Llevo semanas sin escribir sobre la actualidad política. Eso no significa que no esté participando de los comentarios que se hacen, sean directos o por las redes sociales. Tengo la sensación de que entre la gente de izquierdas existe una calma contenida. Expectante, quizás. El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar de hace unas semanas ha generado un asentimiento general en el campo progresista, no exenta, eso sí, de algunas críticas (razonables en varios casos), hechas desde el flanco más a la izquierda del PSOE, por no haber incluido determinados aspectos. A eso hay que añadir la decisión de Podemos tomando cierta distancia hacia Sumar, sin que, por ahora, se haya plasmado en algo concreto. Hemos conocido también los apoyos de EH-Bildu, la más madrugadora en hacerlo, del BNG y, a última hora, del PNV y hasta de CC. Pero lo más relevante ha estado, y sigue estándolo, en lo referente a Cataluña y principalmente sobre la amnistía. Primero se solventó el acuerdo con ERC, mientras las conversaciones entre el PSOE y JxC han tardado en dar frutos. Finalmente, en esta semana se llevará a cabo la investidura de Pedro Sánchez.
Y en medio de ello hemos visto a una derecha política, en sus distintas versiones, muy movilizada y cada vez más radicalizada. Y a una derecha judicial que tampoco se ha callado y se ha lanzado también a la ofensiva. Pero vayamos por partes.
En el campo de los grupos políticos, destacan las concentraciones convocadas por el PP en diversas capitales de provincia, con culmen en la celebrada ayer en Madrid. Sin entrar en los números, que siempre se exageran y más por quienes las convocan, están reflejando un estado de ánimo bastante crispado entre la derechona. Y, por otro lado, más que llamativas están resultando las concentraciones que desde hace unos días están sucediéndose en las cercanías de la sede del PSOE en Madrid, donde no ha faltado la presencia de lideres de Vox, como Santiago Abascal, y hasta de Esperanza Aguirre. Más que llamativas por la presencia de la amalgama de grupos ultras (falangistas, nazis...), dotados de indumentaria y simbología propias, lanzando consignas insultantes y agresivas, y poniendo en práctica un grado de violencia preocupante.
Pero lo peor es el discurso que se está propagando en el conjunto de la derecha. Hace casi cuatro años ya empezaron con lo del gobierno ilegítimo; durante el último verano pasaron a lo de haber ganado las elecciones; y ahora vienen con lo del fin del estado de derecho, la ruptura de España, un gobierno de golpistas, una dictadura... Ayer Isabel Ayuso no tuvo reparos en decir que van a devolver golpe por golpe. Cuando desde el PP se insiste en la repetición electoral, obvian que las hubo en julio pasado y que su líder fracasó en la investidura de finales de septiembre.
La amnistía está siendo utilizada como la excusa para torpedear el acuerdo político tan amplio que se ha conseguido entre diversos grupos políticos. Para la derecha de nada sirve que en el manifiesto "Juristas por la Amnistía, la Democracia y la Convivencia", que ha sido apoyado por más de un millar de personas vinculadas al mundo del Derecho, se expresen cosas como éstas:
"La Constitución no prohíbe la amnistía, que opera sobre las conductas,
pero sí prohíbe los indultos generales, que operan sobre las condenas penales
firmes. La prohibición del indulto general no impidió que el 1 de diciembre de
2000, un solo Consejo de Ministros del Presidente Aznar (PP), aprobara 1.443
indultos, sin alegar ningún motivo de interés general. Tampoco se opuso el PP
al indulto del que se benefició el general Armada en el año 1988, condenado a
30 años de cárcel por ser el máximo responsable del intento del Golpe de Estado
de Febrero de 1981 en el que fuerzas militares secuestraron a todo el Gobierno
y a todo el poder legislativo".
En el caso de la referencia que se hace en el acuerdo PSOE-JxC al "lawfare" (guerra judicial) , no está de más leer el artículo "Qué es el ‘lawfare’ y cómo (no) podemos evitarlo", escrito por el jurista Joaquín Urías y publicado hace tres días en CTXT. En uno de los párrafos se escribe esto:
"El palabro ["lawfare"] es nuevo, pero el concepto no. Desde la antigüedad, los
poderosos han utilizado las leyes para silenciar y encarcelar a los disidentes.
La innovación es utilizar esta técnica en un sistema democrático, ya sea
adoptando leyes que desprecian los derechos fundamentales de quien se quiere
combatir, ya amparándose en que la separación de poderes se sustenta en la
buena voluntad y la integridad de los jueces".
A lo largo del texto sólo hace mención a un caso concreto, que lo utiliza a modo de ejemplo:
"Estos días, el juez García Castellón se ha inventado una película, sin
ningún fundamento fáctico, para acusar a Puigdemont de ser un terrorista porque
escribió un tuit apoyando a manifestantes que luego entraron en un aeropuerto,
y, ese día, a un señor le dio un infarto".
Pero ayer Urías fue más concreto y rotundo con los nombres, pues en un mensaje a través de una conocida red social puso más ejemplos:
"Una
magistrada me reta a nombrar jueces que hacen lawfare. Vale. Ahí van:
-Vicente
Ríos, contra Mónica Oltra.
-Manuel
García Castellón, contra Podemos, los CDR y Puigdemont.
-Sala
Segunda del Supremo, presidida por Marchena.
-Pablo
Llarena, proces.
Opinar no
es delito, señora".
Y se pueden añadir más. Me vienen a la memoria los casos de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco en los años 90, condenado por el Tribunal Supremo; Arnaldo Otegui, dirigente de la izquierda abertzale, condenado por la Audiencia Nacional; Rodrigo Torrijos, concejal de IU en Sevilla; Alberto Rodríguez, antes de ser diputado de Unidas Podemos...
Nos encontramos, pues, en una coyuntura política trascendental. La investidura de Pedro Sánchez y la posterior formación de un gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, con el apoyo de otros grupos (EH-Bildu, ERC, JxC, PNV, BNG y CC) permite seguir un camino iniciado hace cuatro años. De un lado, en la línea de la ampliación de derechos sociales y civiles; y de otro, más novedoso, de la articulación de un modelo de relaciones entre las comunidades que haga factible una mejor convivencia. No tener en cuenta todo esto entre quienes, dentro de la izquierda, muestran dudas o se oponen, es favorecer que esa derecha cada vez mas radicalizada tome las riendas del país. Y sabemos por dónde van.
(Imagen: "Kid Feijóo", de Eneko, en Público).
