Una de las medidas que el gobierno acaba de tomar, hoy mismo, la están denominando los medios de comunicación del sistema como amnistía fiscal. Aunque, como advierte El Mundo, esa medida está prohibida por ley. Algo parecido se ha hecho ya dos veces, con el PSOE gobernando, Felipe González en la presidencia y Miguel Boyer, primero, y Carlos Solchaga, después, como ministros de Economía. Según nos cuenta ese diario, hace dos años la llegó a proponer el gobierno de Zapatero y el PP, en boca de Cristóbal Montoro, puso el grito en el cielo por considerarlo “impresentable, injusto y antisocial”. Pero como ya se sabe que, como cuenta el refrán, “donde dije digo, digo diego”, ahora el PP lo aplica por tercera vez. Con Montoro como ministro de Hacienda. Y, atención, el propio diario hace un razonamiento sobre la dimensión de la medida, que resulta escandaloso lo que se deriva. Lo reproduzco: “El Consejo de Ministros ha aprobado una ‘amnistía fiscal’ para intentar la regularización de las rentas no declaradas, tanto las repatriadas desde fuera de España como las ocultas dentro del país. La amnistía fiscal está prohibida por Ley, de ahí que las rentas regularizadas tributarán un 10% mientras que los dividendos obtenidos en el extranjero lo harán un 8%. Es decir, pagarán menos que si hubieran tributado de forma normal, porque las rentas de más de 52.361 euros brutos anuales tienen un tipo marginal del 43% mientras que el impuesto sobre las plusvalías de capital está entre el 19% y el 21%”.
Blanco y en botella.
