Hoy ha habido una huelga general del alumnado en protesta contra la LOMCE y, más concretamente, contra las reválidas previstas al final de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Numerosas ciudades han conocido, así mismo, movilizaciones de estudiantes, con el fin de visibilizar mejor la protesta. Según el Sindicato de Estudiantes el éxito ha sido total, con un seguimiento en torno al 90% del alumnado y 200.000 personas en las calles. Deduzco que el porcentaje sería de los centros públicos y sobre el número de manifestantes, al menos, decenas de miles.Las pruebas de reválida impedirían la titulación correspondiente en caso de no superarse, por lo que añadiría varias consecuencias negativas. Una, ser un contratiempo en los estudios, a la espera de otra convocatoria, para quienes deseen proseguir los estudios en otra etapa. Otra, promover el desánimo entre quienes lo ven como un obstáculo insalvable. E incluso, forzar al simple expulsión del sistema educativo.
La nefasta labor de José Ignacio Wert -a quien encima se le ha premiado con un puesto de representación oficial de primer orden en París, bien remunerado y con excelentes prebendas- provocó desde el primer momento la oposición de numerosos sectores sociales y políticos. La ley que impulsó, sólo apoyada por el PP en el parlamento, sigue teniendo la oposición prácticamente unánime del resto de los grupos políticos parlamentarios y de los gobiernos autónomos donde ese partido no gobierna. Cuenta también con el rechazo de las asociaciones de padres y madres de los centros públicos, y de la mayor parte de los sindicatos del profesorado.
No han faltado tampoco en ningún momento las críticas generalizadas en todos los ámbitos de la comunidad educativa. La calificación de clasista, elitista, segregadora, etc. es frecuente, y también su escasa eficacia educativa. Mientras tanto, el gasto educativo, que siempre has estado por debajo de la media de los países de la OCDE, no ha dejado de bajar. Los recortes del gobierno del PP han afectado muy negativamente a la educación y de una manera especial a los centros públicos, que es donde cursan sus estudios los sectores sociales más humildes.
El reciente
Informe de la OCDE para España concluye de forma tajante: “Una educación de
calidad necesita una financiación sostenible”, no más recortes. Porque los
pagan aquellos que más apoyo y atención necesitan. España destina entre 1.335 y
2.670 euros menos por alumno/a y año. Estamos en el puesto 25 de los 35 países
de la OCDE. Nos situamos por detrás de Francia, USA, Alemania, Finlandia, Reino
Unido, Italia, Portugal, Corea del Sur, etc. La inversión en educación es solo
de un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de los
países. En términos de PIB, hemos pasado del 5% a solo el 4,3% frente a un 6,2%
de media europea. Además, el Gobierno del PP se ha comprometido con la Troika a
que no pase del 3,9% del PIB en 2017. Que se haya pasado de 53.375 millones de
euros en 2009 a 46.000 en 2014, permite visualizar la envergadura del recorte
de la inversión educativa en España por parte de los gobiernos del PSOE y del
PP en los últimos años.
En un artículo escrito por el profesor universitario Enrique Javier Díez Gutiérrez ("Huelga educativa contra las reválidas"), aparecido hoy en de Público, se aportan datos altamente interesantes, a la vez que preocupantes: "El reciente Informe de la OCDE para España concluye de forma tajante: 'Una educación de calidad necesita una financiación sostenible', no más recortes. Porque los pagan aquellos que más apoyo y atención necesitan. España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno/a y año. Estamos en el puesto 25 de los 35 países de la OCDE. Nos situamos por detrás de Francia, USA, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Italia, Portugal, Corea del Sur, etc. La inversión en educación es solo de un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de los países. En términos de PIB, hemos pasado del 5% a solo el 4,3% frente a un 6,2% de media europea. Además, el Gobierno del PP se ha comprometido con la Troika a que no pase del 3,9% del PIB en 2017. Que se haya pasado de 53.375 millones de euros en 2009 a 46.000 en 2014, permite visualizar la envergadura del recorte de la inversión educativa en España por parte de los gobiernos del PSOE y del PP en los últimos años".
