Hace unos días la Audiencia de Madrid absolvió a las personas imputadas en el caso Guateque, una trama creada en el ayuntamiento de Madrid consistente en dar licencias con suma rapidez tras el cobro de las comisiones correspondientes. Ocupaba por entonces la alcaldía Alberto Ruiz Gallardón. La sentencia se ha basado en que la recogida de pruebas, llevada a cabo por la unidad de policía judicial dependiente de la Guardia Civil, se hizo mediante grabaciones que no contaron con la correspondiente autorización judicial. También hemos conocido la imputación de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, miembros de Ahora Madrid, a quienes se acusa, entre otros delitos, de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación a su actuación en el Open Tenis de Madrid. La querella presentada por el PP madrileño fue asumida por la fiscalía y finalmente un juez de instrucción ha decidido llamarlos a declarar en el mes de septiembre. Sánchez Mato y Mayer habían denunciado la existencia de, cuando menos, irregularidades en la concesión del evento deportivo, llevado a cabo durante el mandato anterior del PP. En la instrucción se admite que dicha denuncia provenía del encargo de dos auditorías externas, sin que hubiera habido ni consentimiento por parte de la alcaldía ni un concurso público para su adjudicación. La reacción de la derechona, el PSOE y distintos medios ha sido la petición de dimisión, teniendo en cuenta que la imputación contradice el código ético de Ahora Madrid. Sánchez Mato y Mayer, que tienen el apoyo de su grupo municipal, así como de Podemos e IU, han aducido que los servicios jurídicos municipales declinaron investigar la situación; que el gasto de 50.000 euros por auditoría no supera lo estipulado en ese tipo de actuaciones; que se ha realizado para investigar lo que se considera que contiene irregularidades graves (entre otras cosas, se ha llegado a multiplicar por diez el gasto desde 2006); y que, en todo caso, no se ha hecho con ánimo de lucro propio o a terceras personas. Otra cosa es la actuación de la alcaldesa, Manuel Carmena, que desautorizó en su día a Sánchez Mato y Mayer, llegando incluso a retirarles las competencias municipales que les había atribuido.
Anteayer, por último, se ha conocido otra sentencia judicial, esta vez en Sevilla y relacionada con el caso Mercasevilla. En él estaban inculpadas varias personas, incluidas un concejal del PSOE y otro de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, a quienes se acusaba de haber vendido suelo público ilegalmente. La jueza Yolanda Sánchez ha decidido su absolución y, a la vez, ha sido muy clara a la hora de desautorizar a la jueza instructora, Mercedes Alaya, y a la fiscalía: no hubo amaños en la venta de suelo, Torrijos no intervino en las concesiones y no existen pruebas de que hubiera habido presiones para que se convocara un concurso con el fin de confabularse con otras personas acusadas.
Dejo que se mastique bien cada caso, porque resultan muy jugosos.
Post scriptum
Acabo de leer unas declaraciones de Manuela Carmena. Recién llegada de un viaje a América Latina, ha dicho que está sorprendida por lo que se está diciendo sobre Sánchez Mato y Mayer. Entre otras cosas, porque, tras la lectura de la providencia judicial, no existe imputación, sino una llamada para declarar ante el juez. Carmena ha sido magistrada y me imagino que entenderá algo de esos formalismos jurídicos.
Post data
Según informa eldiario.es, a fecha de 26 de junio, las tres asociaciones de la magistratura coinciden en que no existe una imputación formal de Sánchez Mato y Mayer. Lo que se ha hecho ha sido admitir a trámite la querella del PP.
