El
diario El País ha publicado hoy
unas entrevista a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en la
que, al hilo de su comentarios sobre la actual situación política, con las
elecciones generales a la vista, ha querido dar valor a la Transición española.
En este sentido, ha declarado que durante esos años "Salimos de una manera
tan brillante de una dictadura a la democracia sin un solo roce de violencia,
salvo ETA". Decir esto, así, resulta no tanto una distorsión de la
realidad como una falsedad. Y dicho por una persona que, además del cargo
que tiene, es profesora universitaria de la especialidad de Derecho
Constitucional, deja en entredicho los conocimientos que puede tener sobre la
historia más reciente.
Hace
un par de años escribí el artículo "La izquierda radical durante la
Transición. En busca de una explicación de la derrota política" (publicado
en 2018, dentro de Las otras protagonistas de la transición. Izquierda
radical y movilizaciones sociales; Madrid, FSS-Ediciones, pp. 737-752), en
uno de cuyos apartados traté brevemente el problema de la acción represiva
desplegada por el estado durante los años de la Transición y más concretamente
entre 1975 y 1983. Lo hice, claro está, basándome en las investigaciones
históricas llevadas a cabo, entre las que destaco las de Mariano Sánchez Soler,
Gonzalo Wilhelmi y Sophie Baby.
He
decidido reproducir ese apartado, "La acción represiva del estado", porque creo que ilustra sobre algo que la señora Carmen
Calvo o bien ignora o bien ha decidido ocultar. No olvidemos que su
partido fue protagonista a partir de 1982 de uno de los episodios más
turbulentos de esos años a través de la conocida como "guerra sucia"
contra ETA, siguiendo la herencia de gobiernos anteriores.
La acción represiva del estado
No cabe duda que el primer semestre de 1976 fue el momento de mayor y más variado movimiento reivindicativo habido durante el franquismo y la Transición [1]. Confluyeron huelgas de la clase obrera urbana y rural, reivindicaciones vecinales, protestas y huelgas estudiantiles, y hasta movilizaciones de pequeños agricultores y ganaderos. Habría que añadir conflictos propiamente políticos, como la lucha por la amnistía o los de carácter nacionalista y autonomista. Y también la acción de grupos armados, como las dos ramas de ETA y el incipiente GRAPO. Se ha llegado a calificar de clara naturaleza rupturista la dimensión política del movimiento huelguístico y vecinal en las zonas más conflictivas, capaz de acabar con el gobierno de Arias Navarro y obligar a su sucesor a introducir medidas políticas más atrevidas, como el primer decreto de amnistía, la legalización de partidos políticos o el proyecto definitivo de reforma [2].
Entre las razones de que este movimiento no se extendiera no debemos
perder de vista la dura acción del aparato represivo. La matanza de Vitoria,
con cinco manifestantes muertos, marcó uno de los momentos culminantes, pero en
1976 hubo al menos 18 muertes sólo de huelguistas y manifestantes [3], a lo que habría que unir
numerosas personas heridas y torturadas, un incontable número de detenciones y
la militarización de algunos servicios públicos [4]. Hubo zonas fuertemente
castigadas, en especial el País Vasco y Navarra (que sumaron 12 muertes), pero
también Madrid, Barcelona, Alicante, Canarias y varias provincias andaluzas. Fue
también el año en que el TOP abrió el mayor número de procedimientos desde su
creación en 1963, afectando, a su vez, a un mayor número de personas, después
que en 1975 se hubiera duplicado su número en relación al anterior [5]. Otra cosa fue el número
de sentencias y de personas procesadas, que bajo ostensiblemente sobre 1975, lo
que refleja una contradicción entre la actitud de las autoridades judiciales y las específicamente
represivas.
La violencia ejercida
por el estado durante los años de la Transición fue elevada, a lo que hay que
unir la violencia que protagonizaron los grupos de extrema derecha [6]. Ambas adquirieron formas
y grados diferentes, y tuvo una procedencia variada. Las fuerzas policiales,
los grupos paramilitares vinculados al estado, los grupos de extrema derecha y
hasta un sector del funcionariado de prisiones llevaron a cabo acciones en las
calles, los calabozos o las cárceles que acabaron en muertes, heridas, palizas,
torturas, malos tratos, violaciones, etc. En el caso de las víctimas mortales
su cuantía varía según las investigaciones: 188, para Sánchez Soler; y 245,
para Wilhelmi [7].
