Que durante el régimen franquista hubo una trama de robo de bebés, no hay duda. Que tuvo sus orígenes desde el primer momento, también. En esos primeros años las víctimas fueron mujeres represaliadas -rojas, como se las llamaba despectivamente-, a las que les quitaban sus bebés bajo diferentes excusas, como su muerte, haber encontrado una familia de bien... Con el paso de los años, cuando la represión se fue moderando, se empezó a echar mano de otras mujeres, casi siempre humildes y en muchos casos marcadas por estigmas sociales del momento, como ser madres solteras, prostitutas... La trama prosiguió tras la muerte del dictador e incluso en los años ochenta.Mucho se ha hablado de las complicidades, que resultaron clave y fueron múltiples: de entrada, familias con posibles, en su mayoría adeptas al régimen; luego, médicos, que tenían que dar el visto bueno profesional; y monjas, como enfermeras o lo que fuera, que aportaban su sangre fría en nombre de Dios; no faltaron funcionarios sin escrúpulos de los registros y quien se necesitara. Y, por supuesto, sin que faltara el dinero, que era mucho. Porque se trataba de un negocio con pingües beneficios para quienes intermediaban. Hace unos años, en 2012, ya escribí dos entradas sobre el tema ("Prevaricar..., ¿qué es eso?"; y "La monja imputada en el robo de bebés"), donde me extendí algo más en sus pormenores.
Estos días ha saltado una noticia relacionada con uno de esos robos. María Serrano Velázquez lo cuenta con claridad en Público. Se trata concretamente de una víctima de los robos, Ascensión López, que interpuso en su día una querella contra una monja, tía adoptiva suya y presunta autora de una de las firmas documentales, como responsable de la tramitación de su adopción. El problema ha venido porque el juez no admitió como pruebas documentales las diferentes partidas de nacimiento que se elaboraron por entrar dentro de lo que se considera prescrito. Por esa razón fue condenada el año pasado a indemnizar a la monja y pagar una multa: 40.000 y 3.000 euros, respectivamente. El gobierno denegó su indulto y ahora Ascensión, una mujer humilde, en situación de desempleo y con dos hijos a cargo, ha de pagar penalmente, con el riesgo de ir a la cárcel si no deposita el dinero.
