El Parlamento de Andalucía aprobó hace tres meses la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, lo que, como ya apuntamos en su día, ha supuesto un logro sin precedentes. Se trata de un documento jurídico avanzado, que da satisfacción en gran medida a las demandas del movimiento memorialista, superando en mucho a la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada por las Cortes durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La ley andaluza fue, además, la culminación de un trabajo iniciado a instancias de IU cuando formó parte del gobierno andaluz y que tuvo a Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, como principal impulsor institucional.Sin embargo, en estos últimos días saltó la noticia de que Susana Díaz había intentado nombrar al propio Valderas como Comisionado para la Memoria Histórica, un cargo que no aparece en el texto de la Ley, lo que llevó al coordinador de IU, Antonio Maíllo, con el apoyo de la dirección andaluza, a denunciar lo que consideraba una maniobra política tendente a perjudicar a su organización. En su intervención en el debate parlamentario Maíllo volvió a incidir en lo sucedido, dentro de una crítica general a la gestión de la Junta de Andalucía por parte del gobierno andaluz. Le recordaba a Díaz que su obligación es la de poner en marcha la Ley y, dentro de ella, su financiación y la formación de los órganos consultivos y de participación correspondientes.
Y esto mismo es lo que acaba de hacer el grupo parlamentario de IU, que ha presentado una iniciativa por la que se pide impulsar el cumplimiento de la Ley mediante, otras cosas, una dotación presupuestaria adecuada, la conformación de los órganos colegiados e incluso la celebración del Día del recuerdo, fijado para el 14 de junio. No ha faltado una petición para que se reclame al gobierno central la documentación relacionada con la muerte de José Manuel García Caparrós, fallecido el 4 de diciembre de 1977 por la acción de las fuerzas policlales durante una de las manifestaciones habidas en demanda de la autonomía para Andalucía.
Y es que el problema principal que ahora tiene Andalucía relativo a la memoria histórica no consiste en la ausencia de instrumentos, en este caso jurídicos, sino en la falta de voluntad política de quienes tienen la responsabilidad de aplicar lo que se aprueba. Por ahora, no deja de ser una forma de demagogia, pues quienes así actúan se llenan la boca con vanaglorias sobre lo que dicen que hacen, cuando la realidad no deja de ser un incumplimiento de sus obligaciones.
Y en el caso del gobierno central lo que se hace es nada. Al margen de que ni impulsan la Ley de 2007 ni la dotan presupuestariamente, el mismo jefe de gobierno ha presumido varias veces de ello. El gobierno del PP y el propio partido están llevando a cabo una política de antimemoria, porque lo que quieren es que todo siga igual, es decir, no hacer o dificultar que se haga. Que las víctimas del fascismo no sean reconocidas ni reparadas, que quienes hayan desaparecido sigan en la misma situación, que no se pueda investigar en la localización de lugares de enterramiento, que los cuerpos aparecidos no puedan ser exhumados para su reconocimiento... Fomentar el olvido, que es una de las armas que utilizó el fascismo desde el primer momento para borrar la memoria sobre sus víctimas.
Y en ésas estamos: entre quienes defienden la memoria, quienes lo hacen demagógicamente y quienes ejercitan la antimemoria.
