El crimen de Manuel José García Caparrós sigue sin resolverse. A partir de la tarde-noche del 4 de diciembre de 1977, momento en que se perpetró, todo fue una sucesión de actuaciones tendentes a tapar lo ocurrido y a sus responsables. Para ello se ocultaron datos, se destruyeron pruebas y se obstruyó la investigación. Todo el aparato del estado, heredero de la dictadura, actuó al unísono durante varios años para evitar que se supiera la verdad. Desde la policía hasta la judicatura, pasando por los responsables políticos del momento de las diversas instituciones (presidente de la Diputación, gobernador civil, ministro del Interior...). Siete años después el caso quedó archivado judicialmente. Todas las iniciativas parlamentarias en Andalucía y en las Cortes fueron desechadas. Las iniciativas de la familia y la investigación histórica se vieron muy dificultadas durante décadas, incluyendo el acceso al sumario judicial. Y todavía hoy, ese acceso, así como a otros documentos, se topa con la negativa para que aparezcan los nombres de los policías armados que fueron objeto de investigación en los primeros momentos.
La familia de Manuel José la forman hoy sus tres valientes hermanas, que no han parado de hacer lo posible y también lo imposible. Atrás quedaron su madre y su padre, humildes miembros de la clase obrera que murieron a los pocos años de pena, incapaces de superar el trauma de la muerte de su hijo y el manto de complicidades que impedía que se conociera lo ocurrido.
Estos días he visto dos documentales de gran interés. El primero, dirigido por Hazeina Rodríguez, salió a la luz en 2016 y tiene como título García Caparros: memoria de nuestra lucha. Dos años después fue Jorge Laplace quien dirigió el segundo documental, cuyo título es 23 disparos. Cada uno se ha enfocado de distinta manera, pero en su conjunto aportan un resultado final que, aproximándose, ayuda a conocer la realidad.
Por el documental de Hazeina Rodríguez va a apareciendo un grupo numeroso de personas, Desde quienes vivieron la gran movilización popular habida ese 4 de diciembre por las ciudades andaluzas hasta quienes han llevado investigaciones, pasando por las propias hermanas de Manuel José. Se contextualiza el momento político, en plena Transición, para lo que se tiene en cuenta la aspiración política de la autonomía por una parte importante de la sociedad andaluza y la permanencia del franquismo en le aparato del estado y en los grupos fascistas. Se indaga en lo ocurrido, buscando esclarecer los hechos y dejando constancia de las maniobras tenebrosas para hacer desaparecer pruebas y ocultar a sus responsables. Se hace una valoración del anhelo que hubo en el pueblo andaluz por salir de su postración histórica. Y hasta de su voluntad para tratar de tú a tú a los poderes del estado central en la configuración de un modelo territorial autonómico donde Andalucía pudiera estar al nivel de las llamadas nacionalidades históricas.
No falta tampoco en el documental una valoración de lo que es hoy Andalucía (bueno, de lo que era en 2016, dos años antes de la llegada al gobierno autonómico de la derecha españolista), incluyendo sus debilidades. Por ello se resalta el progresivo secuestro del protagonismo popular, con una especial responsabilidad del PSOE, que desde 1982 hasta 2018 gobernó ininterrumpidamente en la comunidad. Dicho en palabras de Isidoro Moreno, esa Andalucía que aún permanece dependiente en lo económico, subalterna en lo político y alienada en lo cultural.
En el segundo documental, sin que falten esos aspectos antes señalados, Jorge Laplace se centra en mayor medida en la investigación llevada a cabo por el inspector de policía retirado Juan Antonio O'Donnell. Aparecen, por supuesto, la hermanas de Manuel José, como también personas que vivieron el momento en Málaga, incluidos testigos directos de los disparos o de la recogida del todavía cuerpo herido, e incluso policías armados que actuaron en el entorno donde cayó abatido el propio Manuel José.
El resultado es muy revelador, porque se ponen al descubierto muchas cosas. La negligencia médica habida en el hospital Carlos Haya, antes de que se presentara el forense, cuando se extrajo e hizo desaparecer la bala que mató a Manuel José. El intento por presentar la muerte ante la familia como consecuencia de un accidente de tráfico. Las órdenes dadas -"inventadas"- a los policías armados para que informaran de ubicaciones falsas y, a la vez, distorsionaran o negaran los hechos. El también intento por buscar un chivo expiatorio en la muerte en un testigo presencial. La pantomima de la investigación judicial...
Una actuación muy valiente la de Juan Antonio O'Donnell, quien, como policía de información, participó ese 4 del diciembre en el operativo de vigilancia de la plaza de la Marina y fue testigo del inicio de la tensión cuando la presencia de grupos fascistas y de la policía armada no hicieron otra cosa que provocar a quienes se manifestaban pacíficamente. Y quien, ya retirado después de cuarenta años de servicio, se ha empeñado en averiguar lo que pasó. Rara avis, sí, pero necesaria y digna de reconocimiento.
O'Donnell consiguió que algunos de los policías armados participaran en el documental y con habilidad también consiguió que fueran exponiendo sus opiniones, en su mayoría llenas de clichés y claramente autoexculpatorias, para posteriormente, en sus contradicciones, poner al descubierto aspectos reales de lo ocurrido. Algunos tuvieron que reconocer lo erróneo, o falso, de lo que decían. Alguno llegó a manifestar -"aunque lo hayas visto, no se cuenta", dijo- que se conjuraron para guardar silencio.
Y, quizás entre lo más importante, O'Donnell ha logrado desentrañar del sumario dos aspectos de gran relieve. Uno, que de la pistola de uno de los agentes investigados "se observa una ligera similitud entre algunas de las lesiones", entendidas éstas como "marcas", como matizó O'Donnell. A lo que se añadió que "la pistola reseñada puede haber disparado la bala, pero en modo alguno se afirma que lo haya sido". El otro aspecto se refiere a la identificación del policía armado que tenía asignada la pistola: "el Cabo 1º D. Miguel (...)". Los apellidos permanecen tachados. Pero se sabe que la pistola fue dada de baja en el Depósito de Armamento, que dicho agente presentó un parte de baja cuando fue a declarar ante el juez instructor y que al poco fue trasladado al destacamento de Vélez-Málaga. Y hay más todavía: existe una fotografía, que se presenta desenfocada conscientemente en el documental, donde algunos testigos de los hechos reconocen a la persona que efectuó los disparos y que tiene los mismos rasgos físicos descritos sobre el tal Miguel por otro policía, compañero suyo.
Ya para acabar, una última cuestión. En el final del documental de Hazeina Rodríguez se hace una alusión escrita al fallecimiento durante la grabación de Mariano Fernández Ballesta, juez instructor del caso, añadiéndose lo siguiente: "Con él posiblemente se fue el secreto: ¿de quién era la bala que desapareció en los juzgados?". Es cierto que, como se indica en el documental de Jorge Laplace, la bala, extraída ilegalmente, ya había desaparecido el mismo día de la muerte de Manuel José. Pero también lo es que la instrucción fue en todo momento chapucera, negligente y, por qué no, malintencionada. Al fin y al cabo el objetivo de que el asesinato permaneciera impune sigue siendo tristemente una realidad.
No sabemos si se conseguirá llegar hasta el final. Es el deseo de las hermanas de Manuel José, como también de quienes quieren (queremos) que la verdad resplandezca. Como un acto de justicia. Invito por ello a que se visionen los documentales.
