El Archivo de la Guerra Civil de Salamanca: un diálogo entre la historia y mi memoria
No quiero escribir este artículo como un experto, porque no lo soy, pero como ciudadano, humilde historiador y visitante en muchas ocasiones y durante mucho tiempo del Archivo de Salamanca voy a exponer mi opinión.
Empecé a conocer el Archivo General de la Guerra Civil Española cuando era una sección del Archivo Histórico Nacional, dependiente ya del Ministerio de Cultura. Era por el año 1980, estaba empezando mi último año de la carrera de Geografía e Historia y preparando lo que habría de ser año y medio más tarde mi tesina sobre la reforma agraria durante la IIª República. Allí pude conocer a quien llamaban don Pedro, que estaba al frente del Archivo, y a varios ordenanzas, guardias civiles retirados, que me entregaban, todo hay que decirlo, amablemente lo que les pedía. Ellos mismos me enseñaron las entrañas del Archivo y así pude conocer, entre otras cosas, numerosos carteles de la Guerra Civil o el montaje de la logia masónica. También trabajaba allí un equipo de historiadores e historiadoras, dos de ellos vinculados al Departamento de Historia Contemporánea, que catalogaba la documentación existente. Además de la entrega de los papeles y las carpetas pedidas a las pocas personas que nos acercábamos por allí a investigar, los ordenanzas dedicaban buena parte de su trabajo a la búsqueda y el papeleo sobre antiguos combatientes o familiares del bando republicano, que hacían peticiones para acreditar su participación y poder así reclamar alguna pensión.
He querido empezar este artículo de esta manera porque ilustra, creo, lo que pretendo. El Archivo, en su origen, fue un archivo policial, lugar donde se acumuló numerosa documentación de las provincias republicanas a medida que fueron cayendo en manos del ejército sublevado, que habría de ser el vencedor, y con el fin de recoger información para ser utilizada contra las personas que habían pertenecido al bando perdedor y participado en su defensa. La legislación creada a tal efecto por el nuevo régimen fue clara y precisa: la Ley de Responsabilidades Políticas y la Ley Contra la Masonería y el Comunismo. Así se entiende, por ejemplo, que los documentos existentes en muchos casos tengan la marca de lápiz rojo o azul de los nombres de personas que podían ser involucradas.
Los documentos y objetos ubicados en Salamanca son de todo tipo: carteles, banderas, listados de afiliación, cartas personales y hasta de recomendación, libros, documentos políticos, octavillas, revistas y periódicos, documentos oficiales... En su mayoría son de la época, pero los hay también de décadas anteriores, incluso del siglo XIX. En fin, una recopilación del material encontrado y requisado en las sedes de sindicatos, partidos políticos, organismos oficiales, etc. con claros fines represivos. No fue en su origen, pues, un archivo histórico, sino policial. No todo lo que se depositó allí se ha conservado, siendo destruido una buena parte, a la vez que otra parte acabó desgajándose para instalarse en otros lugares o archivos, como, por ejemplo, el Archivo Histórico Militar.
En plena Transición, cuando salió a la luz pública el valor de los materiales allí ubicados empezó el debate en torno a qué hacer con ellos. Tengo el recuerdo de mis tiempos de estudiante cuando, siendo Director General de Cultura Javier Tusell y ante las peticiones hechas desde distintas partes, se dio el paso para que lo que era el archivo oficial pasase a ser lo que finalmente fue: la Sección de la Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional. Pero no quiero extenderme en algo que se ha descrito y analizado con rigor en el “Informe de la Comisión de expertos sobre el Archivo de Salamanca” que se publicó a principios de este año.
En la misma década de los 80 visité alguna vez más el Archivo en busca de información para posibles investigaciones, pero fue en 1986 (ya me había ido de Salamanca) cuando, con motivo de la búsqueda de material para una exposición que se intentaba organizar desde la Comunidad de Madrid, encontré cambios en el personal y en su organización, en la línea de una profesionalización y mayor eficacia en la ordenación, conservación y utilización de los fondos documentales. Paralelamente distintas instituciones públicas y grupos políticos o sindicales fueron desarrollando una intensa actividad tendente a localizar, ordenar y hasta microfilmar los documentos relacionados directa e indirectamente con sus ámbitos. Así hizo la Generalitat catalana, que obtuvo como recompensa, siguiendo el “Informe” de expertos, el haber reunido 507 legajos vinculados directamente a dicha institución. Estaba claro que la devolución oficial de esos documentos, cuya reclamación se había iniciado desde distintas instancias y organizaciones catalanas al principio de la Transición, era algo que debería culminarse, teniendo en cuenta tanto el origen, basado en la requisa, como el carácter simbólico que para buena parte de la ciudadanía de Cataluña tenía.
A principios de los 90 los dirigentes del PSOE de Salamanca, con su Alcalde al frente, encabezaron la oposición a la salida de dichos documentos. Es decir, la polémica que hasta entonces se había mantenido en el terreno de los despachos, de algunos artículos en la prensa y poco más, ahora pasaba a dominio público y era la gente la que era convocada a tomar partido en un problema en el que el derecho de propiedad y de posesión y la legitimidad se confundían. A mediados de esa década regresé de nuevo a mis investigaciones en base a los documentos del Archivo. Durante las visitas que hacía aprovechando las vacaciones, oía algunas veces, aunque sin prestar mucha atención, alusiones a lo que hoy se conoce como “papeles de Salamanca”.
La postura que tomó el PSOE en ese momento, al margen de injusta, oportunista y electoralista, fue un grave error, porque lo que hizo fue dar alas a una derecha, la representada en el PP, en ascenso durante esos años, que, en un territorio tan significativo como es Castilla y León, supo finalmente abanderar como nadie ese viejo sentimiento chovinista de origen castellano, que durante los siglos XIX y XX se tornó en españolismo rancio y centralista, y durante y tras la Guerra Civil, en sanguinario.
Después de todo ese tiempo, ¿qué está ocurriendo hoy? Está claro que la polémica actual sobre los documentos reclamados desde Cataluña no es nueva. Y es que detrás de los “papeles de Salamanca” lo que se encuentra es una batalla política de gran calado, en un aspecto que para el PP resulta central: la defensa de un españolismo negador de los derechos y anhelos de los distintos pueblos que se asientan en la Península o de la misma España. Con los gobiernos del PP la temperatura subió a cotas elevadas y ahora, en que el gobierno del PSOE se ha visto obligado a ceder finalmente ante las presiones de todo tipo (personas expertas, PSC, ERC, etc.), el PP aprieta como nunca, movilizando a la población y realizando acciones que llamen la atención.
En una sociedad altamente tecnificada, donde tantas cosas, en este caso, documentos, pueden ser digitalizadas, resulta a primera vista una pantomima todo lo que se está viendo y viviendo. Desde mi relativa lejanía, siento tanto pena como vergüenza ajena. Oí en alguna ocasión, malinterpretando la famosa frase de “Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta”, que los “papeles” del Archivo no debían salir de Salamanca. Habría que decir que esos papeles no fueron obra de la naturaleza, sino de lo peor de la condición humana. No estaría de más que desde Salamanca se diera ejemplo para que se “prestara” aquello que un día salió de otras tierras por la fuerza de las armas y contra la voluntad de sus gentes. Seguro que ese día se daría sentido a la frase famosa y quienes hemos nacido en Salamanca, podríamos sentir con orgullo el sentido de la generosidad, la tolerancia y la justicia.
