Leí el otro día que Michael Moore ha iniciado una campaña en EEUU contra la financiación privada de las campañas electorales. Lo que existe en su país, nos dice, es una corrupción descarada del sistema democrático. Primero, porque condiciona decisivamente la propia elección, desde el momento que tienen más ventaja quienes disponen de mayores ayudas, que en la práctica, provienen de las grandes corporaciones económicas. Y segundo, porque las personas elegidas se ven obligadas a orientar su voto a los intereses de dichas corporaciones, que en forma de lobbies y otras vías actúan permanente en la sombra. El cineasta estadounidense propone para evitar ese problema que la financiación sea pública.
En Europa existe una fórmula mixta, con variaciones según los países. En la práctica, sin embargo, ocurre algo parecido a EEUU, es decir, que las grandes corporaciones, junto con empresas de menor dimensión, también condicionan los resultados electorales. No se ha llegado al extremo de legalizar la existencia de lobbies, es cierto, pero además de las donaciones privadas como tales, existen otras vías, más o menos sibilinas, cuando no descaradas, basadas en lazos confusos entre quienes controlan los distintos niveles de la administración y quienes pululan en su entorno en busca de concesiones económicas de cualquier índole.
En España todo esto resulta escandaloso. A lo largo de los últimos años se han ido tejiendo, a distintas escalas, numerosas redes de corrupción, donde la confusión entre lo público y lo privado resulta difícil de discernir. Vemos, así, cómo se da un trasiego continuo de personas que pasan de cargos públicos a puestos de empresas privadas y viceversa sin ninguna limitación. Cómo los lazos familiares se intercalan en las actividades que se llevan a cabo, reforzándolas. El dinero que circula de lo público a lo privado y viceversa sirve para financiar a los partidos principales y, por supuesto, para apropiarse particularmente de los beneficios correspondientes. Todo eso es lo que está en la base de las tramas de corrupción que desde hace años están saliendo a la luz y que no son las únicas, sino que sólo son la punta de un iceberg.
En el nuevo gobierno han entrado personajes relevantes de las grandes corporaciones: Pedro Morenés, ministro de Defensa, está vinculado a empresas de armamento; Luis de Guindos, de Economía, dirigió la sección ibérica de Lehman Brother; Cristóbal Montoro, de Hacienda, participa de una asesoría de ingeniería fiscal para empresas; Miguel Arias Cañete, de Agricultura, está relacionado con grandes explotaciones agrarias a las que accedió por vía matrimonial. Son los ejemplos más claros. Pero no debemos menospreciar al resto. Ana Mato, de Sanidad, salió indemne de ser procesada en el caso Gurtel, en el que sí está su exmarido, pese a que el juez interpretó que no tenía obligación de saber que en el garaje de su casa había un jaguar; José Manuel Soria, de Industria, salió también indemne de otra de las tramas de corrupción, en esta ocasión en Canarias; José Ignacio Wert, de Educación, democristiano en su origen, proviene del mundo de las empresas de comunicación, demoscópicas y consultorías diversas, amén de su vinculación con FAES, la fundación de pureza neoliberal que preside José Mª Aznar...
No sé el grado de éxito que tendrá Michael Moore en su campaña por un sistema electoral limpio. Fue loable su esfuerzo para combatir a George Bush jr. Tuvo cierto éxito en evitar una nueva presidencia republicana, razón por la que apostó con fuerza por Barak Obama, aunque luego se volviera muy crítico con él. Me encantan sus películas. Con su nueva iniciativa al menos ayudará a abrir los ojos para que la gente pueda ver que lo que llaman democracia no más que un escenario de bambalinas en el que se representa una misma obra. Es importante saber quién ha escrito el guión y quién la dirige.