Tengo intención de aclarar un poco la polémica surgida, pero poco aireada, en la comisión constitucional del Congreso sobre una llamada reforma de la ley electoral, que de hecho deja las cosas como estaban. IU, por supuesto, ha protestado enérgicamente por ser la gran perjudicada en la pantomima de lo que llaman representación democrática. Aquí voy a basarme en un artículo mío que hace tres años Rebelión publicó ("Los porqués de un sistema electoral injusto"), del que reproduzco partes o hago algunas adaptaciones. Los datos que se aportan se basan en los resultados de las elecciones generales del año 2004. Orígenes del sistema electoral español
El sistema electoral español está basado en el decreto-ley de 18 de marzo de 1977, que estableció un doble sistema de elección (proporcional, para el Congreso, y mayoritario, para el Senado), la provincia como circunscripción y unos correctivos en la representación para el Congreso (mínimo de 2 escaños por provincia y máximo de 350). Sus creadores (Miguel Herrero, Óscar Alzaga, Landelino Lavilla...) lo argumentaron para garantizar un gobierno estable, pero en realidad fue un ejercicio de ingeniería político-electoral (dicho a lo fino) o de manipulación de las reglas del juego en beneficio propio (dicho más claramente) que tenía como objetivo que UCD (el partido de Adolfo Suárez, formado por los más reformistas del régimen franquista y los más moderados de la oposición) consiguiera la mayoría absoluta con el 35% de los votos. Se concedió así una sobrerrepresentación a las provincias menos pobladas, las más conservadoras, y una infrarrepresentación a las más pobladas, donde la izquierda contaba con mayores apoyos. Favoreció a los partidos con mayor implantación en cada territorio, a la vez que se dificultó la representación de los menores.
Esta norma electoral estuvo en vigor hasta 1985, en que el PSOE impulsó una ley electoral que apoyaron AP (hoy PP) y CiU. Supuso en la práctica una ratificación del decreto de 1977, estando vigente en la actualidad.
Un sistema electoral perverso
El valor de cada escaño es muy diferente según la provincia a la que nos refiramos. Los casos más extremos son, por un lado, los de Soria y Teruel, donde cada escaño representa, respectivamente, a alrededor de 30.000 y 56.000 personas; y por otro, los de Barcelona y Madrid, en las que cada escaño lo hace por unas 163.000. Es decir, un valor entre tres y cinco veces más, respectivamente, de las dos provincias menos pobladas de España sobre las dos más pobladas. O dicho en otras palabras, cuando la gente vota en Madrid y Barcelona lo hace sin saber que el valor de su voto es inferior al de algunas provincias.
Si hiciéramos un reparto equitativo de estos escaños la realidad sería muy diferente ¿Cuáles son entonces las comunidades donde se producen mayores desajustes? Veámoslo. Pierden escaños: Madrid, 12; Cataluña, 8; Valencia, 3; Andalucía, 1; y Asturias, 1. Los ganan: Castilla y León, 13; Castilla-La Mancha, 5; Aragón, 3; Galicia, 2; La Rioja, 2; y Cantabria, Extremadura, País Vasco y Murcia, 1 escaño cada una.
Teniendo en cuenta que en España existen grandes contrastes de población por provincias, el ámbito de asignación de escaños podría hacerse desde otros ámbitos más acordes con la realidad. O utilizando el conjunto del estado como circunscripción única o adecuando las circunscripciones a cada comunidad autónoma.
Si la distribución de escaños se hiciera de una manera proporcional atendiendo a los votos obtenidos en el conjunto del estado, los resultados serían los siguientes: ganarían escaños IU (13), PA (3), CiU (2), ERC (1), BNG (1), B-EV (1) y PSM-EN-EU-EV-ER (1); entre ellos, además, entrarían en el Congreso PA, B-EV y PSM-EN-EU-EV-ER. Por el contrario, los perderían PP (12), PSOE (10) PNV (1).
Si consideráramos como circunscripciones las comunidades autónomas, la adjudicación de escaños se alteraría en bastantes de ellas. Así, por ejemplo, IU ganaría 4 escaños en Andalucía, 1 en Madrid y 1 en el País Vasco. El PP y el PSOE, por su parte, tendrían pérdidas y ganancias dependiendo de cada caso. Y globalmente las diferencias serían las siguientes: ganarían representación IU (6), CiU (2), PA (2), ERC (1) y otro (1); la perderían PP (7) y PSOE (5).
Algunas conclusiones
El sistema electoral favorece a los dos primeros partidos de ámbito estatal: el PSOE y el PP; y no favorece a los partidos nacionalistas, como se suele decir frecuentemente.
IU, que es la tercera fuerza política del conjunto del estado, es la gran perjudicada.
La falta de proporcionalidad se debe a que la elección se hace por provincias, con unas correcciones en favor de las menos pobladas; hablamos, por tanto, de un hecho antidemocrático.
Los votos de IU que no obtienen representación, que son muchos (750.000 en 2004), dejan de tener expresión política, sin tener en cuenta que dicho grupo podría haber conseguido más votos si la gente hubiera tenido la seguridad de que su voto servía para obtener representación.
Es necesaria una reforma del sistema electoral para hacerlo más proporcional. Una forma podría ser la elección por circunscripciones autonómicas, que, por otra parte, se ajusta más a la realidad político-territorial de España. En todo caso, asignando al ámbito territorial que se considere oportuno para asignar los escaños la proporción real que le corresponden.
