El juez Santiago Pedraz ha decidido archivar el caso relacionado con la muerte de José Couso, cámara de televisión que sufrió el ataque de un destacamento militar estadounidense durante la toma de Bagdad en 2003. Lo ha cerrado después que inicialmente se negara a hacerlo, pese a la aprobación en 2014 de la reforma de la conocida como ley de justicia universal. Una reforma que concluyó el gobierno del PP, pero que ya en 2009 el del PSOE había iniciado, relacionada con la investigación judicial sobre un bombardeo del ejército israelí sobre la población de Gaza.En el auto Pedraz ha calificado a la norma de deplorable, pero se ha basado en ella para tomar su decisión, al haber puesto límites legales a la investigación que estaba desarrollando. Dentro de ésta se han localizado a los militares directamente implicados (el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson), se sabe mucho de las circunstancias del ataque contra el hotel donde se encontraban alojados los medios de comunicación internacionales y el propio juez ha llegado a trasladarse a Bagdad con un equipo de peritaje para evaluar in situ lo ocurrido.
Ya sorprendió en su día el cambio de la legislación, que vulnera los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por España. Sorprende ahora que un juez que se atrevió a seguir adelante, se haya detenido en su labor. La familia de José Couso ya ha anunciado que recurrirá el auto y lo llevará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ignoro qué puede haber ocurrido, pero se trata de un caso de vulneración flagrante de derechos humanos. Por medio está EEUU, el todopoderoso imperio con su ejército. En la mente de mucha gente está que la decisión de atacar al hotel donde estaba la prensa internacional no tenía un objetivo militar, sino el de amedrentamiento para evitar informaciones desfavorables. Desde ahí se podía tirar del hilo para llegar a otras instancias, las superiores, del poder imperial. Hace unos meses, esta vez un militar español dentro de un contingente de fuerzas militares bajo el amparo de la ONU desplegado en Líbano, también murió víctima de un ataque del ejército israelí y ha quedado como un error.
Todo resulta igual: muertes que son asesinatos y cuyos autores y responsables quedan impunes. Y los gobiernos españoles (antaño el del PSOE y ahora del PP), siempre servilistas con quienes mandan, tienen su cuota de responsabilidad moral y política.
