Que un tribunal de justicia alemán haya decidido la excarcelación de Carles Puigdemont, dice mucho de lo que es la justicia española. O, al menos, de lo que son la jueza Lamela, de la Audiencia Nacional, y el juez Llanera, del Tribunal Supremo. Que el tribunal alemán haya rechazado la principal imputación, la de rebelión, dice mucho. Y precisamente basándose en aquello en que Lamela y Llanera tanto insisten: la existencia de violencia. Sólo en la mente de esas personas, con tan importante y decisiva responsabilidad, puede argüirse que el procés haya estado caracterizado por la violencia ejercida por quienes lo están protagonizando. Las imágenes de guardias civiles siendo despedidos en sus ciudades de origen como guerreros jaleados al grito "a por ellos", la actuación violenta que tuvieron los cuerpos policiales durante el jornada del referéndum del 1 de octubre o el papel intimidatorio y chulesco jugado por las bandas de fascistas que se movieron por Barcelona, dicen mucho de cómo actuó el estado contra las personas que salieron a la calle a votar.
La detención, procesamiento y encarcelamiento de numerosas personas acusadas de rebelión, sedición o malversación dice también mucho de quienes lo están llevando a cabo. Acciones sobre organizadoras y dirigentes del procés, porque sólo faltaba que lo hicieran sobre los cientos de miles de personas, hasta más de dos millones, que han participado.
Duro varapalo de un tribunal de otro país. No es el único, como hemos visto en el caso de Bélgica, ni creo que será el último. Pero es lo que tenemos en este bendito país.
