Quedan dos días para que el 25 N vuelva a ser una fecha que aúne las voces contra la violencia de género. Si días pudimos ver cómo un jefecito de Falange aprovechaba la ocasión para tocar uno de los pechos desnudos de una activista de Femen cuando era retenida por un policía, después de la acción que protagonizó junto a otras compañeras contra un acto de apología del franquismo celebrado el pasado el domingo, ayer volvimos a sorprendernos con tres noticias difíciles de encajar: una medida administrativa y dos sentencias judiciales, a cuál más escandalosa. En medio de todo esto, el entorno del Congreso fue ayer el escenario de un acto donde un grupo de mujeres escenificaban satíricamente el apoyo a un juez con el lema "Yo sí te creo".La decisión administrativa sobre el procedimiento a seguir corresponde a la Comunidad de Madrid, que ha considerado que las mujeres víctimas de la violencia de género deben acudir primero a las instancias policiales para denunciar la agresión, en vez de hacerlo a los servicios médicos. Genial el procedimiento decidido, propio del partido que gobierna en esa comunidad, que no es otro que el PP, adalid de la defensa de las mujeres.
Sobre las sentencias judiciales la cosa es mucho más grave. Una, dictada por el mismo tribunal navarro que dejó en libertad provisional a "la manada", ha interpretado como "maltrato ocasional" lo sufrido por una mujer que vi primero cómo el marido intentó agredirla con un cuchillo y luego asfixiarla. La otra, la de un tribunal en Lleida, que consideró como abusos una violación hecha por dos varones. En el primer caso el tribunal consideró que no hubo voluntad de matar por parte del agresor, al producirse una disputa sobre la tenencia del cuchillo y considerar que dejó de apretar el cuello de la víctima cuando notó que respiraba con dificultad. En el segundo se concluye que la víctima no opuso la suficiente resistencia pese a reconocerse que en varias ocasiones mandó parar a sus agresores. En el primer caso ha habido una condena de 11 meses y en el segundo, de cuatro años. Y en los dos, una flagrante injusticia.
