Mal asunto. Negar que Amaiur pueda tener un grupo parlamentario propio en el Congreso dice mucho de quienes lo han decidido. Por acción o por omisión. Una postura que, en gran medida, está dentro de la intencionalidad política que en su día decidieron los magistrados del Tribunal Supremo que negaron la legalización de Sortu. Una postura política que se encubrió en su día como de jurídica y ahora, como veremos, de técnica. Pura pantomima.
Se lo han negado a un grupo político que ha obtenido el 24,12% de los votos en el País Vasco, siendo la segunda en votos (en la práctica igual que el PNV, que tiene 24,42%) y la primera, con 6, en escaños; y el 14,86% en Navarra. A un grupo que es el cuarto del Congreso en número de escaños, sumando un total de 7- Para negárselo se aduce una disposición restrictiva de reglamento de la cámara que exige tener al menos el 5% de los votos en todo el estado o el 15% de los votos en las circunscripciones donde se ha presentado. Se ha hecho, así mismo, una interpretación restrictiva, y sobre malintencionada, de ese reglamento, porque sólo por el 0,14% que le ha faltado en Navarra para llegar al 15% se ha justificado la decisión.
Es malintencionada, porque desde el primer momento se ha hecho en cada legislatura una lectura flexible del reglamento con el fin de permitir que determinados partido tuvieran grupo parlamentario propio. Como se han permitido subterfugios para conseguirlo, como el préstamo ocasional de escaños. Se acusa a Amaiur de un subterfugio por no haber inscrito todavía al diputado de Navarra, que temía lo que finalmente ha ocurrido. Pero se permite el apaño de UPyD con el Foro de Asturias, sumándose éste a aquél hasta llegar al 5% requerido en el ámbito del estado, a sabiendas, como se ha hecho en otras ocasiones, que el que hace el favor acaba regresando al grupo mixto. Un subterfugio que la propia UPyD denunció en su día como una chapuza y que de la forma más demagógica ha justificado diciendo que no quería que le equipararan con Amaiur, de la que, además, ha pedido su ilegalización, así como la de Bildu.
Es responsabilidad del PP, porque han sido sus votos en la Mesa del Congreso los que lo han decidido. También del PSOE y de CiU, porque se han abstenido, como Pilatos. También de APyD y Foro de Asturias, que han maniobrado para facilitar que la decisión tomada en la Mesa se envuelva de contenido técnico. Es la responsabilidad de quienes han elaborado un reglamento injusto y antidemocrático, que además interpretan de distinta manera y con distintas varas de medir.
Es una muestra de la voluntad política de esos grupos. De la actitud que están teniendo hacia una fuerza política que representa a un sector significativo de la sociedad vasca y que además está haciendo un gran esfuerzo para que se consolide el proceso de paz iniciado. Hace unos días los líderes del Grupo Internacional de Contacto que está actuando en ese proceso, formado a raíz de la Conferencia Internacional de Aiete del pasado 17 de octubre, mostraron cierta preocupación por lo que denominan bloqueo estatal. Y ésta es una muestra más.