Acaba de salir la sentencia del caso Noos y a más de uno o una se le ha quedado la cara de gilipollas, con perdón. Y es que la absolución de Cristina de Borbón (infanta real, segunda hija del exrey Juan Carlos I y hermana del actual, Felipe VI) ha vuelto a sacar a colación que eso de la justicia no parece igual para todo el mundo. Y que la condición social, en este caso, de estirpe real, pesa mucho. He escuchado o leído ayer por juristas que la sentencia parece impecable, en la medida que se atiene a la ley. También he leído que el propio juez Castro, el instructor del caso en Baleares, ha manifestado su contrariedad, teniendo en cuenta que fue el principal defensor, pese a las terribles presiones que sufrió, de que Cristina de Borbón estuviese imputada. El fiscal del caso, por su parte, se ha mostrado contento por la absolución de su defendida... perdón, de quien defendía que no procedía su imputación. Pero crítico con que las penas que se han impuesto hayan sido inferiores a las que solicitaba.
El caso es que, por lo que puede leerse, todas las personas implicadas en la trama tienen que haber respirado algo, aunque haya sido en distinto grado. Me explico: las penas han sido inferiores de las solicitadas por las distintas partes; y varias personas han quedado absueltas, como ha ocurrido con las mujeres (¿florero?) de Iñaki Urdangarín y Diego Torres, y con varios altos cargos de la Generalitat valenciana, del PP, por supuesto.
Ahora se discute sobre si Urdagarín va a entrar o no en la cárcel y hasta se le está buscando acomodo en alguna. Se dice que habrá que esperar un año hasta que decida el Supremo, que no va a ocurrir porque no existe riesgo de fuga... Me imagino que Torres estará satisfecho de ver que su mujer se haya librado y él mismo haya visto reducida la pena, pero sospecho que disgustado por los dos años de más sobre Urdangarín. La condición social de nuevo, pues, aun plebeyos los dos, las cónyuges marcan la diferencia.
Cristina de Borbón es quien es. Habiendo sido la más lejana en la línea de sucesión antes de que se casaran los tres vástagos de Juan Carlos de Borbón, fue percibida como la más normal. Su matrimonio con un deportista más o menos famoso (pero apuesto físicamente), su trabajo bien remunerado en una entidad bancaria (previo enchufe de su papá) y su residencia en Barcelona (lejos de la corte) le granjearon cierta simpatía entre las cohortes del juancarlismo. Pero con la reconversión profesional del marido, acabada su carrera deportiva, las cosas cambiaron de tal manera que, entre lo que veían en la casa paterna de ella y lo que les fue llegando de quienes veían puertas abiertas para hacer negocios varios a costa del dinero público, todo se les acabó yendo de las manos. Pero el papá (de ella), siempre atento, supo hacer: dejó la defensa en manos de uno de los llamados padres de la Constitución, nada menos que catalán y nacionalista, pero ajeno al independentismo: Miquel Roca Junyent. Por lo que hemos visto, les ha dio de perla.
He leído por encima la sentencia. Y una de las cosas que me han llamado la atención ha sido la referencia al prestigio deportivo de Urdangarín como base de sus relaciones con las distintas entidades y los negocios derivados. Y, en todo caso, haberse aprovechado de la familia real, a la que pertenecía su mujer. Se elude en todo caso lo que parece muy distinto: ¿lo deportivo por encima de la condición de su mujer como miembro de la familia real? En fin, expresándolo a lo popular, "¡amo venga ya!". ¿O no?
Hasta el pseudo sindicato Manos Limpias se ha visto afectado. Presente en la causa por la imputación de Cristina de Borbón, ha vuelto a recibir un varapalo. Si hace unos meses lo sufrieron sus jefes, inmersos en prácticas mafiosas y con sus huesos en la cárcel, ahora ha visto que su intención de llevar a la cárcel a la hermana del rey no sólo no ha sido posible, sino que tiene que pagar las costas y los gastos derivados de los juicios. Qué curioso que su actuación fuera tan eficaz para echar al juez Baltasar Garzón de su puesto en la magistratura, pero no así en el caso Nóos.
Como no soy docto en la materia, puede (es un decir) que las sentencias se atengan a derecho, pese a las discrepancias que se van viendo. Pero de lo que no cabe la menor duda es que la ley es tremendamente injusta. Ya se sabe (y lo dijo hasta el más alto jerarca actual de la magistratura), eso de la justicia orientada hacia los "robagallinas".
Hace muchos años Pedro Pacheco, que era alcalde de Jerez de la Frontera, soltó aquello de que "la justicia es un cachondeo". Fue condenado por ello, pese a que sus palabras obedecían a la valoración del trato (de favor) recibido por el entonces joven cantante Bertín Osborne (otro caradura donde los haya), que consiguió eludir el derribo de un chalé construido ilegalmente. En fin, cosas de la condición social, pues la familia Osborne no era (es) cualquiera en ese municipio gaditano.
