Publicaba ayer una entrada sobre la situación creada por la posible suspensión como diputados de los cuatro componentes de la cámara baja que están presos y en proceso de enjuiciamiento por el tribunal Supremo. Hoy la Mesa del Congreso ha decidido, con los votos contrarios de Unidas Podemos, llevar a efecto tal suspensión, después de un dictamen de los servicios jurídicos de dicho órgano, que se ha basado en la ley de Enjuiciamiento Criminal.Como argumentó el otro día José Antonio Martín Pallín en su artículo, es a la Mesa a la que le corresponde tomar la decisión, desde el momento que los reglamentos del Congreso y del Senado tienen en sí mismo carácter de ley orgánica, superior en rango, por tanto, a determinados preceptos de la citada ley de Enjuiciamiento Criminal. Por mi parte añado que el problema, sin embargo, deriva de la conclusión del dictamen admitido por la Mesa del Congreso. Siguiendo al propio Martín Pallín, que a su vez se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional 243/1988 de 19 de diciembre, no procede tal suspensión, pues “no se trata de un privilegio personal, es una protección de los derechos de sus electores y de la representación popular que no permite alterar indebidamente su composición y fundamento”.
Javier Pérez Royo, por su parte, criticaba anteayer el comportamiento del Tribunal Supremo y, más concretamente, de la sala que preside Manuel Marchena, que es precisamente quien está al frente del juicio contra las personas presas bajo acusación de rebelión. Advertía no sólo del error judicial garrafal que se estaba cometiendo, sino de las consecuencias que puede tener de cara a otras instituciones, en este caso de la Unión Europea, como el Parlamento y el Tribunal de Justicia. Anunciaba, así mismo, el hecho de que Oriol Junqueras, diputado ahora suspendido, pueda ser elegido europarlamentario y lo que puede suponer que sean los órganos europeos antes citados los que tengan que atender si procede o no suspenderlo de sus funciones.
Pérez Royo escribió ayer otro artículo en eldiario.es, "Atentado contra la división de poderes", como respuesta a la decisión del Tribunal Supremo, hecha a través de la persona del juez Marchena, de devolver la decisión a la Mesa del Congreso. Apunto que no debemos olvidar que con anterioridad ya había marcado la línea a seguir, esto es, proceder a la suspensión de los cuatro diputados y el senador implicados en el caso.
La frase con la que acaba su último artículo Pérez Royo resultaba, por lo ocurrido esta mañana, demasiado esperanzadora: "Las mesas de las Cámaras harían bien en ser prudentes y no precipitarse". Y es que a la decisión que ha tomado la Mesa del Congreso le ha faltado prudencia y la ha sobrado precipitación. Era lo previsible en lo que respecta al PP, Cs y Vox. También lo era en sentido contrario, por oponerse a la suspensión, la postura de los dos miembros de Unidas Podemos que forman parte de dicha Mesa. Y en el caso del PSOE, aun sospechando que pudiera inclinarse por lo que finalmente ha hecho, nos lleva a concluir que sus dudas reflejaban miedo y, una vez más, que sigue siendo un baluarte de un estado de cosas petrificado para que todo siga igual.
