Escuché ayer en el programa Hora 25 de la Cadena SER una entrevista a un juez de vigilancia penitenciaria de Madrid sobre lo ocurrido en el CIE de Madrid. Las críticas que ha lanzado por las condiciones que están soportando las personas allí encerradas han sido tremendas. Las ha calificado peores que en una cárcel, sin garantías en el cumplimiento de sus derechos. Y la responsabilidad del Ministerio del Interior es total. Mencionó a la policía con término "sistema policial", dejando claro que su actuación supone una violación de los derechos fundamentales de las personas presas. Entre otros, que no se le permita comunicación con las ONGs.Después de lo ocurrido hace un par de días, cuando se fugaron varias decenas de personas, se han multiplicado las reacciones. De todo tipo: en el exterior, mediante declaraciones, acciones, denuncias...; y en el interior, mediante protestas de las personas recluidas en los CIEs.
No es la primera vez que ocurre una fuga. Ni las protestas. Las denuncias de numerosas ONGs y algunos grupos políticos nunca han faltado. Se trata de un problema muy grave, en el que se están vulnerando permanente y sistemáticamente los derechos humanos. Hasta el Ministerio del Interior reconoció hace un año.
Ayer dijo Alberto Garzón, coordinador federal de IU, que los ocho centros existentes en territorio español sólo sirven “para encarcelar a personas por ser inmigrantes y hay que cerrarlos porque incumplen la normativa”. Por su parte, Betty Roca Hubbauer, portavoz de la campaña para el cierre de los Centros Penitenciarios de Extranjeros, ha sido muy rotunda en una entrevista a Público: "Es una cárcel racista. No se puede llamar de otra manera a centros de internamiento de extranjeros donde se mete a personas sólo por no tener documentos en regla. Una simple falta administrativa se convierte en una situación excepcional, desarrollada de forma ilegal. Se priva de libertad a personas de uno a 60 días y, luego, se procede a su expulsión".
