A la reforma que se pretendía de dicha ley se han opuesto los grupos de la derecha, que han coincidido en la votación, por razones diferentes, con ERC y EH-Bildu. Si para los primeros los motivos resultan evidentes, los segundos se han escudado, como veremos más adelante, en algunos aspectos concretos. Por parte de Unidas Podemos, aun coincidiendo con estos últimos que había que ir más allá en la modificación de la ley, considera que cabía poder conseguir avances durante la tramitación parlamentaria, teniendo en cuenta que la propuesta en sí suponía un fuerte revés a la ley aprobada hace ocho años. Pero vayamos por partes para conocer más detalladamente lo ocurrido.
En
primer lugar, la propuesta de reforma hubiera supuesto la derogación de la
mayoría de los recortes de derechos y libertades hecha por el gobierno de Mariano
Rajoy. Así, por ejemplo, las grabaciones a policías y su difusión dejarían de ser
infracciones cuando tuvieran lugar en las vías públicas y durante manifestaciones.
También, la negativa de una persona que se negara a identificarse sólo
conllevaría un máximo de dos horas de retención, frente a las seis actuales, y
siempre que se justificara una “causa excepcional debidamente alegada y
verificable”. Las manifestaciones espontáneas no podrían ser impedidas, atendiendo
al derecho fundamental de reunión y manifestación. Las actas policiales
tendrían el carácter de presunción de
veracidad, siempre que resultaran coherentes, lógicas y razonables. Y en cuanto
a la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada, se eliminaría
el carácter de infracción leve, ya que esto supone la imposición de multas entre 100 y 600 euros.
Por
otro lado, en la reforma se hacia una diferenciación de los actos de
resistencia pasiva con respecto a los de intimidación grave y agresión. Así
mismo, desaparecerían las sanciones por ocupación de oficinas públicas o
bancarias y por protestas en infraestructuras, siempre que no supusieran un riesgo
grave para las personas. En cuanto a los registros corporales externos fuera de
las dependencias policiales se podrían hacer sólo cuando existiera “una
situación de urgencia por riesgo grave e inminente”, tanto para las fuerzas de
seguridad como para la ciudadanía.
Sobre
las sanciones, habría, de entrada, una reducción de las cuantías económicas. Como
novedad, se establecería en nuestra legislación un criterio de ponderación,
para que pagasen más quienes más ingresan. Se podrían sustituir las sanciones administrativas
por acciones de restauración y reparación, reeducativas, y de mediación y
conciliación.
Durante
la discusión en la comisión de Interior Unidas Podemos se ha esforzado por buscar
fórmulas que permitieran avanzar en la defensa de los derechos y las libertades
perdidas. Desde el ministerio del Interior, empero, se han dado muestras de cerrazón
a algunas de las enmiendas presentadas, si bien parte de las cuales fueron
asumidas, como las mencionadas en el párrafo anterior. Y el PSOE ha participado en esas resistencias.
Las
discrepancias han venido, en primer lugar, sobre la propuesta de una nueva
regulación de la desobediencia, de manera que se contemplara bajo criterios garantistas
y objetivos, y se evitara que las sanciones fuesen arbitrarias y
desproporcionadas. De esa manera, algunas sanciones pasarían de graves a leves,
y no serían sancionables las expresiones o los actos irrelevantes o de
disconformidad, como tampoco el propio ejercicio de libertad de expresión, que,
no lo olvidemos, es un derecho fundamental.
Tampoco
se aceptaron las propuestas para que se aprobara una ley para la regulación del
uso de material antidisturbios, obligando a utilizar siempre los medios menos
lesivos, y sobre la regulación del acceso a la frontera de personas extranjeras,
con el fin de evitar las conocidas como devoluciones en caliente.
Pese
a los esfuerzos hechos por Unidas Podemos para mejorar la propuesta presentada
en la comisión de Interior, en el momento de la votación ha valorado como
esencial que se garantizaran los derechos referidos a la protesta social, esto
es, los de reunión, manifestación y expresión. Y sin menospreciar su
importancia, otros aspectos podrían resolverse mediante otras leyes, como la de
policía o la de extranjería.
Todo
esto no ha sido aceptado por ERC y EH-Bildu, que, han resaltado que no se
hubiera prohibido el uso de las pelotas de goma por parte de la policía o las
devoluciones en caliente. En la práctica, han permitido que siguiera rigiendo
la ley de 2015, tal como querían los grupos de derecha y los sindicatos policiales
ultraderechistas.
