Para ello se han apoyado en la misma ley de Memoria Histórica, en cuyo artículo 15 se estipula la retirada de "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". Entre los calificativos que han utilizado de cada uno se encuentran, del primero, "su sanguinaria trayectoria política y personal" y, del segundo, su vinculación a la "deriva revolucionaria y radical en el PSOE".
Tal ha sido el cúmulo de falsedades, que en una entrevista hace una semana el historiador Ángel Viñas, a la vez que calificaba de ignorantes a los concejales y las concejalas de esos partidos, declaró que
"la
propuesta de Vox es completamente inadmisible históricamente hablando.
Falsifica de manera torticera el pasado y lo hace de forma radical. Todos los
temas que ha abordado han sido objeto desde hace años de cuidadosas
investigaciones historiográficas. Algunas de ellas se remontan a los años
terminales de la dictadura y pasaron la censura de la época, que ya es decir".
Y en el día de hoy se ha hecho público un informe técnico, firmado por alrededor de 250 historiadores e historiadoras, en el que al final del mismo se expresa lo siguiente:
"Más allá de la penosa articulación formal de sus argumentos, y de la falacia de la inmensa mayoría de los mismos, han recurrido para elaborarla a los viejos y desacreditados clichés pseudohistóricos de la propaganda franquista, acarreando de forma confusa los mitos guerracivilistas enunciados en 1939 por el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936".
Estamos ante un episodio más de la versión actualizada de lo que el conde Rodezno, dirigente carlista navarro y primer ministro de Justicia con Franco, llamó la "justicia al revés".
