La reducción del gasto público en sanitario está conllevando el deterioro del servicio y con ellos de la salud de la gente. También la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y el desvío de fondos hacia las empresas privadas. En Madrid se intentó una privatización descarada de la sanidad pública. Se ha retirado la tarjeta sanitaria a miles de inmigrantes e incluso a quienes llevan más de tres meses fuera del país. Se ha introducido en algunas comunidades el copago/repago en recetas y algunos servicios, la retirada. Se han cerrado hospitales y plantas hospitalarias, y también las urgencias nocturnas en numerosos centros de salud. Hay servicios de urgencia colapsados. Se están negando determinados medicamentos, considerados caros, como en el caso de pacientes con hepatitis C. Una lista de agravios que puede seguir ampliándose.
Y, sin embargo, se ha hecho un despliegue impresionante en medios y recursos para la repatriación y atención de un sanitario de una orden religiosa afectado por el virus del ébola. Por mi parte, nada que decir, pero es que con el cúmulo de agravios que he mencionado antes la cosa resulta altamente sospechosa: ¿para uno tanto y para tanta gente tan poco o nada?