Si no recuerdo mal, la reforma de la Constitución que han pactado el PSOE y el PP, con el apoyo de CiU, para limitar el déficit público del estado, es la segunda. La primera, de 1992, estuvo relacionada con el tratado de Maastricht y la posibilidad de que ciudadanos y ciudadanas de la entonces naciente Unión Europea pudiesen ejercer el sufragio pasivo en las elecciones locales, pudiendo así presentarse en candidaturas. Ahora lo susodichos quieren poner límite al déficit público para, dicen y obedecen a la vez, buscar el equilibrio presupuestario por el bien de la estabilidad de los mercados. Pura doctrina liberal y neoliberal. Que en España la deuda privada sea superior a la pública y superior a la media de la UE, no importa. Ésta la cobran los bancos con grandes dividendos, que tienen, además, el aval del propio estado. Que la deuda pública se derive en España en gran medida de una menor presión fiscal, por debajo de la media de la UE, y del enorme fraude de las rentas mayores, tampoco importa. Se gasta menos y punto. Pero, claro, de las partidas sociales: sanidad, educación, pensiones, subsidios sociales... Y luego dicen que no son parecidos. ¡Anda ya!