El gobierno andaluz, por iniciativa de Elena Cortés (IU), consejera de Fomento y Vivienda, ha aprobado un decreto directamente relacionado con el problema de la vivienda y los desahucios, resaltando como primordial la defensa de la función social de la vivienda. Por eso se dice que "La función social de la vivienda configura el contenido esencial del derecho mediante la posibilidad de imponer deberes positivos a su titular que aseguren su uso efectivo para fines residenciales, entendiendo que la fijación de dicho contenido esencial no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales". El objetivo es que las numerosas viviendas que están desocupadas pertenecientes a bancos, inmobiliarias y otras entidades financieras puedan ser objeto de alquiler social. Para ello se establecen tres tipos de medidas: el refuerzo de las ayudas al alquiler, sanciones para las entidades mantengan sus viviendas vacías, y la expropiación temporal de las viviendas que se encuentran en proceso de desahucio y afecten a personas en situación de emergencia.
El nuevo decreto, que tiene el título Medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda y va a ser tramitado como ley en el Parlamento de Andalucía. Mientras eso ocurre, ya ha entrado en vigor, lo que le da de entrada un un importante valor. Supone un paso importante en la defensa de la propiedad con fines sociales. La complejidad de la norma se enfrenta a la protección legal que acoraza a la propiedad en general y, sobre todo, la de las grandes corporaciones financieras. Las reacciones no se han dejado esperar, aunque en sentido contrario. Desde el sector inmobiliario y de la construcción se califica al decreto de confiscador. El PP habla de oportunismo y manipulación, y ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por el contrario, ha valorado muy positivamente la medida e invita a imitarla.
Por su parte IU ha hecho público un Argumentario, donde se explica sintéticamente el contenido del decreto. A modo de ejemplos, se dice que en Andalucía se han cuantificado las viviendas desocupadas en un número que oscila entre 350.000 y 500.000. También se dice que es una de las comunidades con mayor número de desahucios, que afectan diariamente a 45 familias, habiendo llegado a 86.000 en los últimos seis años.
En todo caso supone un reto que puede servir para medir la fortaleza del pacto de gobierno existente en Andalucía y el contenido que debe tener su programa. Y por ahora, una medida esperanzadora.
