Tengo una sensación, quizás sospecha, y es que las decisiones del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial relacionadas con el juez Garzón que fueron anunciadas ayer no han sido fruto de las circunstancias. Me explico. Sabido es el debate que se está dando en torno a la justicia, teniendo al citado juez como protagonista principal. La semana pasada fue suspendido de sus funciones por parte del CGPJ, al entender este órgano profesional, que no jurídico, que existen indicios suficientes de que Garzón se ha extralimitado en sus funciones al intentar ser competente en la investigación de los crímenes del franquismo, dando la razón de es manera a la actuación del juez Varela, que considera que existe el delito de prevaricación (sobre esto último: tomar una decisión a sabiendas de que es injusta). El revuelo montado ha sido de órdago, porque no sólo en España existe en determinados sectores políticos (cuidado, no tantos y en otra ocasión lo explicaré) preocupación por ese hecho, sino también en otros países, incluidos medios jurídicos y de derechos humanos. Garzón está presente en mucha gente como el juez que intenta hacer justicia en las víctimas del franquismo, lo que es loable. Tiene una fama ganada en este campo cuando hace doce años inició el procesamiento de Pinochet y abrió el camino para su condena posterior en Chile, algo que sirvió también para varios generales argentinos.
El mismo juez también está inmerso en otro contencioso que está generando otra polémica: el caso GÚrtel, el de una (y no digo la) trama de alta corrupción donde están involucrados altos cargos del PP y, por ende, el propio PP, porque afecta tanto a su financiación como al enriquecimiento y recepción de favores por parte de cargos políticos públicos. La manera que ha tenido el PP de afrontar la defensa ha sido, como era de esperar, astuta, haciendo uso del aparato jurídico y de los apoyos en el seno de la administración de justicia de los que dispone. Una de los argumentos esgrimidos ha sido el defecto de forma, acusando al juez de haber obtenido información mediante escuchas ilegales a través de las defensas de las personas encausadas.
Salta a la vista que este argumento tiene el peligro de dejar que salgan de rositas quienes han cometido un delito. Así ocurrió a finales de los 80 con el célebre caso Naseiro, cuando la trama de financiación de las entonces AP se libró de la condena correspondiente porque, según el Tribunal Supremo, el juez actuó incorrectamente, al margen de que existiera el delito, que existió.
Todo esto son muestras de la justicia hecha a la medida de los poderosos. La justicia injusta. La que hace que quienes disponen de recursos, puedan salir sin problemas. La que hace en EEUU, por ejemplo, que pagando una buena defensa puedas evitar una condena a muerte. La que permite la existencia de una ingeniería jurídica al servicio de quienes saben que la ley sólo está para que la cumpla la gente de a pie, la vulgar.
Pues bien, volviendo al principio, sospecho que las dos noticias aparecidas ayer sobre el juez Garzón no han sido gratuitas. El CGPJ ha permitido que pueda irse a La Haya, para evitar un lío mayor del que se ha metido. Pudo hacerlo el mismo día que le suspendió en sus funciones, pero no lo hizo. La reacción ocasionada el otro día trasciende a nuestro país y el escándalo puede ser mayúsculo, porque afecta a la credibilidad de nuestra justicia.
Lo mismo se puede decir del Tribunal Supremo. Su rotundidad a la hora de decir que "los trajes" de Camps, por poco que sea, son claros indicios de cohecho, se salen de una línea tradicional, como lo ocurrido hace veinte años con el caso Naseiro. La justicia se juega su credibilidad y no creo que esté dispuesta a soportar tensiones como las que está viviendo.
Si a esto le unimos lo ocurrido con el Tribunal Constitucional, donde, al margen del contenido de la decisión que tiene que tomar sobre el Estatut catalán, salta a la vista que haya tres miembros que han cumplido su mandato hace tres años, que falte por cubrir la plaza de otro fallecido hace dos y que exista otro recusado por el PP. Eso sin entrar en la trayectoria de dos de los miembros de la llamada tendencia conservadora, iniciada, y no inocentemente, durante el franquismo.
¿Qué más se puede pedir?