Su número en cada año, entre 30 y 40, tendió a ser estable hasta 1980 [8].
Hubo momentos de
gran importancia. Uno, entre marzo y mayo de 1976, con los sucesos de Vitoria y
Montejurra, además de las muertes habidas sobre todo en varias ciudades
vasco-navarras. Otro, en enero de 1977, con la matanza de Atocha, pero
acompañada de otras muertes y secuestros, en algunos casos procedentes del
GRAPO. Si el primero coincidió, como ya se ha señalado, con el momento álgido
de las movilizaciones contra el régimen, el segundo lo fue con el que acabó
llevando al PCE al camino definitivo de la moderación. Si el primero conllevó que
el régimen tuviera que acabar maniobrando para acelerar el proceso de reforma,
como ocurrió con el nombramiento de Suárez, el segundo supuso el abandono
definitivo por parte del PCE de cualquier veleidad movilizadora, contribuyendo
a dividir por la base los distintos ámbitos de actuación de los sectores
sociales y políticos más activos contra la dictadura.
Notas
[1] DOMÈNECH
SAMPERE, Xavier, “El cambio político (1962-1976). Materiales para una
perspectiva desde abajo”, en EspaiMarx, 4 de marzo de 2003,
en www.moviments.net/spaimarx. Ver también EQUIPOS
DE ESTUDIO, “Madrid-Enero: un mes crítico”, en Prueba de fuerza entre
el reformismo y la ruptura, Madrid, Elías Querejeta, 1976, y las
obras citadas de Emmanuel RODRÍGUEZ LÓPEZ, Gonzalo WILHELMI, etc.
[2] DOMÈNECH
SAMPERE, Xavier, ob. cit.
[3] Las
dos terceras partes de las cuales fueron en los seis primeros meses: además de
las 5 de Vitoria (marzo), las hubo en Elda (febrero), 1; Tarragona (marzo),
1; Basauri (marzo), 1; Baracaldo (abril), 1; Montejurra
(mayo), 2; Madrid (mayo), 1; Santurce (julio), 1; Almería (agosto),
1; Madrid (setiembre), 1; La Laguna (setiembre), 1; Santesteban
(noviembre), 1; Madrid (diciembre), 1, en ASOCIACIÓN REPUBLICANA IRUNESA
“NICOLÁS GUERENDIAIN”, www.asociacionrepublicanairunesa.org, que se ha
basado en el libro de Alfredo Grimaldos La sombra de Franco en la
Transición, Madrid, Oberon, 2004.
[4] En
enero y febrero se militarizaron los servicios de RENFE, Metro y Correos de
Madrid, y el funcionariado municipal de Barcelona; y en octubre y noviembre,
los autobuses madrileños (SOTO, Álvaro, La transición a la democracia.
España, 1975-1982, Madrid, Alianza, 1998, p. 153; y CARBÓ, Rosa,
“Precedentes: Las movilizaciones durante la transición política”,
en www.ub.es/tsociologica).
[5] ÁGUILA,
Juan José, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona,
Planeta, 2001, p. 260. Los procedimientos abiertos llegaron a 5.312, mil más
que 1975 y alrededor de 3.000 que 1974.
[6] BABY,
Sophie, “Estado y violencia en la transición española. Las violencias
policiales”, en BABY, Sophie, COMPAGNON,
Olivier y CALLEJA, Eduardo González (dirs.), Violencia
y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur - América
Latina, Madrid, Casa de Valázquez, 2009; JOTAKE, “Listado de Gudaris
muertos de organizaciones armadas vascas de voluntarios 1968-2003”, en La
Haine, 4-06-2003, www.lahaine.org;
SÁNCHEZ SOLER, Mariano, La transición sangrienta: una historia violenta
del proceso democrático en España 1975-1983, Barcelona, Península, 2010;
WILHELMI, Gonzalo, “Las otras víctimas de la transición nada política”, en
MUGA, José Luis y VEGA, Santiago, Verdad, justicia y reparación. Actas
del I Congreso de víctimas del franquismo, Madrid, Atrapasueños, 2012.
[7] SÁNCHEZ
SOLER, Mariano, ob. cit., p. 353; WILHELMI, Gonzalo, “Las otras víctimas…”, p.
5. Para BABY, Sophie, ob. cit., p. 184, el número de
muertes provocadas por las fuerzas de orden fue de 178.
[8] WILHELMI,
Gonzalo, “Las otras víctimas…”, p. 5.
