Un ataque a la jurisdicción universal

Hoy se ha debatido en el Congreso una proposición de ley del PP para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se evita así que el gobierno presente un proyecto de ley, cuyo procedimiento, aunque más largo, supondría un mayor grado de control, al tener que emitir los correspondientes informes órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Fiscales o el Consejo de Estado. La propuesta del PP busca limitar las actuaciones judiciales a responsables que sólo tengan la nacionalidad  española.

No debemos olvidar que la jurisdicción universal ha sido la base legal para poder actuar en casos como la detención en Londres en 1998 de Augusto Pinochet o la causa abierta por una jueza argentina por crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo. Con la  modificación legal del PP se impediría que se pudiera seguir investigando y juzgando a quienes han cometido graves delitos en forma de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, desapariciones forzadas, torturas, genocidio, etc.

En la práctica paraliza varios casos abiertos por la justicia española. Se está hablando que la iniciativa del gobierno obedece a las presiones del gobierno chino, después que un juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, haya iniciado el procesamiento de Jiang Zemin, acusado de genocidio en Tibet. Pero no sólo es eso. No debemos olvidar, en primer lugar, las presiones más o menos veladas del gobierno de EEUU por el caso Couso. Este gobierno, además, está involucrado en numerosas acciones contrarias al derecho internacional, como ocurre con las numerosas detenciones de la base de Guantánamo. Existen más casos en curso, como las acciones de  Israel en Gaza, de Marruecos en el Sáhara Occidental, del ejército salvadoreño en el asesinato de Ignacio Ellacuría y cuatro religiosos… En Público puede leerse un interesante artículo sobre los casos que se verían afectados.

La oposición a la propuesta del PP es, una vez más, muy amplia, pues ningún otro grupo parlamentario la apoya. Numerosas asociaciones de derechos humanos han manifestado su rechazo, destacando la Asociación pro Derechos Humanos, Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Desde esta última se ha advertido que “no podemos permitir que los autores de crímenes de derecho internacional se conviertan en “intocables” y puedan refugiarse impunemente, sin que el gobierno español haga nada”. También entre las asociaciones de la magistratura se han expresado, cuando menos, críticas, siendo Jueces para la Democracia la que lo ha hecho con mayor rotundidad su oposición.

La familia del periodista José Couso, víctima mortal del ejército estadounidense en 2003 cuando se inició la guerra de Irak, está desarrollando una labor muy intensa para esclarecer lo ocurrido. Un hermano ha declarado que la modificación de la ley “es un torpedo dirigido contra la separación de poderes que marca nuestra Constitución, y un golpe mortal a la independencia del poder judicial. Cuando los jueces toman decisiones que no gustan al Gobierno, se les persigue o, como ha ocurrido en el caso de la investigación sobre el asesinato de mi hermano, se cambia arbitrariamente la ley para impedirles continuar con su trabajo”.