esa comunidad. Fue durante su mandato cuando tuvo lugar un episodio de gran repercusión mediática y en la opinión pública, cuando se acusó al doctor Luis Montes, responsable de los servicios de urgencia del hospital Severo Ochoa de Leganés, de la muerte de numerosos pacientes -hasta 400- como consecuencia del uso de sedaciones ilegales. El caso quedó sobreseído en diversas instancias judiciales entre 2007 y 2008. Esto llevó a que el propio Montes presentara en 2009 una querella por denuncia falsa y falsedad contra Lamela, si bien en 2011 un juzgado la acabó sobreyendo.
La presión que se creó durante esos años desde los medios conservadores fue terrible, identificando al doctor Montes con prácticas nazis. El que fuera portavoz durante el gobierno de José Mª Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, llegó a ser condenado en 2011 por delito continuado de injurias, precisamente por el empleo de la palabra nazi contra Montes.
Después de ayer saltara la noticia del fichaje de Lamela por la misma empresa a la que concedió la explotación privada del hospital de Aranjuez, Montes ha declarado a elplural.com lo siguiente: "siempre dijimos desde el hospital [Severo Ochoa de Leganés] que era una cortina para dar entrada a la privatización, la construcción de nuevos hospitales, la entrada de empresas con ánimo de lucro y, de alguna manera, el reparto de beneficios". En ese mismo diario digital se recuerda y facilita el enlace de una entrevista de 2009 en nuevatribuna.es donde Montes llamaba la atención sobre ese hecho, resaltando que la persecución que estaba sufriendo "tenía un origen económico, político e ideológico". Resultaba fácil que un asunto tan sensible pudiese ser utilizado para manipular a determinados sectores de la población.
Montes fue exculpado, pero no salió indemne. El precio que ha tenido que pagar ha sido muy elevado. Y lo que es peor, el motivo principal por lo que fue acusado, sigue presente y está en crecimiento: la implantación de un modelo sanitario favorable a los intereses privados de grandes empresas y perjudicial para la salud de la sociedad.
