Según informó ayer eldiario.es Mireia Boya, exdiputada de la CUP, interpeló al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena durante el interrogatorio judicial diciéndole que él mismo había defendido "una solución política para Catalunya". El magistrado contestó matizando el contenido de esa alusión, añadiendo los términos "esencialmente" y "frecuentemente".
Las palabras de Llarena forman parte de unas declaraciones suyas al diario El Mundo en octubre de 2012, cuando era el presidente de la Audiencia de Barcelona. Entre otras cosas manifestó que la cuestión
entre Cataluña y España tiene "una solución esencialmente política"; que existen
"sentimientos generalizados de la ciudadanía" que necesitan de una
respuesta política; que "Lo que no se puede pretender es que toda la cuestión
relativa a atribuir un espacio significativo a la individualidad catalana y
toda esta cuestión relativa a la integración de Cataluña en España se vaya a
resolver judicialmente, porque no tiene que ser así"; que quienes deben resolver el problema son "los que llevan la gestión política en
Cataluña y en el Estado"; que "los jueces no tienen
ninguna capacidad ni ningún instrumento de solución"; o que, sobre una consulta, "en todo caso la respuesta de
los tribunales a la cuestión concreta de la identidad catalana y de la
integridad del Estado español no tiene una respuesta judicial sino
política".
Teniendo en cuenta el cargo que ostentaba entonces, las palabras de Llarena ya resultaban relevantes. Sin embargo, su sentido difiere claramente del comportamiento que está mostrando en la actualidad como miembro del Tribunal Supremo. Se ha convertido en un instrumento del estado, condicionado por las decisiones del gobierno, tendente a hacer de la intervención judicial la base de la resolución del conflicto político existente.
Si hace seis años mostraba un distanciamiento acerca de que lo judicial interviniera en el espacio de lo político, entendido éste como propio del ámbito de quienes gestionan los poderes legislativo y ejecutivo, no cabe la menor duda que en el momento presente el magistrado lo que ha hecho ha sido cambiar, al menos en los hechos. En la realidad política lo que está ocurriendo es lo contrario. Desde el gobierno se ha confiado en el poder judicial para que sea el pilar que asiente su postura. Muy lejos, por tanto, de esas palabras suyas de que "los jueces no tienen ninguna capacidad ni ningún instrumento de solución".
Defiendo que el poder judicial también es un poder político. A diferencia de los otros dos, una de sus especificidades se encuentra en que quienes lo ejercen necesitan de una capacitación técnica en materia jurídica. Pero sus componentes no tienen el don de la exención sobre la realidad en la que viven y actúan. Son parte de ella y, como todo individuo, disponen de una personalidad propia, formada por una trayectoria vital, unos
valores y hasta unos intereses, que marca su manera de concebir las cosas. Eso es lo que explica tantas decisiones judiciales controvertidas en diferentes asuntos.
Y en el caso que nos ocupa, las altas esferas del poder judicial han asumido un papel peligroso: participar de las decisiones emanadas del poder ejecutivo central. Si Llarena se mostró hace años celoso por mantener la autonomía del poder del que forma parte, ahora ha sucumbido. Y es que acusar a personas de delitos como el de rebelión o sedición resulta sumamente grave. Como también lo es mantenerlas en la cárcel. O seguir llamando a declarar a más gente bajo las mismas acusaciones.
Y en el caso que nos ocupa, las altas esferas del poder judicial han asumido un papel peligroso: participar de las decisiones emanadas del poder ejecutivo central. Si Llarena se mostró hace años celoso por mantener la autonomía del poder del que forma parte, ahora ha sucumbido. Y es que acusar a personas de delitos como el de rebelión o sedición resulta sumamente grave. Como también lo es mantenerlas en la cárcel. O seguir llamando a declarar a más gente bajo las mismas acusaciones.
