Las negociaciones para la firma del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, en inglés) siguen adelante. El último paso dado hasta ahora ha sido la aprobación en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo de una norma que permitiría el blindaje de las empresas multinacionales frente a la acción de los estados en casos de conflicto. Es la conocida ISDS, que se podría traducir como Protección al Inversor. De esta manera las citadas empresas podrían, en primer lugar, demandar a los estados si vieran en peligro para sus inversiones cuando se introdujeran cambios normativos y, en segundo lugar, hacerlo no en los tribunales de justicia sino en organismos internacionales de arbitraje de carácter privado (para ampliar la información se puede consultar la interesante página de Economía Ciudadana). La cuadratura del círculo, vamos, teniendo en cuenta que eso supondría la impunidad completa para las empresas multinacionales.
La aprobación de esa norma complementaria del TTIP ha contado con los votos favorables de los grupos europarlamentarios de derecha (democristianos, liberales y conservadores), junto con el grupo de socialistas y demócratas, incluida una parlamentaria española Inmaculada Rodríguez-Piñero, del PSOE, y con la excepción de un parlamentario francés.
La actitud de Rodríguez-Piñero raya la desvergüenza, porque niega que su voto y el de su grupo supongan que se introduzca un mecanismo de protección a las multinacionales. Una interpretación claramente rechazada por representantes de nuestro país en la eurocámara, como informa hoy Público. Para Marina Albiol, de IU, "los socialdemócratas han vuelto a traicionar a los pueblos de Europa", añadiendo que no puede haber "una versión buena del acuerdo". "Han mentido", ha dicho Lola Sánchez, de Podemos, en relación a lo desde el PSOE se va diciendo. De "hipocresía" lo califica Florent Marcellesi, de Equo. "Es un lavado de cara", ha declarado Sandra Espeja, portavoz de Amigos de la Tierra.