El gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos tiene contradicciones. Lógico, pues está formado por grupos que tienen trayectorias y objetivos diferentes. Y además goza de unos apoyos parlamentarios que son cambiantes e inestables. El PSOE sigue anclado a una tradición que arranca de la Transición y que conlleva la defensa de valores e instituciones que se incardinan con el pacto constitucional. Podemos e Izquierda Unida, por su parte, no se consideran partícipes de ese pacto más allá que el respeto de los aspectos de la Constitución que entroncan con los principios democráticos y que, en bastantes caso, se han incumplido. Y la monarquía, evidentemente, no entra entre lo defendible. Por su naturaleza se trata de una institución basada en el privilegio de una familia para erigirse en la cúspide del estado y en aprovecharse de los beneficios que conlleva, principalmente, el de la inviolabilidad de quien ostenta la corona. Es, pues, una institución antidemocrática. Si a eso le añadimos el origen y la trayectoria seguida por Juan Carlos I, que ocupó el trono entre 1975 y 2014, la realidad se muestra tozuda: estamos ante personaje indefendible. Heredero del dictador, falsamente convertido en héroe del episodio del 23-F y autor de numerosas irregularidades financieras.
Desde quienes defienden la monarquía, al margen de la palabrería de los voceros del PP, Vox y de sectores del PSOE, los argumentos que están dando se basan en la formalidad de lo legal. Y para ello utilizan el término talismán de la inviolabilidad. A lo más que llegan es a delimitar lo ocurrido a través de la fecha de 2014, cuando Juan Carlos I se vio forzado a abdicar en favor de su hijo. Un hecho que fue parte de una operación política de gran calado, tendente a recuperar el prestigio que estaba perdiendo la institución. En ella jugaron un papel primordial el entonces jefe de gobierno, Mariano Rajoy, y el recién dimitido líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Sin entrar en el vacío legal existente en torno a la figura creada de rey emérito, por lo que hemos ido sabiendo en los últimos meses acerca de sus actuaciones económicas, como comisionista de negocios entre estados e infractor en varios delitos fiscales dentro y fuera del país, ya hay materia suficiente para que la justicia y el gobierno tomaran cartas sobre el asunto de una forma expeditiva.
La contradicción existente en el seno del gobierno sobre este asunto resulta evidente. Y uno de los problemas para resolverlo deriva de otro hecho primordial: el papel que la derechona está jugando. Su objetivo es acabar con el gobierno, para lo que aprovecha cualquier excusa y una de ellas es incidir en esa contradicción. La derecha españolista ha tenido siempre una querencia por la monarquía. Ha sido su institución fetiche, salvo cuando aupó al general Franco al poder y lo mantuvo el tiempo que pudo, que no fue poco. La salida monárquica tras su muerte fue finalmente aceptada por las élites de la oposición que pactaron con las élites provenientes del franquismo. La conocida como generación del 68, que se mostró en distinto grado opuesta a la dictadura, fue la que acabó gobernando y ocupando buena parte de los cargos políticos y de la administración entre 1982 y 1996. El felipismo fue su expresión, que conllevó respetar los poderes reales (institucionales, económicos, militares, judiciales...), perfeccionar la vinculación con el atlantismo, liderado por EEUU, e incorporarse de lleno en las instituciones europeas.
La crisis de 2008 puso en alerta a todos esos poderes. Y en las nuevas generaciones surgió un malestar que tuvo en el movimiento del 15-M como principal referente, a la vez que se fueron sucediendo amplias movilizaciones sociales. Tras su reflujo, en parte por haberse orientado a la opción electoral, la consecuencia principal fueron las derrotas electorales del PP en 2019 y la bajada de los apoyos al conjunto de la derecha españolista. Las indecisiones del PSOE después de abril llevaron a un intento fallido en noviembre por querer convertirse en una fuerza de gobierno sin ataduras, sobre todo por su izquierda.
Por eso el gobierno formado en enero de este año resulta importante. Sin que haya podido desarrollar todo su programa, como consecuencia de la pandemia internacional, sí ha aprovechado esa circunstancia para desplegar un paquete de medidas sociales que tienen como objetivo proteger a los sectores sociales más vulnerables. Y en ello están jugando un papel crucial los ministerios en manos de Unidas Podemos.
En el transcurso de estos meses la derechona no ha desperdiciado ocasión para acabar con el gobierno de coalición. Primero fue lo de las muertes por el Covid-19, luego lo del montaje en el seno de la Guardia Civil acerca de las manifestaciones del 8-M, ahora están con lo de la financiación de Podemos...
Y claro, la gota que ha colmado el vaso ha sido lo ocurrido tras la huida al extranjero del emérito y el secretismo sobre su lugar de destino. Y aquí el jefe de gobierno se ha mostrado, más que tímido, atado a los poderes reales del estado. Respetuoso con la tradición heredada del felipismo de hacer de la corona uno de los fundamentos del sistema.
¿Cómo puede resolverse la contradicción? En primer lugar, que desde Unidas Podemos no haya silencio sobre lo que está ocurriendo e incluso se intensifique la presión para dar una solución a la vergüenza que estamos viviendo entre el emérito fugado, la Casa Real callada y el jefe de gobierno protegiéndolo. Y también, que desde la sociedad aumente la presión, más allá de los chistes, para hacer de la calle el ámbito de resonancia del malestar existente.
(Imagen: viñeta de Luiso García,
publicada en https://laultimahora.es/y-si-la-vineta-de-luiso-garcia/)
