Se siguen dando pasos hacia la resolución pacífica del conflicto armado. La suma está dando resultado a un avance importante. Son más explícitos y decididos los pasos que se están dando desde la izquierda abertzale. Está también el importante apoyo, con distintos grados, de la mayor parte de la sociedad vasca y en ella de diversos colectivos sociales y de víctimas. Son menos y muy apocados los pasos que está dando el gobierno central y el partido que lo sostiene. La oposición al proceso proviene de la mayoría de las asociaciones de víctimas de ETA, de diversos sectores políticos (dentro del PP, recién salidos de él o UPyD) y los medios de comunicación conservadores. Precisamente son estos últimos los que están haciendo al gobierno el trabajo sucio. Anoche mismo fui testigo de una tertulia en Radio Nacional donde sus participantes, amén de no reconocer ningún valor al último gesto de ETA entregando la primera remesa de armamento, se mofaron de la Comisión Internacional de de Verificación. El ministro del Interior había declarado antes de conocerse la cuantía de la entrega que "todo lo que vaya hacia la autodisolución es positivo", si bien cuando ya tuvo conocimiento calificó el acto de "teatralización". Y no le faltó razón, porque todo lo que está ocurriendo, como en cualquier acto político, contiene una gran dosis de escenificación. Y eso incluye que el gobierno mantenga cierta distancia con respecto al proceso de paz e incluso que utilice a determinados medios de comunicación para contentar o neutralizar a quienes se oponen a dicho proceso.
La vida política está llena de gestos, que contienen una gran carga simbólica y que buscan dar respuesta a las expectativas existentes, éstas dependiendo del posicionamiento político sobre lo que está ocurriendo. En el conjunto de la izquierda abertzale se ha apostado decididamente por la resolución pacífica del conflicto político y la adopción de una estrategia que excluye la vía armada. Incluye a todos los sectores y entre ellos a la propia ETA. Eso explica los últimos pasos dados por esa organización o por quienes han mantenido o mantienen vinculación con ella: reconocimiento de haber causado dolor a sus víctimas, aceptación de la legislación penitenciaria o la entrega de la primera remesa de armamento. El gobierno, por su parte, se muestra entre cauteloso y temeroso. No puede rechazar de plano lo que está ocurriendo, como ha reconocido tantas veces el ministro del Interior, pero se ve en gran medida abrumado por las presiones de quienes se oponen al proceso de paz. El PP es consciente que electoralmente le perjudica una postura abierta en favor del proceso de paz, como se ha demostrado en la pasada Conferencia Política de Valladolid. Ha ido perdiendo por el camino una minoría de dirigentes que quieren más contundencia en la política relacionada con el País Vasco y los nacionalismos, llegando incluso a formar un partido propio, como es Vox. UPyD, además, no deja de apretar en esa dirección con su permanente criminalización de la izquierda política abertzale y la defensa de un estado centralista.
Pretender oponerse a que continúe el proceso de paz sería un acto de una gran irresponsabilidad. Resultaría incomprensible para gobernantes de otros países europeos y mundiales, que han visto cómo se ha ido resolviendo los problemas de El Salvador, Irlanda del Norte o Sudáfrica, o empiezan a verlo en Colombia. No reconocer la labor de quienes forman la Comisión Internacional de Verificación es negar que en el mundo existan personas que busquen y fomenten vías pacíficas para la resolución de los conflictos. En la "Declaración" emitida ayer no dejan dudas acerca de las perspectivas positivas que siguen abiertas: "Desde nuestra experiencia, en otros procesos, la elaboración de un inventario y la puesta fuera de uso operativo de armas, munición y explosivos es un paso necesario previo al desarme completo. Tenemos la esperanza de que esto puede conseguirse con el apoyo de todos los actores políticos y sociales".
