El rapero Pablo Hasél está a punto de entrar en prisión por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En 2018 fue condenado por los delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, pero, después de varios recursos para que evitar la entrada en la cárcel, la misma Sala ha rechazado finalmente que eso pueda ocurrir, en contra incluso del criterio de la fiscalía, que se ha basando en la cuantía del tiempo de condena: 9 meses.
La sentencia ya fue cuestionada en su día desde distintos ámbitos, como profesionales de la abogacía y de la judicatura, penalistas, la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia o la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información, entre otras. En los últimos días han arreciado las críticas a la decisión judicial y los apoyos al cantante, entre los que se encuentra el manifiesto hecho público ayer que ha sido firmado por más de 200 artistas.
En todos los casos consideran que lo ocurrido durante el proceso judicial no ha estado en concordancia con los criterios que se siguen en distintas instancias europeas acerca de lo que es la libertad de expresión. Incluso se resalta que desde esas instancias se ha instado a las autoridades de nuestro país para que modifiquen la legislación para que esté acorde con la tónica general de la UE.
Precisamente el manifiesto firmado por dos centenares de artistas comienza de una manera que pone al descubierto una realidad preocupante sobre la libertad de expresión en nuestro país: "La persecución a raperos, tuiteros, periodistas, así como otros representantes de la cultura y el arte, por intentar ejercer su derecho a la libertad de expresión se ha convertido en una constante. Así, el Estado español ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas ha represaliado por el contenido de sus canciones. Ahora, con el encarcelamiento de Pablo Hasél, el Estado español se está equiparando a países como Turquía o Marruecos, que también cuentan con varios artistas encarcelados por denunciar los abusos que se cometen desde el Estado.".
Para Fernando de la Fuente, que es
magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y viceportavoz de Juezas y
Jueces por la Democracia, el último dictamen del tribunal para el ingreso de
Hasél en prisión no resulta adecuado, como ha declarado al diario Público: "Lo
normal y razonable es que una pena inferior a dos años no se ejecute porque
suele ser bastante inadecuada desde el punto de vista de la reinserción. Las
penas cortas privativas de libertad no tienen un efecto resocializador sino lo
contrario, por lo que se suelen buscar otro tipo de alternativas".
Por su parte, Patricia Goicoechea, que es
directora adjunta de Rights International Spain, ha declarado al mismo diario
que “en los últimos años ha habido varias sentencias condenatorias a raperos y
artistas que se pueden considerar como una restricción a la libertad de
expresión”. A lo que ha añadido que existen bases suficientes para presentar una
demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dado que en el proceso
judicial seguido contra Pablo Hasél se ha producido una “restricción desproporcionada
de la libertad de expresión".
Andrés Boix, que es profesor de la Universidad de Valencia, ha declarado al diario digital Cuarto Poder que "históricamente, hay una serie de límites a la libertad de expresión. Por eso, la injuria y la calumnia están prohibidas, pero cuando no hablamos de críticas a una persona, sino a una institución, se empiezan a parecer más a un delito de opinión. Hablar de instituciones es hablar de política".
En todo lo que está ocurriendo, no debemos
perder de vista algunas cosas. Una es que
la Sala de la Audiencia Nacional que ha tomado las decisiones tiene al frente a
la magistrada Concepción Espejel, destacada por su vinculación al PP y dentro
de él, a su amiga María Dolores de Cospedal. Y otra, el papel que están jugando
los medios de comunicación del sistema. Como ha destacado José Manzaneda en un artículo para Cubainformación, dichos medios se han dividido “entre la fría información de agencias y la
justificación entusiasta de la condena”.
Finalmente, ayer mismo el grupo parlamentario en el Congreso formado por Unidas Podemos y las confluencias afines registró la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. Tal como indicaron en la rueda de prensa correspondiente Enrique Santiago y Jaume Asens, se trata de acabar con esa situación de ataque a la libertad de expresión y la "criminalización de tuiteros, cineastas y raperos". Así mismo, se mostraron optimistas de cara a que el PSOE apoye la iniciativa, entre otras porque se ha respetado el protocolo de acuerdo de gobierno firmado en su día.
Pues eso.
