El caso del hotel situado en El
Algarrobico, en el término municipal de Carboneras (Almería) y dentro del Parque Natural Cabo de gata, es uno de los
escándalos urbanísticos más conocidos. En un tiempo breve el Tribunal Supremo
ha de tomar una decisión definitiva, después de los vaivenes sufridos por el caso.
Greenpeace ha elaborado el informe "Desmontando El Algarrobico. El despropósito empresarial y judicial del hotel Azata del Sol", donde se
desarrollan los pormenores del caso y se sacan a luz situaciones que demuestran la connivencia existente entre los grandes grupos económicos y determinadas
administraciones.
La gravedad del caso tiene
que ver con la confluencia de varias circunstancias: de un lado, la ubicación
en una zona protegida que es a la vez parque natural y costa; y por otro, el
comportamiento de las administraciones con responsabilidad, donde aparecen el apoyo favorable del ayuntamiento, el
papel cambiante jugado por la
Junta de Andalucía y algunas contradicciones en las distintas instancias
de justicia. Según Greenpeace el “hotel forma parte de un proyecto en el que se
planeaba construir siete hoteles más y un campo de golf en este ecosistema
subdesértico, único en Europa y amparado con más de cuatro figuras de
protección ambiental”.
En todo esto no debemos
dejar a un lado la estrategia jurídica de la empresa involucrada, Azata SA, que
está actuando a través de tres de sus filiales (Marbella, Madrid y Carboneras).
Su agresividad le ha llevado incluso a pedir 70 millones de euros de
indemnización en caso de no poder culminar su proyecto. Por lo
que se sabe, esta empresa dispone de un currículo de al menos otros ocho casos
donde incumple la normativa ambiental y urbanística.
No hay dudas sobre la
vulneración de la legislación medioambiental, aunque haya sido aquí donde la Junta de Andalucía ha
actuado sin un criterio fijo, en todo caso contradictorio: en 1994 declaró que el
suelo era no urbanizable; en 1997 dijo lo contrario; en 2008 se ratificó en
ello, dentro de un nuevo plan para el parque natural; en 2012 tuvo que
restablecer la protección de 1994 tras una sentencia del Tribunal Supremo en
2011.
En lo que compete a la
administración de justicia, de 26 pronunciamientos judiciales en 24 se han
resuelto señalando la ilegalidad del hotel. Uno de los dos favorables, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2014, no ha atendido al hecho en sí de la vulneración de la legislación, sino a la licencia de obras, de la que es
competente el ayuntamiento.
Uno de los argumentos en
que se han basado tanto la empresa como quienes defienden el proyecto es el de
que el hotel “está prácticamente construido”, pero se olvida que aún quedan por
hacer el parking, las carreteras de acceso o las obras para el abastecimiento
de agua y electricidad.
En cuanto al desmantelamiento del
hotel, el hacerlo conllevaría como positivo, además de la protección medioambiental, que se
podría reciclar el 98% de los materiales y a su vez se podrían generar hasta 400
puestos de trabajo.
De lo que no cabe duda es
que el hotel es ilegal, porque, de entrada, vulnera la Ley de Costas y sólo por ello
debe ser demolido. Y también porque lo hace sobre las normas de protección de
un parque natural.
